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19 mar 2014

No se trata de rankings, sino de transparencia

Sobre el punto 4 del manifiesto  La Educación Que Nos Une
No aceptamos
Una educación concebida en términos de competitividad y ranking,
y mucho menos como herramienta de exclusión escolar y social.
Proponemos
Una educación compensadora de desigualdades; una educación que
apueste por el trabajo en equipo y la construcción colectiva de conocimiento

    Como en los demás puntos del manifiesto, unos términos oportunamente elegidos casi obligan a estar de acuerdo, pero la trampa es obvia. Nadie se va a declarar de acuerdo con una educación “concebida en términos de competitividad”, pues ya el término competitivo, aplicado a las personas (otra cosa sería a las empresas, ¿no?), es peyorativo. Claro que si, en lugar, de competencia, dijéramos emulación, podríamos incluso citar a Lenin o al Ché Guevara en su apoyo,pero no voy a discutir aquí sobre cuál pueda ser la combinación adecuada entre lo individual y lo colectivo, la competencia y la cooperación. Lo mismo sucede con los rankings: en castellano tenemos la palabra palmarés, o la más neutra clasificación, pero ranking es, sin duda, más rotundo y suena a jerarquía. Si de la ceremonia de los oscars se suprimió el “The winnner is...” para sustituirlo por "The oscar goes to...”, no cabía esperar menos de la educación.

8 nov 2018

Entrevista en eldiario.es



El Ministerio de Educación ha iniciado este martes un debate para la reforma de la profesión docente. La titular del departamento, Isabel Celaá, ha inaugurado un foro en el que más de una decena de expertos han planteado algunas propuestas. En su discurso de apertura, la ministra ha abierto la puerta a la elaboración de un sistema de "evaluación riguroso" para los profesores. Uno de los participantes, el catedrático de Sociología de la Educación de la Universidad Complutense, Mariano Fernández Enguita, aboga en una entrevista con eldiario.es por una modificación completa del sistema de acceso a la impartición de clases.
¿Qué opina sobre las evaluaciones a docentes que ha planteado la ministra?


Estoy por la transparencia y creo que la oposición a la evaluación, es la oposición a la transparencia. Los centros son opacos, hubo un tiempo en el que no se podía preguntar nada a un centro. Nadie defiende que se va a evaluar a los profesores por las notas de sus alumnos. Son maneras de fomentar miedos. Si tenemos transparencia, la evaluación viene sola. Si las cosas se ven, el centro lo ve, los compañeros lo ven, las familias lo ven y la dirección también.
¿Cómo cree que se puede mejorar la profesión docente?
Lo dividiría en tres fases. Creo que hay un amplio acuerdo en lo que sería la mayor novedad, la inducción o periodo de prácticas. Es necesario que sea selectivo, no puede ser que todo estudiante vaya ahí. Debe haber una prueba. También tiene que haber una selección de los centros, no vale cualquier centro. Tienen que ser buenos centros, que sean innovadores o de calidad. Se debe seleccionar a los mentores, no se aprende con cualquier profesor.
Por supuesto, que también tendría que regularse el salario: entre el salario mínimo y las [becas predoctorales] FPI o FPU. Si hacemos eso, podremos librar a la formación universitaria del prácticum. Sustituiremos los tres o siete meses, según el máster o magisterio equivalente, del prácticum que nadie controla por dos años de un buen prácticum. 
Después de una evaluación positiva de ese periodo de inducción, ya se debería habilitar al profesor en todo el territorio nacional. Tendría que ser una habilitación única a la que las comunidades autónomas puedan añadir requisitos adicionales, no alternativos. Si quieren ir a Catalunya y País Vasco y les requieren la lengua, adelante, que se la exijan. Pero no que les planteen que tienen que estudiar otro temario de geografía. Hay que mantener la movilidad del profesorado, que las personas y los trabajadores se puedan mover libremente por España,
Dentro de su planteamiento, ¿en qué punto quedan las oposiciones?
No veo al profesorado pasando del periodo de prácticas al funcionariado, haciendo corriendo la oposición. Creo que la oposición no es un buen método y se debería mirar a la universidad. Antes, en los campus no había nada más que la inestabilidad y luego la oposición. En la práctica se ha configurado un periodo intermedio. La carrera típica de un profesor universitario son cuatro años de beca, otros tantos de ayudante y luego contratado doctor, antes de ser funcionario. Podríamos pensar en periodos contractuales como profesor de pleno derecho, con una contratación laboral. Un par de periodos de cinco años, en los que habría que revalidar la acreditación.
El sistema universitario también ha recibido críticas por favorecer la endogamia o casos [como en el Instituto de Derecho Público de la URJC] que han demostrado que los profesores jóvenes tienen que encontrar a alguien que les tutele para poder crecer profesionalmente...
Endogamia, no. Antes, había mucha. Tenías que encontrar a alguien que te tutelase y que podía tutelar al mejor candidato o a su sobrino. Hoy no hay eso, pero hay un tremendo localismo, si no estás dentro no hay manera de entrar. Es muy difícil moverse en la universidad. En términos estrictos antropológicos es una matrilocalidad, no te mueves de donde está tu madre. No te mueves de la universidad en la que entraste por primera vez. Pero eso no tiene lugar aquí porque no procede.
Aquí hay que asegurar una oferta formativa, que tendría que consistir en ofertar en parte toda la formación inicial que el profesor tuvo a su disposición y no usó. Por ejemplo, no aprendió nada sobre autismo y ahora le parece que debe hacerlo. En segundo lugar, hay que apostar por una formación determinada por los programas de las comunidades autónomas, por las necesidades de los centros. Y en tercer lugar, dar un poco de margen para la barra libre. Si alguien piensa que hay que estudiar mindfulness, que lo estudie. De ahí puede venir un poco de innovación, sin pasarnos. Esa formación tendría que ser parte de la carrera docente.
También apuesta por modificar los criterios de movilidad que tienen los profesores...
Creo que hay que cambiarlos. La antigüedad podrá dar dinero pero la asignación a un centro deben hacerla los centros, grupos de centros o autoridades locales. Hay muchos métodos para eso. Tienen que ser seleccionados por concurso de méritos y no por antigüedad. Por ejemplo, si se necesita a alguien que trabaje sobre minoría gitana o sepa trabajar con alumnos con dificultades del lenguaje. El centro dice qué necesita y se realiza un concurso público regulado. En Japón los centros plantean sus necesidades y una instancia local saca un concurso al que la gente se presenta con sus méritos y se decide. Entre esos méritos se podría incluir haber tenido iniciativa, haber emprendido innovaciones o haberse formado en cosas relevantes.
¿Considera que el sistema actual valora estos méritos?
El sistema actual es absolutamente burocrático. Al contrario, el sistema actual desmoraliza a los profesores que se lo toman en serio. Da igual tomárselo en serio, que no. Da igual hacer un curso bien, que firmar. Da igual hacer algo que tiene que ver con las necesidades que tú vives, que hacer lo te viene bien porque es el miércoles a las cinco. Da igual, se ha burocratizado de tal manera que sirve de poco. Hay gente que sobrevive en eso porque tienen conciencia profesional, ven lo que hay que hacer y buscan la manera de hacerlo, pero el sistema no ayuda.
¿Cómo se consiguen que las ideas que está planteando usted y sus compañeros se implementen?
Creo que hay una cierta oportunidad en la inestabilidad política, paradójicamente. Nadie puede dictar sus condiciones. Si hay un acuerdo para poner en pie eso que llamamos inducción, sí que creo que hay una oportunidad.
El fracaso del pacto educativo ha demostrado las dificultades que tienen los grupos políticos para llegar a un acuerdo...
Creo que hay que abandonar la idea de un pacto educativo, creo que lo que hay que hacer son muchos pactos educativos. Creo que no es posible un acuerdo educativo porque cada cual tiene su veto. Es un sistema de pactos cruzados que hace imposible la decisión. Pactemos sobre las lenguas, sobre la carrera docentes, financiación, ordenación básica del sistema, sobre la autonomía de los centros, la distribución de capacidades y decisión de los centros.
¿Qué responsabilidad tiene la situación actual de la profesión docente con las altas tasas de fracaso escolar de nuestro país?
Muchísima. En toda institución la profesión es decisiva, da igual que sean los tribunales, los hospitales o los Ejércitos. En una fábrica, no. En una fábrica el decisivo es el ingeniero o el patrón, el resto más o menos obedecen. No quiero simplificar. Todos tienen su importancia, pero las órdenes vienen de arriba y están muy reglamentadas.
En las instituciones la profesión manda. Otra cosa es que el profesional individual esté limitado. Está limitado por la reunión colectiva de los profesionales, llámese claustro; está limitado por los editores de los libros de texto, pero los que los hacen también son profesores; está limitado por los ministros y consejeros, que son profesores; o por la herencia del pasado, que la han formado los profesores y los estudiantes de universidad que dicen que no cambie nada, que se han preparado para esto. Todo eso es la profesión. La profesión es esencial, es la que puede arreglar las cosas y puede estropearlas.
¿Qué papel juega en esa afirmación los recortes o los aumentos de ratio?
La ratio es un problema maldito, no tiene solución. Cuanto más pequeño es un grupo y más intenta un profesor diversificar la enseñanza, no puede tener tiempo. Cuanto más intenta diversificar, más mareado está con la ratio. Me parece que hay otras formas. Hay algo que llamo la hiperaula, para lo que hay que olvidarse de un profesor, un grupo de alumnos y un aula, y pensar más en grandes grupos, con varios profesores, que cambian constantemente de configuración.
Esto que llamamos el aula, que en inglés lo llaman classroom, que es más exacto porque quiere decir la habitación de la clase y no la habitación en la que damos clase, responde a otro tipo de sociedad. Hoy no sirve y hay que cambiarlo. Eso lo inventaron los curas entre los siglos XVII y XIX, es un plagio del monasterio y de la fábrica de la Primera Revolución Industrial.
Una de las críticas que se ha planteado es la escasa retroalimentación que hay entre profesores en nuestro país. ¿Por qué los docentes españoles no meten en sus clases a observadores o a otros compañeros para recabar opiniones?
Se debe a la desconfianza. En un país que no ha sido democrático durante cerca de medio siglo se genera una desconfianza hacia el poder y las instituciones. Por lo tanto, el maestro y el profesor piensan que si les ven, algo malo les va a pasar. Creo que hay una conciencia de que uno nunca está a la altura de la tarea. Cuando pregunto a los profesores el balance siempre es el mismo, al principio sienten pánico y luego un alivio enorme. Al final, el gran problema de un profesor no es que le vean y le evalúen.
El problema es que un niño se ha cortado y qué haces con los otros treinta, o que te atascas y no sabes responder a una cuestión. La docencia no es una técnica precisa, estar con otras personas es mil veces mejor.

7 feb 2012

Evaluación de centros: ni un palmarés ni un tupido velo

Para desdicha de los amantes de las respuestas simples, los problemas suelen ser complejos y las soluciones también. Un ejemplo de ello es el debate sobre la evaluación de los centros educativos. No hace mucho que en el sector se daba simplemente por sentado que no había nada que evaluar, pues los profesores sabían hacer bien su trabajo, poco podría aportárseles desde fuera. Unos, como los padres, los alumnos o las comunidades en las que están implantados los centros, por ser legos; otros, como las autoridades, la inspección o los investigadores y expertos, por estar alejados de la realidad del aula o por ser sospechosos de intereses ocultos. Pero las familias se preguntan, quieren saber, qué pasa en los centros a los que acuden sus hijos, y la sociedad se pregunta qué se hace con ese cinco por ciento del PIB que va a parar a la educación y que, según dicen, a sus agentes les parece siempre poco. Incluso los profesores se quejan de que reciben poca información de retorno sobre su trabajo, particularmente en España, como nos hizo saber e informe TALIS (y como no era difícil adivinar tras la inquietud, a veces la ansiedad, de tantos docentes sobre la idoneidad y los efectos de lo hecho cada dia en su trabajo). Los informes PISA han cambiado en buena medida el panorama, aquí como en otros países, de manera que sólo algunos recalcitrantes se oponen ya a cualquier evaluación. En España se acepta la legitimidad de PISA, funciona ya regularmente la Evaluación General de Diagnóstico y se van añadiendo otros instrumentos. Pero no por ello deja de haber un debate enconado. Unos creen que la evaluación de los centros, la publicación de los resultados y consecuentes clasificaciones y la elección de centro por las familias despejará rápidamente el panorama de la educación, favoreciendo la a los centros de calidad y obligando a reaccionar a los de no tanta, constituyéndose en la panacea que salvará al sistema educativo a través del mercado; otros, en el bando opuesto, exhiben el catálogo de los peligros que, según ellos, lo destruirán por la misma via, tales como la trivialización de la enseñanza en torno a los tests, las trampas al mecanismo por los profesores, la elección de los alumnos por los centros, la incapacidad de las familias humildes para elegir bien o la polarización del sistema. Para empezar, es harto difícil aceptar las objeciones de quienes se oponen a la evaluación. Me cuesta creer que en las mismas fechas en que se reclama la recuperación sin exclusiones de la memoria historica, en que Google pone a nuestro alcance cualquier información, en que reclamamos leyes de transparencia para todas las actividades de las administraciones públicas, en que se pide a políticos y periodistas y directivos y cualquier persona con proyección pública que revele sus ingresos o sus intereses económicos, en que Wikileaks desvela secretos diplomáticos y militares… haya quien todavía cree que los centros educativos pueden continuar en la atmósfera de secreto que los rodea. Y me asombra, además, porque sé que entre quienes más tozudamente se oponen a la evaluación de los centros y a que sea conocida por el público están muchos que reclaman transparencia a todas las instituciones… menos la suya. Pero el argumento de los efectos perversos no puede ser ignorado sin más. Son ciertos los riesgos de criterios inadecuados de evaluación, de teaching to the test (reducción de la enseñanza a lo que será evaluado), de que la elección añada a las diferencias sociales entre los alumnos una dinámica espiral de diferenciación de los centros, etc. Aunque ninguno de estos riesgos deja de tener su reverso: ¿quién pondría la mano en el fuego por los criterios con que cada profesor evalúa a sus alumnos?; ¿quién no no ha visto a sus hijos learning to the test: “Mamá, no me compliques la vida con esa bonita explicación, porque no es lo que me pide el maestro”?; ¿quién no sabe que estamos ante esa dinámica en espiral ya antes de la evaluación? ¿Cómo afrontar estos riesgos? No soy ningún experto en evaluación y, por tanto, no pretendo ofrecer una solución, pero sí me atrevo a hacer algunas sugerencias. La primera es que, antes que de evaluación, tenemos un problema de información, o, si se prefiere, de transparencia. No veo razón ninguna por la que, con unos clicks ante la pantalla o en un folleto impreso, todo ciudadano no pueda acceder a toda la información básica sobre cualquier centro que le interese: alumnado, profesorado, horarios, servicios, actividades, composición de la dirección y del consejo escolar, proyecto educativo, reglamento, programación, etc.: toda la información en la seb de cada centro y los parámetros y datos básicos en bases de datos que permitan comparar cuanto se quiera. La segunda es que los resultados académicos o de pruebas de nivel no son los únicos indicadores de la calidad de un centro. Antes incluso pueden interesar otros tales como la ratio profesor/alumno, la frecuencia de las tutorías con alumnos y padres, la tasa de absentismo docente, la formación y antigüedad del profesorado, la participación del personal en actividades de formación, el tiempo dedicado a actividades extracurriculares, extramurales y extraescolares, etc. En suma, un conjunto de indicadores de recursos y de procesos, sean éstos u otros. La tercera es que lo importante no son los resultados de los alumnos, que dependen de más factores que el centro, sino los resultados del centro para los alumnos o, dicho de la manera convencional, el valor añadido. Técnicamente estamos en condiciones de medirlo, y ese ranking sí que sería verdaderamente interesante: cuáles centros aportan más, y cuáles menos, a sus alumnos en igualdad de condiciones. De hecho creo que la única circunstancia en que podría aceptarse que no se diesen públicamente a conocer los resultados finales o absolutos centro a centro sería precisamente que se dieran los resultados relativos, es decir, los indicadores del valor añadido. A partir de los resultados, las administraciones podrían y deberían poner en práctica un conjunto de medidas para apoyar a los centros con un mal desempeño y, como último recurso, depurar responsabilidades, así como para dar a conocer las prácticas de los de mejor desempeño y otorgarles reconocimiento. Por otra parte, deberían vigilar estrictamente posibles prácticas fraudulentas y trabajar a favor de la homogenización del sistema en aspectos como el equipamiento, la mejora de proyectos, la movilidad de los profesores o el reclutamiento de los alumnos. No hay que olvidar que las ventajas del centro próximo al domicilio no se disipan por pequeñas diferencias de logro. En todo caso, ¿quién no querría en España una base de datos como ésta de la que se benefician las familias británicas cuando quieren decidir dónde escolarizar a sus hijos o saber cómo va el centro en que ya están escolarizados?

24 sept 2019

Necesitamos un cambio educativo rápido y profundo


En uno de sus últimos libros ‘La educación en la encrucijada’ (Fundación Santillana) el sociólogo y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Mariano Fernández Enguita, realiza un análisis de la situación actual de la educación teniendo en cuenta los cambios tecnológicos y sociales. En esta entrevista explica, entre otras cuestiones, qué necesita la escuela actual o el profesorado, y habla sobre la implantación de otros espacios de aprendizaje como las hiperaulas. 

P: En su opinión, ¿cuáles son los retos de la educación del futuro?

R: El escritor estadounidense Douglas Russkoff dice que el futuro ya está aquí, sólo que desigualmente distribuido. Esto se aplica a la educación, elevado al cubo, porque la educación trabaja siempre para el futuro. Vivimos en un mundo que ya es global, digital y mutante, y cada vez lo va a ser más, pero la escuela se diseñó para un entorno nacional, impreso y previsible. La globalización requiere la conciencia de una comunidad global, humana, ya no nacional, así como comprender y entender al diferente (multiculturalidad); el nuevo ecosistema informacional demanda fluidez digital; el cambio acelerado exige aprender a aprender y afrontar y gestionar la incertidumbre. 

P: ¿Qué debe cambiarse en el sistema educativo para afrontar esos retos?

R: La imprenta creó un nuevo ecosistema comunicacional que se expandió a todo: religión, trabajo fabril, cálculo mercantil, papel moneda, formación de la opinión pública, codificación legal, procedimiento administrativo, correspondencia privada… Lo idearon jesuitas, escolapios, lasalianos, moravos y otros, y lo asumió íntegro la escuela estatal. Comenio, un hermano moravo, vio que esto exigía un nuevo ecosistema escolar y lo diseñó y formuló mejor que nadie: el aula, con una clase de estudiantes, un libro de texto, un programa y un maestro al frente. Hoy necesitamos un cambio de ecosistema mucho más rápido y profundo, porque la digitalización ha hecho en tres decenios más que la imprenta en tres siglos (el tiempo que tardaron escuela y aula en llegar a una mayoría).

P:  Y ¿qué deben cambiar los centros?

R: A los centros corresponde, ante todo, dejar de ser aulas apiladas con servicios auxiliares compartidos. Hay que romper con el modelo de un docente, un grupo-clase, un aula y una materia, como en Secundaria. Hoy día un estudiante de Primaria apenas pasa la mitad del tiempo con el maestro-tutor, sin contar con que pueda cambiar cada curso ni con ausencias y traslados. Dar unidad de propósito al plantel de educadores que interviene en la educación requiere proyectos de centro reales y coherentes, direcciones con competencias pedagógicas, equipos internos más especializados y colaboración vertical y horizontal en redes de centros. La educación no se juega hoy ni en el nivel micro del aula ni en el macro de las políticas, sino en el nivel meso de centros, proyectos, redes, direcciones y equipos.

P: Los docentes, por su parte…

R: Los docentes han de ir un paso por delante de sus estudiantes, es tan sencillo como eso. Es lo que celebramos en aquellos profesionales cultos, cívicos y avanzados con los que alimentamos la hagiografía de la profesión: maestros de la II República, profesores-intelectuales, etc. En un mundo global han de ser globalistas, humanistas, abiertos… En un mundo digital tienen que ser digitalmente competentes, computacionalmente informados, nada de refugiarse en la coartada de que son ‘inmigrantes digitales’ o, sus alumnos, nativos… En un mundo en cambio necesitan ser abiertos, adaptativos y creativos. Y deben encarnar en su propio trabajo lo que quieren o dicen querer para el alumnado en sus enseñanzas: responsables, colaborativos…

P: ¿Qué pueden aportar las nuevas tecnologías a estos cambios?

R: El entorno tecnológico digital, que en un sentido básico no tiene ya nada de nuevo pero que cada día ofrece nuevas posibilidades, provoca un giro copernicano en la educación: el eje pasa de la enseñanza al aprendizaje, del profesor al alumno, porque la información y el conocimiento ya no necesitan ni pueden venir simplemente del profesor. Es curioso que la inteligencia artificial haya desplazado, en tan pocos años, su eje de la enseñanza al aprendizaje (la AI se basa hoy en el aprendizaje-máquina, o profundo, ¿quién se acuerda ya de los ‘sistemas expertos’, cuando se transmitía a la máquina el conocimiento humano?), mientras que la escuela, que se ocupa de unos aprendices mucho más complejos y creativos, sigue empeñada en una enseñanza transmisiva. 

“Creo que hay que romper, ya, con el aula convencional, a la vez que conservar y potenciar el papel de la escuela como entorno (innovador) de aprendizaje”

La tecnología permite hoy el acceso a un conocimiento experto plural, no limitado al docente; es en sí misma interactiva, a diferencia del inerte libro de texto (en esto tenía razón Sócrates, el libro es un cadáver); y posibilita la cooperación sin restricciones de tiempo y lugar, sincronía o proximidad, recuperando así el valor de los iguales y el aprendizaje cooperativo.

P: Aboga por las hiperaulas…

R: La ‘hiperaula’ es un concepto con varias facetas. Se trata de un entorno para el aprendizaje, centrado en éste y no en la enseñanza. Es un espacio amplio, flexible y reconfigurable, o sea, un hiperespacio que permite jugar con las tres dimensiones más el tiempo. Gracias a la tecnología es un entorno hipermedia, caracterizado por la convergencia y la transición inmediata y sin fricciones de un medio a otro (texto o audiovisual, analógico y digital, dentro y fuera del espacio de la hiperaula misma o de la institución…). Y alberga una capacidad creciente de representar y simular la realidad sobre la que se aprende: piénsese, por ejemplo, en la diferencia entre el clásico mapa en la pared y Google Earth en la pantalla, o en lo que ya ofrecen la realidad expandida, virtual, etc.: es la hiperrealidad, que no ha hecho más que empezar. En ese ecosistema ya no necesitamos al maestro-transmisor clónico de Comenio, sino a un diseñador de situaciones, experiencias y trayectorias de aprendizaje, y capaz de un trabajo colaborativo, en codocencia.

P: ¿De qué forma se deberían implantar?

R: En la Facultad de Educación de la Universidad Complutense hemos construido la hiperaula.ucm, que es amplia, reconfigurable, con todo móvil, un buen equipamiento tecnológico y mucha visibilidad, que permite la agregación y desagregación de los estudiantes (entre uno y seis grupos grandes o pequeños, equipos cooperativos, trabajo individual, o cualquier combinación) y la codocencia (dos o más docentes colaborando sobre el terreno).

“Los docentes en un mundo en cambio necesitan ser abiertos, adaptativos y creativos”

En Primaria y Secundaria hay numerosas experiencias, aunque todavía muy minoritarias, que suelen pasar por tirar paredes divisorias, poner ruedas a los muebles, diversificar los espacios y la codocencia, normalmente agrupando dos líneas bajo dos o tres docentes, así como en proyectos ocasionales (ABP, STEM, STEAM, etc.) que conviven con la organización tradicional. También hay casos de acumulación de los dos cursos de un ciclo, o grandes espacios abiertos al estilo de los sesenta, pero es más raro. Lo esencial es que sea un proyecto de centro, como mínimo de etapa; no puede ser la iniciativa aislada de un docente.

P: ¿Es necesaria una evaluación del profesorado? ¿Cómo debería evaluarse y quién debería hacerlo?

R: No y sí. Lo esencial, creo, son la transparencia, el retorno y el desarrollo profesional. Transparencia quiere decir que la docencia sea visible (como debe serlo todo en la escuela, salvo que afecte a la intimidad, la privacidad o la seguridad), de manera que los profesionales aprendan entre sí, que no haya áreas fuera de control y que el público y la sociedad vean, sepan y entiendan. Una función de la transparencia es el retorno (feedback o retroalimentación), esencial en la función docente y en cualquier actividad profesional; el retorno puede y debe apoyarse también en la codocencia, en la participación y en la evaluación.

“La hiperaula se trata de un entorno para el aprendizaje, centrado en éste y no en la enseñanza”

Evaluar el desempeño profesional es muy complejo y hay que evitar reducirlo a los resultados, o a protocolos burocráticos, pero tampoco hay que temerlo. Contra una información inadecuada, el mejor remedio es más y mejor información, no la opacidad. Quienes se oponen a la evaluación con el tópico de que es difícil, que traerá rankings, etc., a lo que se oponen es a la transparencia. Por último, el desarrollo profesional necesita y surge del retorno, parte del cual es la evaluación formativa, y la sociedad debe tener la seguridad, y no sólo la promesa (‘confía, pero verifica’), de que el profesorado sigue ese desarrollo, que no se queda atrás en una sociedad y una escuela que no pueden permitírselo.

P: ¿A qué se refiere cuando habla de ‘más escuela y menos aula’?

R: Nuestros ancestros crecieron en familias grandes y comunidades pequeñas. Nuestros hijos lo hacen en familias pequeñas, con los padres empleados, sin hermanos y sin otra gente en casa, pero en comunidades grandes, anónimas e impersonales, cuando no peligrosas. Hemos socializado el cuidado de los menores en la escuela, y no veo alternativa a eso, ni creo que haga falta. El aula, en cambio, encarna una forma de organización de la enseñanza que se ha convertido en unos grilletes para el aprendizaje. Creo que hay que romper, ya, con el aula convencional, a la vez que conservar y potenciar el papel de la escuela como entorno (innovador) de aprendizaje, pero también como escenario de cuidado, en el sentido más fuerte y más rico del término, para los menores y como dinamizador cultural y comunitario.

P: Se habla mucho de las altas tasas de fracaso y abandono escolar en España pero ¿qué se podría hacer para reducirlas?

R: Lo más elemental sería suspender menos: la comparación de los datos de PISA y la EGD (Evaluación General de Diagnóstico) con los resultados académicos nos ha hecho saber que la inclinación del profesorado a suspender es igual o parecida para cualquier nivel de competencia. Lo más importante, no obstante, sería aburrir menos: detrás del desinterés y el desenganche que llevan al fracaso, o de la deserción de quienes no fracasan pero abandonan (o fracasan para poder abandonar) hay, ante todo, una distancia creciente entre lo que ofrece la enseñanza y lo que permite el aprendizaje, entre el horizonte de la escuela y el de la sociedad: es la economía de la atención, la escasez relativa de ésta y una competencia feroz por ella en la que la escuela tiene todas las de perder frente a los medios, la red y la sociedad. Por último, habría que tener a disposición de todo estudiante que termine la enseñanza obligatoria alguna vía de continuación hasta la compleción de un ciclo postobligatorio, sin dejar a nadie fuera (el efecto, ahora, del fracaso, es decir, de la no graduación), aunque supusiera una doble titulación.

P: ¿Cuáles son los tres cambios que un docente debería hacer en el aula de cara al nuevo curso?

R: Ojalá hubiera algo así, los tres mandamientos de la innovación. Cada contexto requiere un proyecto acorde a sus necesidades y posibilidades, incluidas las del docente. Yo sugeriría más bien que se haga tres preguntas. Primera: si no fuera por la ley, por complacer a sus padres y puede que incluso a mí, y porque aquí están sus compañeros, ¿cuántos de estos alumnos habrían venido? Segunda: si hubiese tenido que organizar desde cero el espacio, el tiempo y el programa de actividades ¿es esto que tengo delante y por delante lo que habría hecho? Tercera: ¿hasta dónde puedo llegar solo y hasta dónde podríamos hacerlo como centro? Si la respuesta a las dos primeras fuera afirmativa, se puede ahorrar la tercera.

27 sept 2016

7 ideas para un compromiso por la educación. 6. Autonomía transparente y responsable

En la organización predominante de la escuela, y más en España, hay dos niveles y modos tradicionales y habituales de decisión; el estado y el profesor, la política educativa y la práctica cotidiana. La primera ha tenido secularmente su expresión en la idea de que había una manera, la única o la mejor (the one best system, como rezaba el lema taylorista) de hacer las cosas, recogida desde el adjetivo normal que distinguía a las escuelas de magisterio, pasando por una tradición de minucioso reglamentismo, hasta tantos movimientos pedagógicos, oficiales o extraoficiales, habitualmente autoinvestidos como soluciones definitivas para todo. La segunda se refleja en el viejo dicho de que cada maestrillo tiene su librillo, en la amplia autonomía y la abrumadora soledad del profesor en el aula, e incluso en la extendida idea de que, digan lo que digan las leyes, se podrá seguir haciendo lo mismo de siempre en ella una vez cerrada la puerta tras de sí.
Sin embargo, la aceleración de los cambios sociales más amplios y las transformaciones organizativas de las instituciones escolares han desplazado el centro de gravedad de la educación. Por un lado, la diversificación social y cultural provocada por la globalización, las migraciones y el ritmo desigual del cambio hacen que las comunidades a las que los centros han de servir se diferencien fuertemente entre sí, y se transformen a menudo rápidamente, por lo que pierden sentido las fórmulas y soluciones generales, que se quieren válidas por doquier. El efecto principal de esto es un desplazamiento del centro de gravedad hacia abajo, de la política uniforme para todo el sistema al proyecto específico de centro, que tiene su justificación en la diversidad de las comunidades y los públicos y en la de los propios centros, tanto en lo que concierne a sus necesidades como en lo que hace a sus recursos y capacidades (no ya en cantidad, sino en calidad, o en sus cualidades), es decir, a sus posibilidades específicas de afrontar aquellas. No es simplemente que sean distintos, es que su especificidad resulta, además, mejor captada sobre el terreno, digamos lo desde lo que se llama conocimiento local (no confundir con municipal, autonómico, etc.), en la práctica reflexiva, que desde instancias alejadas que tienden a abstraer las diferencias.
Por otro, el desarrollo de la especialización y la división del trabajo docente, el despliegue de nuevas funciones de apoyo y la multiplicación de los servicios ofrecidos por los centros provocan que el profesor individual, incluso en el caso más envolvente del maestro-tutor de grupo, se haga cargo tan solo una parte de la jornada del alumno. La pluralidad de maestros especialistas, profesores de disciplinas concretas, apoyos especializados, cuidadores, monitores, acompañantes, colaboradores…, sea en primaria o, con mayor motivo, en secundaria, requiere una coordinación inmediata y, más que eso, proactiva, es decir, un proyecto educativo unificador. Esto produce un desplazamiento del centro de gravedad, esta vez, hacia arriba, del docente individual al centro escolar, del individuo a la organización, necesario para coordinar los distintos tiempos y actividades, encajar los diferentes saberes profesionales y, ante todo, aportar unidad de propósito, o incluso mero sentido común, a la multiplicidad de acciones y de actores que intervienen en la educación de un alumno o un grupo.
Esta nueva centralidad del centro, valga la redundancia, exige una ampliación de su autonomía en diversos terrenos, en particular la gestión económica, la administración y dirección de personal y la orientación pedagógica. Lo cual, a su vez requiere dos proyecciones: en el tiempo, la autonomía, para no ser una simple sucesión de acciones aisladas y sin un hilo conductor visible, tiene que plasmarse en un proyecto educativo a medio plazo; en el espacio (no ya físico, sino social), para no ser mero aislamiento sino adaptación activa al medio y para no generar distancia sino confianza, ha de ejercerse con plena transparencia y con un alto nivel de participación profesional y comunitaria.
La puesta en marcha de proyectos educativos de centro requiere, lógicamente, reforzar las instancias y mecanismos que actúan específicamente en ese ámbito. La necesidad más obvia es reforzar las direcciones, haciendo más atractiva la función, ampliando las posibilidades de selección, mejorando su formación y su profesionalidad, expandiendo  sus competencias. En España la tendencia ha sido durante decenios (excepto en el último), desde los inicios de la democracia, precisamente la contraria, el debilitamiento sistemático de la dirección de los centros a favor del poder de los claustros (poder sobre todo de bloqueo, de no dejar hacer), bajo el lema eufemístico de la dirección democrática oparticipativa (léase para el profesorado, pero no para familias, los alumnos o la comunidad). El último informe de Eurydice sobre competencias de gestión en los centros (Key Data on Teachers and School Leaders in Europe, 2013), que analiza la distribución de las competencias sobre contenidos y métodos y sobre personal y recursos humanos, subraya cómo estas se reparten entre los profesores y las administraciones, dejando ayunas a las direcciones, un rasgo que señala como excepcional de nuestro país junto con Francia, Italia y Grecia (los paraísos del funcionariado). Toda la investigación comparada indica, sin embargo, que la capacidad de innovación de los centros está fuertemente ligada al nivel de competencias de las direcciones de los centros en el ámbito de gestión de recursos humanos y, sobre todo, pedagógico, más que a la abundancia de recursos o incluso a la formación del profesorado, supuesto un nivel suficiente en ambos casos.
Pero el despliegue de la autonomía y el desarrollo de los proyectos requieren también la participación profesional y comunitaria, no por mero mimetismo democrático sino por tratarse, la escolarización, de un servicio al público que necesita su colaboración activa (que no se agota en una prestación) y que se ofrece a través de una profesión (una ocupación que entraña autonomía y exige compromiso). La participación profesional ha de poder desplegarse como iniciativa en el aula, lo que supone un clima de apoyo y amparo a la innovación; como trabajo en equipo, particularmente a través de la colaboración entre pares en los niveles intermedios entre el profesor individual y la dirección de centro (dentro de y a través de los límites de los centros); y como voz y, cuando corresponda, voto en la determinación de la orientación general del centro (la elaboración del proyecto y su evaluación, ante todo). La participación comunitaria debe traducirse en una participación de las familias y, en ciertas esferas, del alumnado que no sea simplemente pasiva, subordinada o testimonial, como lo ha sido casi siempre, sino que los reconozca de manera efectiva como parte necesaria y no prescindible del proceso de decisión, ofreciéndoles el reconocimiento, la formación y el apoyo que sean necesarios; y debe ampliarse, por otros mecanismos, a la comunidad más amplia de vecinos, asociaciones, instituciones y empresas del entorno vía redes, iniciativas, programas y proyectos de colaboración que permitan movilizar recursos culturales, sociales y económicos ajenos al centro y dar una dimensión cívica a las actividades del mismo.
Y la contrapartida fundamental: transparencia. Todos los centros de enseñanzas regladas, sin excepción, son instituciones públicas que desempeñan una función pública, amparada por un mandato público, en su inmensa mayoría sostenidas con fondos públicos y, dos tercios de ellos, de titularidad pública. En los últimos años se ha debatido mucho sobre el papel de las evaluaciones externas y es seguro que este debate continuará, porque la sociedad y las administraciones demandarán saber, los centros (como todas las burocracias) y el profesorado (como todo grupo profesional) se resistirán más o menos al escrutinio y los mecanismos de evaluación serán mejores o peores y tendrán efectos imprevistos, no siempre deseables, además de los previstos, por lo que habrá que experimentar con prudencia, aprender rápido y rectificar cuando y cuanto haga falta. Pero no hay ni puede haber justificación alguna para que no sea accesible toda información sobre los centros que no entre en conflicto con el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, la confidencialidad de la información académica sobre el alumnado o los imperativos de seguridad y de protección de datos.
La transparencia puede alcanzar, de oficio y con fácil accesibilidad (user-friendly), y no a condición de tortuosos procedimientos, a aspectos como el equipamiento y los recursos del centro, incluidos indicadores de espacio en aula, instalaciones deportivas y zonas comunes; la oferta completa de enseñanzas y de actividades extraescolares; el proyecto educativo, la programación docente y los proyectos especiales; la oferta completa de servicios de apoyo y complementarios, educativos o sociales; la composición de la plantilla, incluidas su formación, categoría, antigüedad y experiencia; la distribución de funciones y tareas docentes, de apoyo y organizativas; la composición de los órganos de gobierno y participación, incluidas sus comisiones de trabajo; la identidad y características de la entidad titular, en su caso; la composición agregada del alumnado, incluidos género, edad y necesidades especiales; los resultados académicos generales y su evolución, en particular las tasas de absentismo, retención, repetición y promoción; las líneas generales presupuestarias, incluidos los principales capítulos de ingresos y gastos; los libros, recursos digitales y otros materiales escolares utilizados; las vías de atención a las familias y al público más amplio; los centros y zonas de reclutamiento y centros de destino, en su caso; las evaluaciones y encuestas de satisfacción de familias o alumnos, si las hubiere; los informes de la Inspección y otras agencias evaluadoras,  si estas determinan que son publicables; las memorias anuales, resumidas y anonimizadas si es preciso.

9 may 2014

PISA y sus descontentos: matar al mensajero

Un nada sorprendente manifiesto firmado por medio centenar de académicos sugiere que las pruebas PISA están echando a perder los sistemas educativos al provocar que todo se centre en los tests, que sólo se piense a corto plazo, que se olvide lo que es difícil de medir, que se ponga todo el énfasis en la preparación para el empleo, a la vez que sirven al negocio de algunas empresas privadas y dañan directamente a niños y aulas. En el pasaje más melodramático se denuncia que "el nuevo régimen PISA [sic], con su ciclo continuo de evaluación global, hace daño a nuestros niños y empobrece nuestras aulas, dado que implica inevitablemente más y más largas series de tests de respuesta múltiple, más lecciones diseñadas por los vendedores y menos autonomía de los profesores. Así, PISA ha aumentado todavía más el ya elevado estrés en las escuelas, lo que pone en peligro el bienestar de estudiantes y profesores." Luego se despacha acusando a la OCDE de colonialismo educativo, sugiere reducir la influencia de psicómetras, estadísticos y economistas y dar más peso a otros grupos profesionales y disciplinas, incluir a toda serie de organizaciones nacionales, internacionales y sectoriales... así como publicar los costes de la prueba y estimar si no estarían mejor dedicados a otros fines, saltarse la próxima ronda, dar cuenta del sospechado oscuro papel de intereses privados, etc.
A mí me parece que PISA hay que tomárselo con mucha tranquilidad y cierta distancia, como también había que hacerlo antes con TIMMS, PIRLS y otras pruebas y como habrá que hacerlo con las que vengan, pero también con el máximo interés. Los sociólogos estamos más que acostumbrados al debate entre métodos de investigación cuantitativos y cualitativos, sabemos que cada uno de ellos tiene como punto fuerte lo que el otro tiene como punto débil y, si algo hemos aprendido, es que no podemos prescindir de ninguno de los dos. Pero el problema de este manifiesto es, sencillamente, que pide arrojar por la borda un potente instrumento de información y conocimiento en aras de no se sabe qué. Por un lado, parece querer decir que la información aportada por PISA y los análisis que permite están de más, porque ya sabemos lo que tenemos que saber; por otro, que PISA es un inmenso artefacto que por sí mismo es capaz de estropear lo que dice iluminar.
Sin embargo, si hay algo que el mundo de la educación necesita como el aire es luz y transparencia, y PISA puede aportar mucho al respecto. Ya sabemos que no mide lo que no mide, que mide lo que mide y que se puede discutir cómo lo mide: adelante, pues, con el diálogo y la crítica. En el peor de los casos, PISA -como otras pruebas menos ambiciosas- aporta un instrumento de observación objetivo, es decir, que no procede directamente de los interesados en dar una visión particular, sea beatífica o apocalíptica, de la realidad. Además, permite hacer comparaciones relativamente rigurosas, y la comparación es la primera forma de conocimiento en general y, mucho más, en particular, en ámbitos como el de la educación, donde todo es tan incierto no hay manera de saber a priori qué es un resultado adecuado.
Visto desde España, podría parecer, por ejemplo, que PISA ha traído una visión catastrofista de la situación, pero nada más lejos de la realidad. Primero, porque en este país de indignados de siempre, el catastrofismo en la educación arranca al menos de los setenta del siglo pasado (¿no se acuerda nadie de la LGE, aquella ley que, según tantos, nació muerta?) y, si tiene una fuente identificable, es cierto sector del profesorado y del periodismo, como he argumentado en otras ocasiones (por ejemplo, aquí y aquí y aquí). Segundo, porque ya nos bastaban las cifras de fracaso y abandono para ser catastrofistas, o al menos para estar hondamente preocupados, y, si algo ha añadido PISA, ha sido la posibilidad de cuestionar su necesidad,
Otro hilo conductor de las críticas a PISA han sido, son y serán los malhadados rankings. Es curioso que esa obsesión florezca precisamente en un medio en general, y una profesión en particular, que han basado en otros rankings buena parte de su retórica colectiva. ¿O es que no hemos dicho y oído una y otra vez que había que aumentar  gasto en educación porque estábamos no sé cuántas décimas por debajo de tal o cual media, subir los salarios docentes porque en tal o cual sitio ganaban más, reducir las ratios porque en algún lugar eran menores, etc., etc.? ¿O será sólo que unos rankings, los buenos, sirven para exigir y otros, los malos, para que nos exijan?
En un manifiesto fundamentalmente anglo, no es de extrañar que se vincule PISA al high stakes testing, es decir, a la prominencia de tests con discutibles consecuencias para alumnos, profesores y centros, como en la tan discutida política educativa estadounidense. Pero aun esto me parece inadecuado, pues la obsesión norteamericana por los tests es ya casi secular (arranca en los años veinte del siglo veinte) y su acelerón actual es anterior a PISA (empezó en los ochenta, tras el informe A Nation at Risk). Es verdad, eso sí, que todo instrumento de evaluación presenta riesgos de convertirse en el único norte, como indican la ley de Campbell, o de Goodhart, o la crítica de Lucas, y hay que permanecer en guardia contra ello, pero dejarlo todo a su suerte no es una opción. De hecho, si algo falta en el mundo educativo son transparencia,  información fiable, rendición de cuentas y evaluación de resultados.

Los firmantes del manifiesto son numerosos y diversos: desde el siempre interesante Stephen Ball, pasando por el previsible Henry Giroux, hasta la arrepentida Diane Ravitch. Muchos ya han ofrecido y todos podrían ofrecer críticas de PISA más sofisticadas que lo que permite un documento que ha de firmar tanta gente, pero, como suele suceder, el resultado final tiene su propia lógica. Habent sua fata libelli, y el destino de este manifiesto es engrosar la lista de protestas, por no decir ventoleras, de una institución y una profesión a las que no les gusta ser escrutadas ni tener que dar explicaciones.

26 sept 2014

Entrevista en INED21

El pasado lunes 22 publicó INED21ese excelente magazine
que mantienen Víctor González y José Luis Coronado, 
esta entrevista que reproduzco.


  1. ¿Cómo sintetizaría en tres claves la educación del s. XXI?


Sería pretencioso por mi parte insinuar siquiera tres claves para un siglo, pero, como alguien que se formó en el sistema educativo del XX (con mucho del XIX) y lucha por entender algo del XXI, yo señalaría tres grandes cambios en el entorno de la escuela a los que hay que responder. Me refiero a la digitalización, la globalización y la naturalización del cambio.
La escuela nació con un alcance muy minoritario para introducir a unos pocos en la lectoescritura y el cálculo, se generalizó y universalizó para introducir a todos en el nuevo entorno creado por la imprenta y el mercado (que exige contar y calcular) y se encuentra hoy ante el nuevo entorno digital y transmediático. No es un instrumento adicional, como la calculadora o el vídeo, sino, insisto, un nuevo entorno, y el profesorado, que era la avanzadilla de la Galaxia Gutenberg y de la modernización, está hoy confundido y mal capacitado ante la galaxia Internet.

La escuela nació también como un instrumento de nacionalización. No para distinguir a una nación de otra, como quieren creer los nacionalistas (aunque ese fuera un efecto secundario), sino para unificar las naciones por encima de las mil fronteras locales, gremiales, religiosas y otras que fragmentaban su población, su territorio y su poder. Hoy vivimos una globalización galopante de la economía, la cultura popular, los procesos medioambientales, el terrorismo, etc., etc. a la que hay que responder con estructuras y acciones políticas globales. Pero esto requiere, a su vez, un sentimiento de comunidad global, humana, y la escuela debería jugar en esta tarea el mismo papel que jugó en crear la conciencia de comunidad nacional. Lamentablemente, una reacción común a la incertidumbre creada por la globalización es la idealización del terruño, la vuelta al calor del pesebre, con “los nuestros”. Es la base del antieuropeísmo, del rechazo a la inmigración, etc. Y, aunque de forma más sutil y alambicada, es una actitud igualmente y más extendida entre el profesorado (basta reparar en el alineamiento localista mayoritario en los sindicatos y los MRP clásicos).
La escuela nació y creció, en fin, para transmitir una cultura preexistente. En parte el legado del pasado y en parte la nueva cultura de las elites urbanas, que se tansmitía al pueblo, a los trabajadores, al mundo rural como un producto elaboradod y completo. Vivimos ya, y nuestros alumnos lo harán aun más, en un mundo en el que el cambio es casi lo único que permanece, si se me permite la boutade, por lo que toca a la escuela no ya transmitir lo que conocemos, aunque siga siendo una parte y una base, sino advertir y entrenar para hacer frente a lo que no conocemos. Una consecuencia secundaria de esto es que el profesor, que representa la herencia cultural, tiene por ello un activo, pero también arrastra una carga.


2.   Permítame esta expresión que he utilizado alguna vez: el laberinto educativo en España, ¿quiénes son, si está de acuerdo con esa denominación, los responsables del mismo? ¿Hay alguna forma de salir de él?


La educación española está en una situación complicada en la que se cruzan ideologías clásicas, reflejos corporativistas, localismos arcaicos, intereses materiales y mucha cerrazón. Los problemas más aparentes pueden ser el fracaso escolar, los mediocres resultados o el descontento generalizado, pero no debemos olvidar los problemas más de fondo, que señalé en respuesta a la pregunta anterior. Y no sé si lo llamaría “laberinto”, porque una característica de la escena española es que resulta relativamente fácil de interpretar. Los actores individuales se mueven por motivos complejos, ambiguos y, a menudo, contradictorios, pero cuando pasamos al ámbito de los actores colectivos la cuestión, por suerte para la teoría y por desgracia para la realidad, se simplfica una barbaridad, se convierte en un guión de guiñoles en el que basta saber quién es quién para saber lo que quiere. ¿Habla una comunidad autónoma? Quiere más competencias y recursos para sus políticos y sus funcionarios. ¿Habla un sindicato? Quiere dar a sus bases la buena noticia de que cobrarán más y trabajarán menos. ¿Habla la iglesias? Quiere más adoctrinamiento obligado y más dinero. Sé que simplifico, pero creo que es sobre todo así, aunque no sólo. Nos falta cultura democrática.


3. El bipartidismo político causa, inevitablemente, un bipartidismo mental: ¿lo ha padecido el debate educativo en nuestro país?


Más que bipartidista, yo diría que en este país somos maniqueos: el bien contra el mal, y el bien siempre somos nosotros –aunque no sepamos bien quiénes somos “nosotros”. El bipartidismo sólo es, creo, una consecuencia temporal de ese maniqueísmo. De hecho, la derecha, acostumbrada históricamente a la idea de que tiene que ganar, han sabido casi siempre agruparse en un solo partido, aunque no sea el mismo en todos los territorios; por el contrario, la izquierda, hecha a la idea de que tiene que perder, tiende a fragmentarse en media docena y siempre hay alguien que quiere más. Podemos, por ejemplo, es un fenómeno muy interesante y ya veremos qué curva de aprendizaje sigue ahora que empiezan a tener responsabilidades, pero es también el maniqueísmo al cubo y a veces parece salido del cómic  V de Vendetta.
En el mundo de la educación no es distinto, sino a veces peor. En su sector más conservador ha llegado a desarrollarse todo un género literario dedicado a airear el estado catastrófico de la institución, que se atribuye a la izquierda, a Mayo 68, etc.. En el sector que se proclama progresista llega a ser tediosa la cantinela interminable sobre el neoliberalismo, los organismos económicos internacionales, el ataque a la escuela pública, los horrores del mercado, etc. Hasta cierto punto, el debate educativo en nuestro país es guerracivilista, en el sentido de que se da por sentado que hay y tiene que haber dos bandos y que los nuestros, con razón o sin ella, son los buenos y viceversa. Eso sí, ahora con el elemento añadido, todavía más maniqueo si cabe, de las burocracias autonómicas defendiendo o pugnando por ampliar sus propios feudos.


4. ¿Cuáles son las causas y factores que más importancia tienen en el fracaso y abandono escolar en España?


Yo distinguiría tres niveles en la respuesta, que podría denominar ambiental, cultural e institucional. En el ambiente, de forma evidente, están las diferencias previas, paralelas y anticipables a la escolaridad: de riqueza, de capital cultural y escolar, de capacitación ciudadana… Aquí nos encontramos con los problemas de las clases trabajadoras, de las minorías étnicas, de los inmigrantes, o los problemas que antes tenían las chicas y ahora tienen los chicos. De esto hay mayor conciencia, quizá porque tiene también una función exculpatoria. En el plano cultural está la aceptación por el profesorado (que, no olvidemos, es quien evalúa) de que entre un quinto y un tercio de los escolares fracasen, un fatalismo (o un clasismo) que es compartido por la sociedad, pero que considero fuera de lugar. En el plano institucional, o de la ordenación, están elementos como la falta de medidas compensatorias y de refuerzo en la educación primaria, la adicción a la repetición de curso en la secundaria obligatoria y el cierre de vías hacia la secundaria superior. Pero esta es una manera analítica de hablar rápido, pues los problemas son siempre una combinación de esos distintos niveles. Un alumno no fracasa o abandona simplemente porque es de familia pobre o porque repite, sino por una acumulación y articulación de factores: tal vez es pobre, y no recibe el apoyo adecuado en primaria, y su instituto le hace repetir en secundaria, y los padres aceptan fatalmente eso, y se le cierra la vía a la formación profesional, y…, y…, y…, pero tal vez en cualquiera de esos momentos se podría haber invertido el proceso (tratamos esto en El fracaso y el abandono escolar en España). Así como parte del papel de la familia es salvar al niño de la peor escuela, el papel de la escuela es salvar al niño de la peor familia. Quizá sea una forma de expresarlo brutal, pero lo que quiero decir con ello es que no hay excusas.


5. Equidad y excelencia son conceptos constantemente repetidos en el debate educativo, y sospechamos que a menudo de forma imprecisa, ¿podría aclararnos, desde su perspectiva, qué significa equidad y excelencia en educación?


Yo creo que la educación es un importantísimo bien en sí misma y que es un factor determinante, y cada vez lo será más, de las oportunidades sociales para la inmensa mayoría de la población. Por lo tanto, el sistema educativo debe ser justo, nuestro objetivo debe ser la justicia educativa. Pero la justicia no se deja reducir a un solo criterio. Hoy hablamos de equidad y excelencia porque así lo hace la OCDE, pero antes se hablaba de igualdad o igualdad de oportunidades. En mi opinión, la justicia educativa debe combinar cuatro criterios: igualdad, solidaridad, equidad y excelencia, que explicaré casi telegráficamente.
Igualdad quiere decir que, sólo por existir, cualquier ser humano tiene derecho a un módicum de educación. Este mínimo sería el éxito en la enseñanza obligatoria y, en un país como España, en la secundaria superior. Esto requiere la gratuidad total de estos niveles, la gratuidad de los gastos anexos (en los que incluiría materiales y almuerzo) y buscar tasas de éxito cercanas al 100%.
Solidaridad quiere decir que debemos poner los medios adicionales necesarios para que todos los alumnos que vienen a la escuela con menos recursos de fuera (por pobreza, por lejanía cultural, por discapacidad…) encuentren dentro los recursos adicionale necesarios para alcanzar también el éxito, en las misma medida que el resto.
Equidad significa que a la escuela no se acude simplemente a recibir, sino que el resultado es también efecto del propio esfuerzo. El alumno debe, progresivamente, pasar de un régimen puramente igualitario a un régimen meritocrático, de recibir con sólo ser y estar ahí a ser recompensado de acuerdo con su contribución. Creo que es lo que corresponde a una sociedad basada en el trabajo y a una ética de la responsabilidad. En la enseñanza obligatoria eso se traducirá en grados distinto de reconocimiento, en la post-obligatoria en una diversificación de las oportunidades.
Excelencia, en fin, significa que todo alumno debe tener la oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades. En parte es un problema de justicia, de derecho al desarrollo individual; pero en parte es también un problema de eficacia, de que a todos nos interesa que se formen los grandes científicos, artistas, etc. del mañana, de cuya contribución nos beneficiaremos todos.
En fin, no se me escapa que estos conceptos no son pacíficos, pero me parece importante que entiendan algunos, por ejemplo la derecha, que la equidad entendida como igualdad de oportunidades no es ya la justicia, y que segregar al diez por ciento del alumnado en un bachillerato más exigente no tiene nada que ver con la excelencia; pero también otros, por ejemplo la izquierda, que la igualdad y el facilismo no son lo mismo que la justicia.


6.  Dos preguntas entrelazadas para nuestro sistema educativo: ¿necesitamos una reforma de la cultura de la evaluación que está siendo implementada? ¿Qué cultura de la evaluación, piensa, puede ser eficaz y adecuada en el contexto español?


Hay dos evaluaciones en el sistema: la de los alumnos por la institución y la de la institución por la sociedad.
Sobre la primera he defendido una y otra vez que el profesorado español es demasiado dado a suspender, a abdicar ante los alumnos que “no valen para estudiar”, a la repetición de curso, a considerar el fracaso masivo como un fenómeno inevitable de la naturaleza. Actualmente y hasta el final de la enseñanza secundaria los alumnos son evaluados exclusivamente por sus profesores, lo que me parece anómalo y en la base de nuestro elevado fracaso, por lo que creo que debería cambiar en el sentido de una mayor intervención de instancias externas.
Sobre la segunda, más incluso que un problema de evaluación tenemos un problema de transparencia. Nunca tendremos un buen sistema educativo si no son prácticas regulares en el mismo la evaluación de las políticas educativas, de los centros, de los proyectos y de los profesores. Pero, más allá de eso, creo simplemente que cuando se ejerce una función pública, por mandato público (ambas cosas en toda institución educativa, cualquiera que sea su titularidad), con dinero público (la inmensa mayoría de los centros), en forma de una obligación pública (la obligatoriedad para alumnos y familias), la transparencia es inexcusable.
En las instituciones educativas debe ser transparente todo, salvo lo que afecte a la seguridad o a la privacidad, y entendiendo estas de manera restrictiva. Los habituales debates sobre los rankings, quién evalúa al evaluador, el economicismo de PISA etc. señalan, es cierto, problemas reales, pero son ante todo y sobre todo cháchara corporativa y reaccionaria de quienes quieren estar alejados de la luz pública.


7. Sobre el docente en España hay muchos mitos que cristalizan, inevitablemente, en tópicos aceptados acríticamente, ¿podría explicarnos los que considera más importantes de ellos?


Los hay para dar y regalar, algunos verdaderamente asombrosos. Por ejemplo, que los docentes españoles están mal pagados, cuando en realidad tienen salarios reales a la cabeza de los de la UE o la OCDE. O que carecen de prestigio, cuando en una encuesta tras otra aparecen entre las primeras profesiones más valoradas por el público; o que este prestigio ha caído en los últimos años, cuando no se ha movido en decenios. Que la jornada  intensiva (“continua”) en la escuela primaria será estupenda para los alumnos, cuando toda (insisto: toda) la investigación conocida dice más bien lo contrario. O algunos más localizados (con menos voceros), aunque no menos intensos, como que en España se pasa de curso con demasiadas asignaturas suspensas, cuando somos, con mucho, el país en que más se repite. Podría seguir, pero no hace falta. Llega un momento en que, inevitablemente, pierde interés la discusión de tal o cual bulo y lo que te preguntas es: ¿cómo hemos formado a nuestros profesores para que tantos de ellos vivan de patrañas?, ¿qué clase de sentido común van a transmitir a sus alumnos?


8. Sabemos que es una línea de reflexión suya desde hace mucho tiempo, ¿qué diagnóstico tiene de la universidad española? ¿Tiene solución?


En realidad he intentado pensar poco sobre la universidad: por un lado porque, desde una preocupación general por la justicia social, mi foco de atención era la enseñanza no universitaria, que es la que concierne a todos; por otro, porque siempre me ha parecido saludable mantener cierta distancia respecto del objeto de investigación, y la universidad, al fin y al cabo, es mi medio de trabajo. Pero lo primero ha ido perdiendo sentido, ahora que casi la mitad de la población accede a la universidad (dicho de otro modo, los estudios universitarios tienen hoy menor valor de escasez que tenían los secundarios cuando yo era alumno), y lo segundo nunca es enteramente posible, o al menos no lo ha sido para mí, porque he topado una u otra vez con unas estructuras injustas, arcaicas e ineficaces.
Yo creo que todo en este mundo tiene solución, pero que nada la tiene garantizada. Vivo la contradicción que formuló Romain Rolland (que atribuyen a Gramsci los que no han leído a ninguno): pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Pero creo que la universidad, más aún las universidades públicas, están al borde de la implosión (o, menos probable, de la explosión). Las sostiene su monopolio de los títulos profesionales de mayor valor, pero han dejado de ser la sede privilegiada de la creatividad (hay más en internet), han dejado de garantizar privilegios (la educación superior paga más, pero no a todos), han dejado de garantizar calidad (hay demasiada mediocridad blindada) y hasta perderán pronto el monopolio de las acreditaciones (pienso, por ejemplo, en las chapas digitalesdigital badgets). Tengo que confesar que mi regreso a la Complutense, tras quince años en Salamanca, ha sido un jarro de agua fría: he encontrado un diplodocus.
En mi opinión, no habrá regeneración de la universidad. Es inviable con un sistema como el actual, de autogobierno sin rendición de cuentas. Los cuatro años que llevo de vuelta en la UCM han sido de crisis aguda por la recesión económica, la inquina del gobierno autonómico y los errores propios, pero no he visto en ellos ni una sola reforma seria, sólo llamamientos a la opinión pública pidiendo apoyo, es decir, nosotros lo hemos hecho todo bien y la culpa es sólo de otros. Suele decirse que no hay que desaprovechar una buena crisis, pero el nuestro es el ejemplo perfecto de lo contrario.


9. En el actual debate educativo, social, y político, se escucha constantemente esta palabra y realidad: endogamia, ¿cuáles son, en su opinión, los principales ámbitos y responsables de esta endogamia de la democracia en España?


Ahora vivimos precisamente la endogamia más pura e intensa, como nunca la habíamos conocido. En la universidad en que yo entré y crecí el poder era sobre todo de los catedráticos, que tenían una enorme influencia a la hora de decidir dotar las plazas de profesor y en los tribunales que las adjudicaban. Enfrentarte a tu catedrático –puedo acreditarlo– tenía un coste altísimo, pero aun así había resquicios por los que hacer una carrera independiente, a menudo basados justamente en la movilidad geográfica.
Las pruebas de idoneidad, parte de las disposiciones transitorias de la LRU del ministro Maravall, funcionarizaron masivamente a miles de profesores in situ, en el lugar donde estaban, dado así un impulso decisivo a la endogamia localista. A partir de ese momento los profesores no numerarios empezaron a hablar sistemáticamente de su plaza, pero no ya como antes podían hacerlo los ya numerarios (los propietarios, como se decía fuera del subsistema universitario) o los designados por el dedo del catedrático para ganar la siguiente oposición, sino como un derecho natural a convertirse en funcionarios en la misma universidad, el mismo centro, el mismo departamento y la misma asignatura en que ya estaban como contratados, a través de una oposición a la que no acudiría nadie más que ellos (y que no debería firmar siquiera nadie que pudiese hacerles la competencia), pero siempre bajo la retórica de los principios de igualdad, capacidad y mérito, como si hubiera sido un proceso competitivo. La lucha se redujo así a conseguir las plazas, a las que se dotaba del perfil oportuno, a menudo grotesco, para que encajase a la perfección el candidato.
Después vinieron las agencias de acreditación: primero la CNEAI, con los sexenios de investigación, y luego la ANECA con las acreditaciones para los distintos cuerpos de profesores. Esto supuso un elemento positivo, al obligar a todo profesor a mostrar cierto nivel de logro fuera del entorno inmediato y garantizar un mínimo nivel académico en los nuevos entrantes (se acabó el díctum de aquel catedrático que se jactaba de poder hacer también catedrático a una farola –he conocido algunas farolas), pero tuvo el efecto perverso de elevar la endogamia localista al cien por cien, pues, sobre la base de las acreditaciones, acreditados y rectorados pactaron por doquier un mecanismo automático de promoción de los acreditados, es decir, la dotación de plazas para todos los profesores propios que fueran acreditándose para los cuerpos sucesivamente superiores. Esta endogamia absoluta es lo que los rectores llaman eufemísticamente promoción interna.
En España universidad ya no es universitas, justo lo que la hizo destacar con luz propia en un mundo de corporaciones locales, sino una enfermiza localitas, con lo que destaca de nuevo, pero en sentido contrario, con una oscuridad propia, en un mundo cada vez más global, abierto y llano. Los responsables están claros y en fila india: profesores, rectores y autoridades. En el curso 1976-77 yo fui coordinador y representante de la Facultad de CC. Políticas, de la Universidad Complutense y nacional de los PNN en la última huelga por el contrato laboral, que perdimos por agotamiento aparente. En los cursos siguientes, ya en segundo plano, vi algo espeluznado cómo las reivindicaciones del colectivo pasaban del contrato laboral a las trasitorias de los sucesivos proyecto de ley (la LAU de la UCD, con González Seara de ministro, y la LRU del PSOE, con Maravall), es decir, de la implantación de un contrato laboral, que era lo que decíamos, al acceso rápido e in situ al funcionariado, que al parecer era lo que queríamos. La diferencia entre el contrato administrativo de aquellos PNN y el funcionariado era como de la noche al día, de la inestabilidad absoluta a la estabilidad total, y el contrato laboral pretendía una estabilidad razonable, condicionada a un cumplimiento, un rendimiento y unos controles adecuados. Pero al pasar al otro extremo desembocamos en esta universidad anquilosada e inflexible, en la que mucha gente hace las cosas bien, pero lo cierto es que ca igual hacerlas bien, hacerlas mal o no hacerlas en absoluto, porque la funcionarización lo blinda todo. El primer factor, por tanto, hemos sido los propios profesores.
El segundo han sido los rectores. En el entorno de autonomía sin rendición de cuentas y democracia interna de las universidades es sencillamente imposible llegar a rector sin prometer y pactar promoción interna, es decir, endogamia. No sólo hay una amplia proporción del profesorado que la quiere (los que no son funcionarios y los funcionarios que quieren subir al cuerpo siguiente), sino que esa parte del colectivo es especialmente activa en los sindicatos, en las estructura representativas y en los espacios informales (cafeterías, comedores…). Si uno resume las conversaciones que tiene u oye en una facultad hay una especie de distribución paretiana: el 80% del tiempo se dedica a un 20% de los problemas, los de la promoción (la endogamia exitosa), y viceversa. Los rectores se llenan la boca hablando de la excelencia, la meritocracia, la competitividad, etc., pero es siempre un brindis al sol, pues  como candidatos jamás perderán un voto dejando de pactar la endogamia (por eso se ha convertido también en una regularidad que cada nuevo rector haya sido antes vicerrector de profesorado).
El tercer factor, claro está, han sido las propias administraciones, que han preferido evitar el enfrentamiento con el gremio universitario. Tengo que decir, aunque me duela, que las formaciones políticas que, al menos, lo han intentado, han sido precisamente aquellas de las que más lejos me siento: la derecha, sin duda porque se siente menos obligada ante un profesorado al que considera de izquierdas (así, el PP, ha tratado de introducir más meritocracia, aunque con poco éxito), y los nacionalistas catalanes, que han querido situar universidades fuera de la égida del estado central y las han dotado para ello de más autonomía (así, en Cataluña, la creación de la UPF y la UOC o el recurso masivo a las figuras contractuales de profesorado propio en todas las universidades públicas).
Por todo esto me produce cierta sonrisa leer u oír hablar de la actual universidad democrática frente a la vieja universidad feudal. Parece haber quien cree que la universidad comenzó a ser democrática el día en que él mismo accedió a la cátedra, a la vez que muestra un patente desconocimiento de lo que era el feudalismo y lo que pueden ser hoy sus vestigios. Una parte del feudalismo era la relación vertical de vasallaje (protección a cambio de servicios), lo que, efectivamente ha desaparecido en gran medida. La otra parte era la organización horizontal corporativa, por la que nadie tenía derechos fuera de su gremio, de su aldea, de su orden religiosa, lo que restringía toda movilidad geográfica y ocupacional. Lo que ha cambiado en la universidad española es precisamente que el corporativismo se ha impuesto al vasallaje.


10. Hay una corriente de regeneracionismo democrático, que está cristalizándose en varias propuestas, iniciativas, y debates sobre temas hasta hace poco tabú, ¿cuáles son los ejes que, desde su mirada crítica, deben vertebrar esta transformación democrática?


No me convence el término “regeneracionismo”, porque no creo que se trate ni de recuperar la España perdida (el imperio y todo eso) ni de regenerar una democracia degenerada. El problema, para mí, es que en la transición, como en cualquier otro momento, se pudo bordar una constitución, o después se han podido bordar numerosas leyes, pero la democracia es también y sobre todo una cultura, un modo de actuar entre las leyes, en sus agujeros y más allá de ellas, y eso es lo que no se puede improvisar y lo que guarda mayor relación con la educación. En 2000, el presidente Bush amañó literalmente las elecciones con aquellas papeletas incomprensibles para los jubilados, autoridades electorales y tribunales designados por su padre o su hermano y hordas republicanas asaltando los locales de recuento, y ganó por unos cientos de votos más que cuestionables. Al Gore recurrió a los tribunales pero, llegado un momento, aceptó los resultados en beneficio de la institucionalidad. En el siguiente debate sobre el estado de la nación, el presidente fue unánimemente recibido con una aclamación, aunque la mayoría ya preveía, como efectivamente sucedió, que sería uno de los peores presidentes de los Estados Unidos. En España, desde que el PP perdió las elecciones de 2004 hasta que las volvió a ganar en 2011 hemos tenido que soportar la estúpida historia de la implicación de ETA en el 11M, ver pateos y retiradas del hemiciclo, oír al actual presidente Rajoy durante todo su periodo de jefe de la oposición dirigirse a su predecesor como “(el) señor Zapatero”, con tonillo desdeñoso añadido. Ahora asistimos al espectáculo de Mas y su gobierno decidiendo que leyes deben ser acatadas o eludidas, qué tribunales le gustan y cuáles no, etc., por no hablar ya de ERC. IU tiene a menudo actitudes similares, aunque con menos consecuencias, y no hablemos de Podemos, la CUP, etc. En España hay pocos demócratas convencidos, impera todavía una visión instrumental y condicional de las leyes y las instituciones, supeditada a los intereses o las creencias propios.
En el ámbito educativo esto es todavía más omnipresente: las consejerías de educación de cualquier signo declaran sin empacho su propósito de retrasar, eludir o forzar cualquier ley que no les guste y muchos directores y profesores no se cortan a la hora de declararse insumisos y negarse a aplicar una prueba externa o colgar una bandera estelada (secesionista). Pero yo creo que el imperio de la ley, por mal que suene, es muy importante, sobre todo en un ámbito institucional tan asimétrico como es la escuela (tan asimétrico en cuanto a las relaciones de poder entre la profesión y el público, sea el alumnado o las familias) y que es el primer entorno público del alumno, donde aprende a convivir con los demás fueran del espacio doméstico. Esta es la primera forma de “regeneración” necesaria, aunque yo la considero un simple fundamento todavía no alcanzado de la democracia.
El segundo elemento importante es la transparencia. En el país hay muy poca en general, como nos recuerdan los acontecimientos de cada día, pero en la escuela hay menos. Recuerdo de hace ya veinte años, cuando fui a escolarizar a mi hijo por primera vez en una escuela pública, que visité antes un colegio y le pregunté a la directora si tenían un proyecto educativo (entonces no era común ni estaba tan claro). Me dijo que sí y yo le dije entonces que me gustaría verlo. Su respuesta: “No, eso es sólo para los profesores del centro.” Nada, pues, de alumnos, o padres de alumnos, mucho menos de futuros alumnos. Esa era y sigue siendo la actitud general: cuanta menos información, mejor. Puede ir del oscurantismo más absoluto, cuando todo se lo guisa el claustro –o el titular en la privada– y apenas se cumplen algunas formalidades hacia fuera hasta la inefable polémica sobre las evaluaciones y los rankings o las diatribas contra los padres como “clientes” o “usuarios”, pero en el fondo siempre es lo mismo: no quiero rendir cuentas. Conozco muchos centros que han apostado claramente por una política de transparencia y puertas abiertas, pero no se trata de eso, sino de que sea la actitud por defecto, porque la información es la base de la rendición de cuentas, de la participación y de la construcción de un propósito compartido en la comunidad escolar.