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27 sept 2016

7 ideas para un compromiso por la educación. 6. Autonomía transparente y responsable

En la organización predominante de la escuela, y más en España, hay dos niveles y modos tradicionales y habituales de decisión; el estado y el profesor, la política educativa y la práctica cotidiana. La primera ha tenido secularmente su expresión en la idea de que había una manera, la única o la mejor (the one best system, como rezaba el lema taylorista) de hacer las cosas, recogida desde el adjetivo normal que distinguía a las escuelas de magisterio, pasando por una tradición de minucioso reglamentismo, hasta tantos movimientos pedagógicos, oficiales o extraoficiales, habitualmente autoinvestidos como soluciones definitivas para todo. La segunda se refleja en el viejo dicho de que cada maestrillo tiene su librillo, en la amplia autonomía y la abrumadora soledad del profesor en el aula, e incluso en la extendida idea de que, digan lo que digan las leyes, se podrá seguir haciendo lo mismo de siempre en ella una vez cerrada la puerta tras de sí.
Sin embargo, la aceleración de los cambios sociales más amplios y las transformaciones organizativas de las instituciones escolares han desplazado el centro de gravedad de la educación. Por un lado, la diversificación social y cultural provocada por la globalización, las migraciones y el ritmo desigual del cambio hacen que las comunidades a las que los centros han de servir se diferencien fuertemente entre sí, y se transformen a menudo rápidamente, por lo que pierden sentido las fórmulas y soluciones generales, que se quieren válidas por doquier. El efecto principal de esto es un desplazamiento del centro de gravedad hacia abajo, de la política uniforme para todo el sistema al proyecto específico de centro, que tiene su justificación en la diversidad de las comunidades y los públicos y en la de los propios centros, tanto en lo que concierne a sus necesidades como en lo que hace a sus recursos y capacidades (no ya en cantidad, sino en calidad, o en sus cualidades), es decir, a sus posibilidades específicas de afrontar aquellas. No es simplemente que sean distintos, es que su especificidad resulta, además, mejor captada sobre el terreno, digamos lo desde lo que se llama conocimiento local (no confundir con municipal, autonómico, etc.), en la práctica reflexiva, que desde instancias alejadas que tienden a abstraer las diferencias.
Por otro, el desarrollo de la especialización y la división del trabajo docente, el despliegue de nuevas funciones de apoyo y la multiplicación de los servicios ofrecidos por los centros provocan que el profesor individual, incluso en el caso más envolvente del maestro-tutor de grupo, se haga cargo tan solo una parte de la jornada del alumno. La pluralidad de maestros especialistas, profesores de disciplinas concretas, apoyos especializados, cuidadores, monitores, acompañantes, colaboradores…, sea en primaria o, con mayor motivo, en secundaria, requiere una coordinación inmediata y, más que eso, proactiva, es decir, un proyecto educativo unificador. Esto produce un desplazamiento del centro de gravedad, esta vez, hacia arriba, del docente individual al centro escolar, del individuo a la organización, necesario para coordinar los distintos tiempos y actividades, encajar los diferentes saberes profesionales y, ante todo, aportar unidad de propósito, o incluso mero sentido común, a la multiplicidad de acciones y de actores que intervienen en la educación de un alumno o un grupo.
Esta nueva centralidad del centro, valga la redundancia, exige una ampliación de su autonomía en diversos terrenos, en particular la gestión económica, la administración y dirección de personal y la orientación pedagógica. Lo cual, a su vez requiere dos proyecciones: en el tiempo, la autonomía, para no ser una simple sucesión de acciones aisladas y sin un hilo conductor visible, tiene que plasmarse en un proyecto educativo a medio plazo; en el espacio (no ya físico, sino social), para no ser mero aislamiento sino adaptación activa al medio y para no generar distancia sino confianza, ha de ejercerse con plena transparencia y con un alto nivel de participación profesional y comunitaria.
La puesta en marcha de proyectos educativos de centro requiere, lógicamente, reforzar las instancias y mecanismos que actúan específicamente en ese ámbito. La necesidad más obvia es reforzar las direcciones, haciendo más atractiva la función, ampliando las posibilidades de selección, mejorando su formación y su profesionalidad, expandiendo  sus competencias. En España la tendencia ha sido durante decenios (excepto en el último), desde los inicios de la democracia, precisamente la contraria, el debilitamiento sistemático de la dirección de los centros a favor del poder de los claustros (poder sobre todo de bloqueo, de no dejar hacer), bajo el lema eufemístico de la dirección democrática oparticipativa (léase para el profesorado, pero no para familias, los alumnos o la comunidad). El último informe de Eurydice sobre competencias de gestión en los centros (Key Data on Teachers and School Leaders in Europe, 2013), que analiza la distribución de las competencias sobre contenidos y métodos y sobre personal y recursos humanos, subraya cómo estas se reparten entre los profesores y las administraciones, dejando ayunas a las direcciones, un rasgo que señala como excepcional de nuestro país junto con Francia, Italia y Grecia (los paraísos del funcionariado). Toda la investigación comparada indica, sin embargo, que la capacidad de innovación de los centros está fuertemente ligada al nivel de competencias de las direcciones de los centros en el ámbito de gestión de recursos humanos y, sobre todo, pedagógico, más que a la abundancia de recursos o incluso a la formación del profesorado, supuesto un nivel suficiente en ambos casos.
Pero el despliegue de la autonomía y el desarrollo de los proyectos requieren también la participación profesional y comunitaria, no por mero mimetismo democrático sino por tratarse, la escolarización, de un servicio al público que necesita su colaboración activa (que no se agota en una prestación) y que se ofrece a través de una profesión (una ocupación que entraña autonomía y exige compromiso). La participación profesional ha de poder desplegarse como iniciativa en el aula, lo que supone un clima de apoyo y amparo a la innovación; como trabajo en equipo, particularmente a través de la colaboración entre pares en los niveles intermedios entre el profesor individual y la dirección de centro (dentro de y a través de los límites de los centros); y como voz y, cuando corresponda, voto en la determinación de la orientación general del centro (la elaboración del proyecto y su evaluación, ante todo). La participación comunitaria debe traducirse en una participación de las familias y, en ciertas esferas, del alumnado que no sea simplemente pasiva, subordinada o testimonial, como lo ha sido casi siempre, sino que los reconozca de manera efectiva como parte necesaria y no prescindible del proceso de decisión, ofreciéndoles el reconocimiento, la formación y el apoyo que sean necesarios; y debe ampliarse, por otros mecanismos, a la comunidad más amplia de vecinos, asociaciones, instituciones y empresas del entorno vía redes, iniciativas, programas y proyectos de colaboración que permitan movilizar recursos culturales, sociales y económicos ajenos al centro y dar una dimensión cívica a las actividades del mismo.
Y la contrapartida fundamental: transparencia. Todos los centros de enseñanzas regladas, sin excepción, son instituciones públicas que desempeñan una función pública, amparada por un mandato público, en su inmensa mayoría sostenidas con fondos públicos y, dos tercios de ellos, de titularidad pública. En los últimos años se ha debatido mucho sobre el papel de las evaluaciones externas y es seguro que este debate continuará, porque la sociedad y las administraciones demandarán saber, los centros (como todas las burocracias) y el profesorado (como todo grupo profesional) se resistirán más o menos al escrutinio y los mecanismos de evaluación serán mejores o peores y tendrán efectos imprevistos, no siempre deseables, además de los previstos, por lo que habrá que experimentar con prudencia, aprender rápido y rectificar cuando y cuanto haga falta. Pero no hay ni puede haber justificación alguna para que no sea accesible toda información sobre los centros que no entre en conflicto con el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, la confidencialidad de la información académica sobre el alumnado o los imperativos de seguridad y de protección de datos.
La transparencia puede alcanzar, de oficio y con fácil accesibilidad (user-friendly), y no a condición de tortuosos procedimientos, a aspectos como el equipamiento y los recursos del centro, incluidos indicadores de espacio en aula, instalaciones deportivas y zonas comunes; la oferta completa de enseñanzas y de actividades extraescolares; el proyecto educativo, la programación docente y los proyectos especiales; la oferta completa de servicios de apoyo y complementarios, educativos o sociales; la composición de la plantilla, incluidas su formación, categoría, antigüedad y experiencia; la distribución de funciones y tareas docentes, de apoyo y organizativas; la composición de los órganos de gobierno y participación, incluidas sus comisiones de trabajo; la identidad y características de la entidad titular, en su caso; la composición agregada del alumnado, incluidos género, edad y necesidades especiales; los resultados académicos generales y su evolución, en particular las tasas de absentismo, retención, repetición y promoción; las líneas generales presupuestarias, incluidos los principales capítulos de ingresos y gastos; los libros, recursos digitales y otros materiales escolares utilizados; las vías de atención a las familias y al público más amplio; los centros y zonas de reclutamiento y centros de destino, en su caso; las evaluaciones y encuestas de satisfacción de familias o alumnos, si las hubiere; los informes de la Inspección y otras agencias evaluadoras,  si estas determinan que son publicables; las memorias anuales, resumidas y anonimizadas si es preciso.

30 may 2016

Más escuela, menos aula


            Innovar es la respuesta adaptativa a un entorno cambiante, en sentido amplio y elemental. Suele decir Castells que no vivimos una época de cambio, sino un cambio de época, esto es, hacia un futuro enteramente distinto –en parte ya aquí pero mal repartido, Gibson dixit. Yo veo otra vuelta de tuerca: no solo es un cambio de época sino que entramos en una época de cambio; no vamos a un nuevo equilibrio estable, sino a una era transformacional, de cambio acelerado, permanente y multidireccional, con implicaciones profundas para la educación.
En el mundo escolar esto se manifiesta en cómo cambian en pocos años el público y el entorno de un centro y el propio centro; en cómo se diversifican por ello los centros, aun siendo en principio iguales (en particular los públicos), incluso vecinos, tanto entre sí como internamente; en cómo cambia el ecosistema de los medios de información, comunicación y aprendizaje que concurren y compiten con la enseñanza. Este contexto en ebullición supone que el educador no puede trasladar sin más lo aprendido en su formación inicial, lo observado en otro contexto o lo practicado con anterioridad a la práctica en curso, sino que precisa innovar, si bien esto consiste básicamente en recombinar elementos de su bagaje profesional, de la experiencia propia y ajena y de ámbitos no escolares. Educar es hoy, y será cada vez más, innovar sobre el terreno, a no confundir ni con inventar desde cero en el nicho ni con la esperada reforma desde arriba.
     Pero la innovación, además de ser posible y necesaria, ha de parecerlo, y casi todo conspira para que no lo haga. A diferencia de la gran prensa que pierde lectores, las empresas que luchan por la clientela o los partidos que ven desertar a sus votantes, la escuela tiene un público cautivo, retenido por la obligatoriedad y, antes y más allá de esta, por la delegación familiar de la custodia y el credencialismo del mercado de trabajo. En otras palabras, apenas hay feedback, nada que indique a la institución y la profesión qué poco público tendrían si solo dependiese de su eficacia o su atractivo. Únanse a esto la formación parca del maestro e inespecífica del profesor de secundaria, la ranciedumbre de las facultades de Educación, el aislamiento del trabajo en el aula, la opacidad de los centros y la asfixiante carga paleopolítica del debate educativo y se entenderá tanto conservadurismo y tanta inercia pese a la urgencia y la importancia del cambio. Pero el cambio vendrá: la cuestión es cómo, de dónde, a qué coste (social, cultural e institucional, más que económico) y cuándo (para cuántas cohortes llegará tarde). Un provocativo John Hennesy, presidente de la Universidad de Stanford, de las que menos temen al futuro, dijo: "Se acerca un tsunami. No puedo decir con exactitud cómo va a estallar, pero mi intención es intentar navegarlo, no esperarlo ahí parado."

     Sin duda lo que llama con más fuerza a las puertas de la escuela es la tecnología. Infancia, adolescencia y juventud viven ya de forma cotidiana con ella, los empleos que esperan y los que vendrán requieren competencias digitales, las compañías tecnológicas despliegan su oferta y las editoriales escolares renuevan la suya; last but not least, una porción relevante del profesorado capta la necesidad y las oportunidad y apuesta fuerte por la innovación. No son solo aparatos y conductos (hardware), ni datos y algoritmos (software), sino tanto o más las nuevas relaciones de comunicación y aprendizaje que se levantan sobre ellos, opuestas a las viejas relaciones pedagógicas escolares: superación de límites espaciotemporales, adaptación a ritmos y estilos personales de aprendizaje, cooperación irrestricta entre iguales, interactividad incorporada a dispositivos y aplicaciones, retroalimentación inmediata de datos y analíticas sobre el aprendizaje mismo... Un entorno bullicioso y fascinante que hace aparecer a la escuela, parafraseando a Marx, como "la tradición de todas las generaciones muertas [que] oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos".

No va a ser fácil, pues innovar en la escuela no es como hacerlo en la agricultura o la industria. La docencia entraña una elevada porción del tipo de conocimiento que Polanyi llamó tácito y Hippel pegajoso. Tácito, o muy difícil de formalizar, lo que impide transmitirlo en una Facultad o con un libro (como montar en bicicleta, algo que todos saben hacer pero no explicar, que todos aprenden sin que nadie estudie). Pegajoso (sticky), porque es difícil separarlo del terreno en que se crea y aplica y se ha de transmitir y adquirir en la colaboración profesional o maestro-aprendiz. Por ello, aunque la presión venga de fuera y actores como universidades, editores, tecnológicas, administraciones y otros deban y puedan aportar, el proceso será de innovación distribuida y difusión horizontal.
La innovación distribuida supone que cada docente, equipo, centro o red de centros harán su propia innovación, aprendiendo unos de otros y ajustando y modificando lo aprendido, en ningún caso importando, trasladando o generalizando fórmulas comunes, llámense buenas prácticas, prácticas de éxito, educación basada en la evidencia o cualquier otro eufemismo. Nótese que no sólo son distintos los contextos y momentos sino también los actores, como lo son las capacidades y limitaciones de cada profesor, equipo, claustro o comunidad. Supone que no vendrá solo del profesor, ni de la dirección, sino de ambos, así como de grupos intermedios o de otros actores implicados y colaboradores presentes en la comunidad y ajenos al núcleo profesional.
La difusión horizontal requiere condiciones hoy muy deterioradas. La primera, un contacto fluido y suficiente entre los educadores, lo que no sucede de un aula a otra ni en el breve recreo. Una visión equivocada de la profesión ha restringido la presencia en el centro a poco más que las horas lectivas, convirtiendo la docencia en un trabajo reducible por todos y reducido por muchos a empleo a tiempo parcial (pagado a tiempo completo), y ha eliminado los tiempos y espacios de contacto no planificado –dinamitando de paso la posibilidad de dedicar más tiempo a los alumnos en riesgo. La solución no es compleja, aunque sí complicada: la jornada (horario y calendario) laboral debe transcurrir en el centro; eso sí, con el equipamiento adecuado y la flexibilidad necesaria, con independencia de que se pueda reducir la carga lectiva. Fuera del centro, administraciones, organizaciones profesionales, empresas proveedoras y otros actores como las fundaciones deben potenciar la horizontalidad a través de encuentros presenciales y redes virtuales.
Es importante considerar que educar no es ya cosa de un docente con un grupo discente, ni siquiera en primaria, donde de un tercio a la mitad del tiempo del alumno no discurre con su maestro-tutor sino con especialistas, apoyos, monitores, cuidadores y otros, sin contar con que cada año o cada dos cambia de profesor principal, ni con bajas y traslados. Fuera de individuos carismáticos, pequeñas variantes y experiencias efímeras, una educación eficaz, un proyecto consistente o un proceso innovador requieren la escala de centro. Y a veces más: redes de centros que permiten ampliar experiencias, distribuir la experimentación y alcanzar economías de escala. También, dentro del centro, se beneficia de la agrupación de aulas y la colaboración entre profesores, como en los bien conocidos proyectos interdisciplinares o en la fusión de grupos con un solo docente en grupos más amplios con equipos de dos o tres. La escala de centro, en fin, ampara mejor la innovación individual, al reducir (y aceptar) el riesgo de error e intensificar el feedback.
Toda organización, como estructura estable al servicio de un fin, tiende a ser conservadora; un centro escolar más, por su función de reproducción cultural, su base en la conscripción obligatoria, la incertidumbre de sus resultados y la asimetría entre profesión y público (a mediados del pasado siglo, P. Mort estimaba para la escuela típica veinticinco años de retraso en la adopción de buenas prácticas ya establecidas). La innovación necesita el impulso y liderazgo de la dirección y la cooperación de los profesores, pero en la escuela pública (dos tercios del alumnado), la primera tiene pocas competencias que no sean administrativas, el claustro vive atomizado y el funcionario puede desentenderse de todo. Estos problemas no existen en los centros privados, lo que, unido a la necesidad de seducir a su público y a la frecuencia con que son parte de redes más amplias, empresariales o religiosas, les dará, guste o no, una ventaja sustancial en los próximos años.

Es justamente la organización lo que ha de cambiar. Lo que cuenta no es el contenido sino las relaciones: entre los alumnos y con los profesores, con contenidos y materiales, con el entorno, la organización de espacio y tiempo... Si se tratara del contenido se resolvería con buenos libros o buenos vídeos. El problema es que los centros son poco más que montones de aulas apiladas y, mientras que estas carecen de futuro (son el residuo de la escuela-fábrica y el profesor-grifo), aquellos, que seguirán y crecerán porque no hay mejor lugar fuera de la familia para los menores, no logran reinventar el suyo. Pero ese es el camino: más escuela y menos aula.

26 sept 2014

Entrevista en INED21

El pasado lunes 22 publicó INED21ese excelente magazine
que mantienen Víctor González y José Luis Coronado, 
esta entrevista que reproduzco.


  1. ¿Cómo sintetizaría en tres claves la educación del s. XXI?


Sería pretencioso por mi parte insinuar siquiera tres claves para un siglo, pero, como alguien que se formó en el sistema educativo del XX (con mucho del XIX) y lucha por entender algo del XXI, yo señalaría tres grandes cambios en el entorno de la escuela a los que hay que responder. Me refiero a la digitalización, la globalización y la naturalización del cambio.
La escuela nació con un alcance muy minoritario para introducir a unos pocos en la lectoescritura y el cálculo, se generalizó y universalizó para introducir a todos en el nuevo entorno creado por la imprenta y el mercado (que exige contar y calcular) y se encuentra hoy ante el nuevo entorno digital y transmediático. No es un instrumento adicional, como la calculadora o el vídeo, sino, insisto, un nuevo entorno, y el profesorado, que era la avanzadilla de la Galaxia Gutenberg y de la modernización, está hoy confundido y mal capacitado ante la galaxia Internet.

La escuela nació también como un instrumento de nacionalización. No para distinguir a una nación de otra, como quieren creer los nacionalistas (aunque ese fuera un efecto secundario), sino para unificar las naciones por encima de las mil fronteras locales, gremiales, religiosas y otras que fragmentaban su población, su territorio y su poder. Hoy vivimos una globalización galopante de la economía, la cultura popular, los procesos medioambientales, el terrorismo, etc., etc. a la que hay que responder con estructuras y acciones políticas globales. Pero esto requiere, a su vez, un sentimiento de comunidad global, humana, y la escuela debería jugar en esta tarea el mismo papel que jugó en crear la conciencia de comunidad nacional. Lamentablemente, una reacción común a la incertidumbre creada por la globalización es la idealización del terruño, la vuelta al calor del pesebre, con “los nuestros”. Es la base del antieuropeísmo, del rechazo a la inmigración, etc. Y, aunque de forma más sutil y alambicada, es una actitud igualmente y más extendida entre el profesorado (basta reparar en el alineamiento localista mayoritario en los sindicatos y los MRP clásicos).
La escuela nació y creció, en fin, para transmitir una cultura preexistente. En parte el legado del pasado y en parte la nueva cultura de las elites urbanas, que se tansmitía al pueblo, a los trabajadores, al mundo rural como un producto elaboradod y completo. Vivimos ya, y nuestros alumnos lo harán aun más, en un mundo en el que el cambio es casi lo único que permanece, si se me permite la boutade, por lo que toca a la escuela no ya transmitir lo que conocemos, aunque siga siendo una parte y una base, sino advertir y entrenar para hacer frente a lo que no conocemos. Una consecuencia secundaria de esto es que el profesor, que representa la herencia cultural, tiene por ello un activo, pero también arrastra una carga.


2.   Permítame esta expresión que he utilizado alguna vez: el laberinto educativo en España, ¿quiénes son, si está de acuerdo con esa denominación, los responsables del mismo? ¿Hay alguna forma de salir de él?


La educación española está en una situación complicada en la que se cruzan ideologías clásicas, reflejos corporativistas, localismos arcaicos, intereses materiales y mucha cerrazón. Los problemas más aparentes pueden ser el fracaso escolar, los mediocres resultados o el descontento generalizado, pero no debemos olvidar los problemas más de fondo, que señalé en respuesta a la pregunta anterior. Y no sé si lo llamaría “laberinto”, porque una característica de la escena española es que resulta relativamente fácil de interpretar. Los actores individuales se mueven por motivos complejos, ambiguos y, a menudo, contradictorios, pero cuando pasamos al ámbito de los actores colectivos la cuestión, por suerte para la teoría y por desgracia para la realidad, se simplfica una barbaridad, se convierte en un guión de guiñoles en el que basta saber quién es quién para saber lo que quiere. ¿Habla una comunidad autónoma? Quiere más competencias y recursos para sus políticos y sus funcionarios. ¿Habla un sindicato? Quiere dar a sus bases la buena noticia de que cobrarán más y trabajarán menos. ¿Habla la iglesias? Quiere más adoctrinamiento obligado y más dinero. Sé que simplifico, pero creo que es sobre todo así, aunque no sólo. Nos falta cultura democrática.


3. El bipartidismo político causa, inevitablemente, un bipartidismo mental: ¿lo ha padecido el debate educativo en nuestro país?


Más que bipartidista, yo diría que en este país somos maniqueos: el bien contra el mal, y el bien siempre somos nosotros –aunque no sepamos bien quiénes somos “nosotros”. El bipartidismo sólo es, creo, una consecuencia temporal de ese maniqueísmo. De hecho, la derecha, acostumbrada históricamente a la idea de que tiene que ganar, han sabido casi siempre agruparse en un solo partido, aunque no sea el mismo en todos los territorios; por el contrario, la izquierda, hecha a la idea de que tiene que perder, tiende a fragmentarse en media docena y siempre hay alguien que quiere más. Podemos, por ejemplo, es un fenómeno muy interesante y ya veremos qué curva de aprendizaje sigue ahora que empiezan a tener responsabilidades, pero es también el maniqueísmo al cubo y a veces parece salido del cómic  V de Vendetta.
En el mundo de la educación no es distinto, sino a veces peor. En su sector más conservador ha llegado a desarrollarse todo un género literario dedicado a airear el estado catastrófico de la institución, que se atribuye a la izquierda, a Mayo 68, etc.. En el sector que se proclama progresista llega a ser tediosa la cantinela interminable sobre el neoliberalismo, los organismos económicos internacionales, el ataque a la escuela pública, los horrores del mercado, etc. Hasta cierto punto, el debate educativo en nuestro país es guerracivilista, en el sentido de que se da por sentado que hay y tiene que haber dos bandos y que los nuestros, con razón o sin ella, son los buenos y viceversa. Eso sí, ahora con el elemento añadido, todavía más maniqueo si cabe, de las burocracias autonómicas defendiendo o pugnando por ampliar sus propios feudos.


4. ¿Cuáles son las causas y factores que más importancia tienen en el fracaso y abandono escolar en España?


Yo distinguiría tres niveles en la respuesta, que podría denominar ambiental, cultural e institucional. En el ambiente, de forma evidente, están las diferencias previas, paralelas y anticipables a la escolaridad: de riqueza, de capital cultural y escolar, de capacitación ciudadana… Aquí nos encontramos con los problemas de las clases trabajadoras, de las minorías étnicas, de los inmigrantes, o los problemas que antes tenían las chicas y ahora tienen los chicos. De esto hay mayor conciencia, quizá porque tiene también una función exculpatoria. En el plano cultural está la aceptación por el profesorado (que, no olvidemos, es quien evalúa) de que entre un quinto y un tercio de los escolares fracasen, un fatalismo (o un clasismo) que es compartido por la sociedad, pero que considero fuera de lugar. En el plano institucional, o de la ordenación, están elementos como la falta de medidas compensatorias y de refuerzo en la educación primaria, la adicción a la repetición de curso en la secundaria obligatoria y el cierre de vías hacia la secundaria superior. Pero esta es una manera analítica de hablar rápido, pues los problemas son siempre una combinación de esos distintos niveles. Un alumno no fracasa o abandona simplemente porque es de familia pobre o porque repite, sino por una acumulación y articulación de factores: tal vez es pobre, y no recibe el apoyo adecuado en primaria, y su instituto le hace repetir en secundaria, y los padres aceptan fatalmente eso, y se le cierra la vía a la formación profesional, y…, y…, y…, pero tal vez en cualquiera de esos momentos se podría haber invertido el proceso (tratamos esto en El fracaso y el abandono escolar en España). Así como parte del papel de la familia es salvar al niño de la peor escuela, el papel de la escuela es salvar al niño de la peor familia. Quizá sea una forma de expresarlo brutal, pero lo que quiero decir con ello es que no hay excusas.


5. Equidad y excelencia son conceptos constantemente repetidos en el debate educativo, y sospechamos que a menudo de forma imprecisa, ¿podría aclararnos, desde su perspectiva, qué significa equidad y excelencia en educación?


Yo creo que la educación es un importantísimo bien en sí misma y que es un factor determinante, y cada vez lo será más, de las oportunidades sociales para la inmensa mayoría de la población. Por lo tanto, el sistema educativo debe ser justo, nuestro objetivo debe ser la justicia educativa. Pero la justicia no se deja reducir a un solo criterio. Hoy hablamos de equidad y excelencia porque así lo hace la OCDE, pero antes se hablaba de igualdad o igualdad de oportunidades. En mi opinión, la justicia educativa debe combinar cuatro criterios: igualdad, solidaridad, equidad y excelencia, que explicaré casi telegráficamente.
Igualdad quiere decir que, sólo por existir, cualquier ser humano tiene derecho a un módicum de educación. Este mínimo sería el éxito en la enseñanza obligatoria y, en un país como España, en la secundaria superior. Esto requiere la gratuidad total de estos niveles, la gratuidad de los gastos anexos (en los que incluiría materiales y almuerzo) y buscar tasas de éxito cercanas al 100%.
Solidaridad quiere decir que debemos poner los medios adicionales necesarios para que todos los alumnos que vienen a la escuela con menos recursos de fuera (por pobreza, por lejanía cultural, por discapacidad…) encuentren dentro los recursos adicionale necesarios para alcanzar también el éxito, en las misma medida que el resto.
Equidad significa que a la escuela no se acude simplemente a recibir, sino que el resultado es también efecto del propio esfuerzo. El alumno debe, progresivamente, pasar de un régimen puramente igualitario a un régimen meritocrático, de recibir con sólo ser y estar ahí a ser recompensado de acuerdo con su contribución. Creo que es lo que corresponde a una sociedad basada en el trabajo y a una ética de la responsabilidad. En la enseñanza obligatoria eso se traducirá en grados distinto de reconocimiento, en la post-obligatoria en una diversificación de las oportunidades.
Excelencia, en fin, significa que todo alumno debe tener la oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades. En parte es un problema de justicia, de derecho al desarrollo individual; pero en parte es también un problema de eficacia, de que a todos nos interesa que se formen los grandes científicos, artistas, etc. del mañana, de cuya contribución nos beneficiaremos todos.
En fin, no se me escapa que estos conceptos no son pacíficos, pero me parece importante que entiendan algunos, por ejemplo la derecha, que la equidad entendida como igualdad de oportunidades no es ya la justicia, y que segregar al diez por ciento del alumnado en un bachillerato más exigente no tiene nada que ver con la excelencia; pero también otros, por ejemplo la izquierda, que la igualdad y el facilismo no son lo mismo que la justicia.


6.  Dos preguntas entrelazadas para nuestro sistema educativo: ¿necesitamos una reforma de la cultura de la evaluación que está siendo implementada? ¿Qué cultura de la evaluación, piensa, puede ser eficaz y adecuada en el contexto español?


Hay dos evaluaciones en el sistema: la de los alumnos por la institución y la de la institución por la sociedad.
Sobre la primera he defendido una y otra vez que el profesorado español es demasiado dado a suspender, a abdicar ante los alumnos que “no valen para estudiar”, a la repetición de curso, a considerar el fracaso masivo como un fenómeno inevitable de la naturaleza. Actualmente y hasta el final de la enseñanza secundaria los alumnos son evaluados exclusivamente por sus profesores, lo que me parece anómalo y en la base de nuestro elevado fracaso, por lo que creo que debería cambiar en el sentido de una mayor intervención de instancias externas.
Sobre la segunda, más incluso que un problema de evaluación tenemos un problema de transparencia. Nunca tendremos un buen sistema educativo si no son prácticas regulares en el mismo la evaluación de las políticas educativas, de los centros, de los proyectos y de los profesores. Pero, más allá de eso, creo simplemente que cuando se ejerce una función pública, por mandato público (ambas cosas en toda institución educativa, cualquiera que sea su titularidad), con dinero público (la inmensa mayoría de los centros), en forma de una obligación pública (la obligatoriedad para alumnos y familias), la transparencia es inexcusable.
En las instituciones educativas debe ser transparente todo, salvo lo que afecte a la seguridad o a la privacidad, y entendiendo estas de manera restrictiva. Los habituales debates sobre los rankings, quién evalúa al evaluador, el economicismo de PISA etc. señalan, es cierto, problemas reales, pero son ante todo y sobre todo cháchara corporativa y reaccionaria de quienes quieren estar alejados de la luz pública.


7. Sobre el docente en España hay muchos mitos que cristalizan, inevitablemente, en tópicos aceptados acríticamente, ¿podría explicarnos los que considera más importantes de ellos?


Los hay para dar y regalar, algunos verdaderamente asombrosos. Por ejemplo, que los docentes españoles están mal pagados, cuando en realidad tienen salarios reales a la cabeza de los de la UE o la OCDE. O que carecen de prestigio, cuando en una encuesta tras otra aparecen entre las primeras profesiones más valoradas por el público; o que este prestigio ha caído en los últimos años, cuando no se ha movido en decenios. Que la jornada  intensiva (“continua”) en la escuela primaria será estupenda para los alumnos, cuando toda (insisto: toda) la investigación conocida dice más bien lo contrario. O algunos más localizados (con menos voceros), aunque no menos intensos, como que en España se pasa de curso con demasiadas asignaturas suspensas, cuando somos, con mucho, el país en que más se repite. Podría seguir, pero no hace falta. Llega un momento en que, inevitablemente, pierde interés la discusión de tal o cual bulo y lo que te preguntas es: ¿cómo hemos formado a nuestros profesores para que tantos de ellos vivan de patrañas?, ¿qué clase de sentido común van a transmitir a sus alumnos?


8. Sabemos que es una línea de reflexión suya desde hace mucho tiempo, ¿qué diagnóstico tiene de la universidad española? ¿Tiene solución?


En realidad he intentado pensar poco sobre la universidad: por un lado porque, desde una preocupación general por la justicia social, mi foco de atención era la enseñanza no universitaria, que es la que concierne a todos; por otro, porque siempre me ha parecido saludable mantener cierta distancia respecto del objeto de investigación, y la universidad, al fin y al cabo, es mi medio de trabajo. Pero lo primero ha ido perdiendo sentido, ahora que casi la mitad de la población accede a la universidad (dicho de otro modo, los estudios universitarios tienen hoy menor valor de escasez que tenían los secundarios cuando yo era alumno), y lo segundo nunca es enteramente posible, o al menos no lo ha sido para mí, porque he topado una u otra vez con unas estructuras injustas, arcaicas e ineficaces.
Yo creo que todo en este mundo tiene solución, pero que nada la tiene garantizada. Vivo la contradicción que formuló Romain Rolland (que atribuyen a Gramsci los que no han leído a ninguno): pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Pero creo que la universidad, más aún las universidades públicas, están al borde de la implosión (o, menos probable, de la explosión). Las sostiene su monopolio de los títulos profesionales de mayor valor, pero han dejado de ser la sede privilegiada de la creatividad (hay más en internet), han dejado de garantizar privilegios (la educación superior paga más, pero no a todos), han dejado de garantizar calidad (hay demasiada mediocridad blindada) y hasta perderán pronto el monopolio de las acreditaciones (pienso, por ejemplo, en las chapas digitalesdigital badgets). Tengo que confesar que mi regreso a la Complutense, tras quince años en Salamanca, ha sido un jarro de agua fría: he encontrado un diplodocus.
En mi opinión, no habrá regeneración de la universidad. Es inviable con un sistema como el actual, de autogobierno sin rendición de cuentas. Los cuatro años que llevo de vuelta en la UCM han sido de crisis aguda por la recesión económica, la inquina del gobierno autonómico y los errores propios, pero no he visto en ellos ni una sola reforma seria, sólo llamamientos a la opinión pública pidiendo apoyo, es decir, nosotros lo hemos hecho todo bien y la culpa es sólo de otros. Suele decirse que no hay que desaprovechar una buena crisis, pero el nuestro es el ejemplo perfecto de lo contrario.


9. En el actual debate educativo, social, y político, se escucha constantemente esta palabra y realidad: endogamia, ¿cuáles son, en su opinión, los principales ámbitos y responsables de esta endogamia de la democracia en España?


Ahora vivimos precisamente la endogamia más pura e intensa, como nunca la habíamos conocido. En la universidad en que yo entré y crecí el poder era sobre todo de los catedráticos, que tenían una enorme influencia a la hora de decidir dotar las plazas de profesor y en los tribunales que las adjudicaban. Enfrentarte a tu catedrático –puedo acreditarlo– tenía un coste altísimo, pero aun así había resquicios por los que hacer una carrera independiente, a menudo basados justamente en la movilidad geográfica.
Las pruebas de idoneidad, parte de las disposiciones transitorias de la LRU del ministro Maravall, funcionarizaron masivamente a miles de profesores in situ, en el lugar donde estaban, dado así un impulso decisivo a la endogamia localista. A partir de ese momento los profesores no numerarios empezaron a hablar sistemáticamente de su plaza, pero no ya como antes podían hacerlo los ya numerarios (los propietarios, como se decía fuera del subsistema universitario) o los designados por el dedo del catedrático para ganar la siguiente oposición, sino como un derecho natural a convertirse en funcionarios en la misma universidad, el mismo centro, el mismo departamento y la misma asignatura en que ya estaban como contratados, a través de una oposición a la que no acudiría nadie más que ellos (y que no debería firmar siquiera nadie que pudiese hacerles la competencia), pero siempre bajo la retórica de los principios de igualdad, capacidad y mérito, como si hubiera sido un proceso competitivo. La lucha se redujo así a conseguir las plazas, a las que se dotaba del perfil oportuno, a menudo grotesco, para que encajase a la perfección el candidato.
Después vinieron las agencias de acreditación: primero la CNEAI, con los sexenios de investigación, y luego la ANECA con las acreditaciones para los distintos cuerpos de profesores. Esto supuso un elemento positivo, al obligar a todo profesor a mostrar cierto nivel de logro fuera del entorno inmediato y garantizar un mínimo nivel académico en los nuevos entrantes (se acabó el díctum de aquel catedrático que se jactaba de poder hacer también catedrático a una farola –he conocido algunas farolas), pero tuvo el efecto perverso de elevar la endogamia localista al cien por cien, pues, sobre la base de las acreditaciones, acreditados y rectorados pactaron por doquier un mecanismo automático de promoción de los acreditados, es decir, la dotación de plazas para todos los profesores propios que fueran acreditándose para los cuerpos sucesivamente superiores. Esta endogamia absoluta es lo que los rectores llaman eufemísticamente promoción interna.
En España universidad ya no es universitas, justo lo que la hizo destacar con luz propia en un mundo de corporaciones locales, sino una enfermiza localitas, con lo que destaca de nuevo, pero en sentido contrario, con una oscuridad propia, en un mundo cada vez más global, abierto y llano. Los responsables están claros y en fila india: profesores, rectores y autoridades. En el curso 1976-77 yo fui coordinador y representante de la Facultad de CC. Políticas, de la Universidad Complutense y nacional de los PNN en la última huelga por el contrato laboral, que perdimos por agotamiento aparente. En los cursos siguientes, ya en segundo plano, vi algo espeluznado cómo las reivindicaciones del colectivo pasaban del contrato laboral a las trasitorias de los sucesivos proyecto de ley (la LAU de la UCD, con González Seara de ministro, y la LRU del PSOE, con Maravall), es decir, de la implantación de un contrato laboral, que era lo que decíamos, al acceso rápido e in situ al funcionariado, que al parecer era lo que queríamos. La diferencia entre el contrato administrativo de aquellos PNN y el funcionariado era como de la noche al día, de la inestabilidad absoluta a la estabilidad total, y el contrato laboral pretendía una estabilidad razonable, condicionada a un cumplimiento, un rendimiento y unos controles adecuados. Pero al pasar al otro extremo desembocamos en esta universidad anquilosada e inflexible, en la que mucha gente hace las cosas bien, pero lo cierto es que ca igual hacerlas bien, hacerlas mal o no hacerlas en absoluto, porque la funcionarización lo blinda todo. El primer factor, por tanto, hemos sido los propios profesores.
El segundo han sido los rectores. En el entorno de autonomía sin rendición de cuentas y democracia interna de las universidades es sencillamente imposible llegar a rector sin prometer y pactar promoción interna, es decir, endogamia. No sólo hay una amplia proporción del profesorado que la quiere (los que no son funcionarios y los funcionarios que quieren subir al cuerpo siguiente), sino que esa parte del colectivo es especialmente activa en los sindicatos, en las estructura representativas y en los espacios informales (cafeterías, comedores…). Si uno resume las conversaciones que tiene u oye en una facultad hay una especie de distribución paretiana: el 80% del tiempo se dedica a un 20% de los problemas, los de la promoción (la endogamia exitosa), y viceversa. Los rectores se llenan la boca hablando de la excelencia, la meritocracia, la competitividad, etc., pero es siempre un brindis al sol, pues  como candidatos jamás perderán un voto dejando de pactar la endogamia (por eso se ha convertido también en una regularidad que cada nuevo rector haya sido antes vicerrector de profesorado).
El tercer factor, claro está, han sido las propias administraciones, que han preferido evitar el enfrentamiento con el gremio universitario. Tengo que decir, aunque me duela, que las formaciones políticas que, al menos, lo han intentado, han sido precisamente aquellas de las que más lejos me siento: la derecha, sin duda porque se siente menos obligada ante un profesorado al que considera de izquierdas (así, el PP, ha tratado de introducir más meritocracia, aunque con poco éxito), y los nacionalistas catalanes, que han querido situar universidades fuera de la égida del estado central y las han dotado para ello de más autonomía (así, en Cataluña, la creación de la UPF y la UOC o el recurso masivo a las figuras contractuales de profesorado propio en todas las universidades públicas).
Por todo esto me produce cierta sonrisa leer u oír hablar de la actual universidad democrática frente a la vieja universidad feudal. Parece haber quien cree que la universidad comenzó a ser democrática el día en que él mismo accedió a la cátedra, a la vez que muestra un patente desconocimiento de lo que era el feudalismo y lo que pueden ser hoy sus vestigios. Una parte del feudalismo era la relación vertical de vasallaje (protección a cambio de servicios), lo que, efectivamente ha desaparecido en gran medida. La otra parte era la organización horizontal corporativa, por la que nadie tenía derechos fuera de su gremio, de su aldea, de su orden religiosa, lo que restringía toda movilidad geográfica y ocupacional. Lo que ha cambiado en la universidad española es precisamente que el corporativismo se ha impuesto al vasallaje.


10. Hay una corriente de regeneracionismo democrático, que está cristalizándose en varias propuestas, iniciativas, y debates sobre temas hasta hace poco tabú, ¿cuáles son los ejes que, desde su mirada crítica, deben vertebrar esta transformación democrática?


No me convence el término “regeneracionismo”, porque no creo que se trate ni de recuperar la España perdida (el imperio y todo eso) ni de regenerar una democracia degenerada. El problema, para mí, es que en la transición, como en cualquier otro momento, se pudo bordar una constitución, o después se han podido bordar numerosas leyes, pero la democracia es también y sobre todo una cultura, un modo de actuar entre las leyes, en sus agujeros y más allá de ellas, y eso es lo que no se puede improvisar y lo que guarda mayor relación con la educación. En 2000, el presidente Bush amañó literalmente las elecciones con aquellas papeletas incomprensibles para los jubilados, autoridades electorales y tribunales designados por su padre o su hermano y hordas republicanas asaltando los locales de recuento, y ganó por unos cientos de votos más que cuestionables. Al Gore recurrió a los tribunales pero, llegado un momento, aceptó los resultados en beneficio de la institucionalidad. En el siguiente debate sobre el estado de la nación, el presidente fue unánimemente recibido con una aclamación, aunque la mayoría ya preveía, como efectivamente sucedió, que sería uno de los peores presidentes de los Estados Unidos. En España, desde que el PP perdió las elecciones de 2004 hasta que las volvió a ganar en 2011 hemos tenido que soportar la estúpida historia de la implicación de ETA en el 11M, ver pateos y retiradas del hemiciclo, oír al actual presidente Rajoy durante todo su periodo de jefe de la oposición dirigirse a su predecesor como “(el) señor Zapatero”, con tonillo desdeñoso añadido. Ahora asistimos al espectáculo de Mas y su gobierno decidiendo que leyes deben ser acatadas o eludidas, qué tribunales le gustan y cuáles no, etc., por no hablar ya de ERC. IU tiene a menudo actitudes similares, aunque con menos consecuencias, y no hablemos de Podemos, la CUP, etc. En España hay pocos demócratas convencidos, impera todavía una visión instrumental y condicional de las leyes y las instituciones, supeditada a los intereses o las creencias propios.
En el ámbito educativo esto es todavía más omnipresente: las consejerías de educación de cualquier signo declaran sin empacho su propósito de retrasar, eludir o forzar cualquier ley que no les guste y muchos directores y profesores no se cortan a la hora de declararse insumisos y negarse a aplicar una prueba externa o colgar una bandera estelada (secesionista). Pero yo creo que el imperio de la ley, por mal que suene, es muy importante, sobre todo en un ámbito institucional tan asimétrico como es la escuela (tan asimétrico en cuanto a las relaciones de poder entre la profesión y el público, sea el alumnado o las familias) y que es el primer entorno público del alumno, donde aprende a convivir con los demás fueran del espacio doméstico. Esta es la primera forma de “regeneración” necesaria, aunque yo la considero un simple fundamento todavía no alcanzado de la democracia.
El segundo elemento importante es la transparencia. En el país hay muy poca en general, como nos recuerdan los acontecimientos de cada día, pero en la escuela hay menos. Recuerdo de hace ya veinte años, cuando fui a escolarizar a mi hijo por primera vez en una escuela pública, que visité antes un colegio y le pregunté a la directora si tenían un proyecto educativo (entonces no era común ni estaba tan claro). Me dijo que sí y yo le dije entonces que me gustaría verlo. Su respuesta: “No, eso es sólo para los profesores del centro.” Nada, pues, de alumnos, o padres de alumnos, mucho menos de futuros alumnos. Esa era y sigue siendo la actitud general: cuanta menos información, mejor. Puede ir del oscurantismo más absoluto, cuando todo se lo guisa el claustro –o el titular en la privada– y apenas se cumplen algunas formalidades hacia fuera hasta la inefable polémica sobre las evaluaciones y los rankings o las diatribas contra los padres como “clientes” o “usuarios”, pero en el fondo siempre es lo mismo: no quiero rendir cuentas. Conozco muchos centros que han apostado claramente por una política de transparencia y puertas abiertas, pero no se trata de eso, sino de que sea la actitud por defecto, porque la información es la base de la rendición de cuentas, de la participación y de la construcción de un propósito compartido en la comunidad escolar.