Plurinacional eres tú

Mi tribuna de anteayer en El País, en V.O., antes de reducirla a 1050 palabras

¿Qué es plurinacionalidad?, se preguntan millones de españoles mientras clavan su mirada en la televisión, la prensa y los tuits de Podemos y PSOE. Sería comprensible, después de tanto mareo con la “nación de naciones” (y no de ciudadanos), el “estado multinacional” (y no nacional), las nacionalidades y regiones (con varias “naciones emergentes”), la soberanía (¿de quién?), el federalismo (¿asimétrico?), el “derecho a decidir” (¿qué?), etc., que la ciudadanía diera la espantada ante la sola propuesta del último adjetivo: plurinacional. A mí, sin embargo, me agrada. Evoca la desafortunada confusión del mundo escolar sobre si hay que ser multi-, pluri-, inter- o transcultural, o nada de eso, pero me gusta porque es un adjetivo que cuadra bien a las personas y mal a los colectivos.

En muchos ámbitos los prefijos multi o pluri son intercambiables o hace falta un cursillo para distinguirlos, pero en el lingüístico tienen significados distintos y objetos diferentes. La coexistencia o el uso de dos o más lenguas en un territorio produce comunidades o estados multilingües y sujetos plurilingües. Un estado es multilingüe si en él se hablan dos o más lenguas, tanto si todos hablan todas como si cada grupo habla apenas una o algún grupo más de una: una lengua es un sistema autocontenido, con un vocabulario y unas reglas específicos y autosuficientes (como, por ejemplo, lo es el catalán, no importa cuánto deba al latín, a otras lenguas romances, al inglés o mañana del chino). Un individuo es plurilingüe si, en la práctica, es competente en el habla de distintas lenguas, en grado desigual. El Consejo de Europa asumió hace mucho esta distinción.

Enrique Flores, El País

Pasemos ahora a lo nacional. Queda cerca, pues la lengua es uno de los elementos más relevantes en la formación de las naciones, aunque no sea ni necesario ni suficiente. ¿España es multinacional o es plurinacional? Algunos pensarán que es lo mismo y otros podrían ofrecer el cursillo, pero creo que, en general, quienes la califican de multinacional quieren decir no solo que está formada por distintas naciones sino que cada una de estas termina donde comienza cualquier otra y viceversa. Declarar las naciones como conjuntos disjuntos (sin elementos comunes) permite, primero, proclamar un sujeto que puede reclamar para sí lo que le parezca sin, aparentemente, vulnerar los derechos de otro (“derecho a decidir”, “solo queremos votar”, etc.); segundo, definir el endogrupo (nosotros) y el exogrupo (ellos) imprescindibles para entregarse a la fértil retórica de los agravios (“nos roban”, “nos atacan”, “son fascistas”, “la guerra civil fue contra nosotros”...); tercero, negar legitimidad propia a cualquier comunidad más amplia y a todo lo que a ella se asocie (el Estado, “Madrid”, la Constitución). Por eso la “nación de naciones”, aunque suene profundo o sutil, como suelen hacerlo las expresiones recursivas (la red de redes, la naturaleza de la naturaleza…), no ayuda mucho, ya que, si España ha de ser tal cosa, o es una metanación formada o creada por naciones, o sea, multinacional, o es una nación yuxtapuesta a otras, o sea plurinacional, porque los individuos pueden sentirse parte de más de una nación, como pueden hablar más de una lengua.

Lo primero es un contrasentido: las naciones no forman ni están formadas por naciones, sino que forman y están formadas por individuos. La formación de los estados-nación tuvo como reverso la constitución y reconocimiento del individuo como sujeto de derechos y la eliminación o reducción a meras asociaciones de las corporaciones intermedias (órdenes, gremios, familias patriarcales, burgos, servidumbre). Una nación de naciones así entendida, multinacional, no podría ser otra cosa que una confederación, siempre sujeta a la conformidad de las naciones que la forma y unilateralmente denunciable por cualquiera de ellas. Pero basta incluso con que sea un estado, y lo es desde hace medio milenio largo –aunque haya sido de forma renqueante–, para que, por más que en un platillo de la balanza se puedan poner la nación o nacionalidad que no es España (p.e. Cataluña), la lengua o la aldea, la identidad colectiva, el sentimiento diferencial, etc., en el otro platillo haya que poner siempre ese medio milenio de ciudadanía, desde la ciudadanía de baja intensidad que puede encontrarse ya en las leyes y costumbres con fuerza jurídica sobre libertad de circulación y residencia en todo el territorio unificado en el siglo XVI, con las lógicas consecuencias en términos de reconocimiento, mestizaje, interculturalidad, etc., hasta la de alta intensidad que han supuesto los períodos democráticos o, por qué no, las mismas contiendas civiles violentas o pacíficas, ganadas o perdidas.

Según la estadística del padrón continuo que ofrece el INE, a 1 de enero de este año, de cada 100 residentes en Cataluña 18 han nacido en otros lugares de España (y otros 18 en el extranjero); y de cada 100 nacidos en Cataluña y que residen en España, 8 lo hacen en algún otro punto de esta. Pero la movilidad no ha dado comienzo con esta generación, de manera que una parte de los nacidos en Cataluña han de ser hijos de no nacidos en ella a los que probablemente les cueste considerarse exclusivamente catalanes, o catalanes en vez de españoles (y en conflicto con el resto), aunque no falten furiosos conversos y rufianes. A falta de estos datos, una pista nos da la proporción de la población catalana que tiene como única primera lengua el castellano, 50%, frente al 40% que suman quienes tiene como tal el catalán (32%) o este y otras (8%). Y otro tanto con los descendientes de catalanes que una o varias generaciones antes se afincaron en otros lugares del territorio español y cuya pista se pierde en las estadísticas.

El resultado es que, en relación con los reinos medievales, las regiones de ayer y las comunidades de hoy, la mayoría somos mestizos, felices de serlo, y así nos gustaría ser tratados. Poder ser tan catalanes, castellanos, aragoneses, andaluces, vascos, etc. como nos parezca, pero sin tener para ello que dejar de ser españoles ni divorciarnos de los otros españoles. Seguramente podríamos afinar a favor de las nacionalidades o naciones sin un estado propio y exclusivo (propio y compartido ya lo tienen), o de la plurinacionalidad de sus integrantes: por poner un solo ejemplo, favoreciendo la vehicularidad compartida del catalán en centros escolares fuera de Cataluña que puedan contar con un número de alumnos viable. Pero haría falta también que la Generalitat reconociera la plurinacionalidad de los residentes en Cataluña, renunciando a imponer la vehicularidad exclusiva del catalán a la amplia mayoría que una y otra vez ha manifestado que prefiere la covehicularidad, es decir, que sus hijos estudien en ambas lenguas. De hecho es lo que pide en las encuestas entre un 60 y un 90% de las familias, que les dejen a ellos y a sus hijos ser plurinacionales, si bien la Generalitat ha optado por sumergirlos en el monolingüismo para hacerlos mononacionales, y con tal grado presión que genera una espiral de silencio a la que pocos se atreven a oponerse a cara descubierta, menos que nunca con sus hijos por medio.

Hay un sencillo ejercicio sociológico que suelo hacer cuando tengo la oportunidad de pasear un rato, como me gusta hacerlo, por cualquier ciudad catalana. Consiste en contar, por un lado, en qué lengua se expresa la gente con la que me cruzo por la calle, lo que suele arrojar una distribución bastante equilibrada y un poco inclinada hacia el castellano; y contar, por otro, en qué lengua lo hacen los letreros, carteles y precios de los comercios y dependencias administrativas, o en primera instancia los empleados que trabajan cara al público, que es casi exclusivamente en catalán. Lo primero, la acción espontánea de las personas (con una historia y una cultura detrás, por supuesto), revela su plurinacionalidad; lo segundo, que viene impuesto por la ley de normalización lingüística –que sanciona no usar el catalán y ampara no usar el castellano– y la presión política oficial y extraoficial del del nacionalismo, expresa la mononacionalidad.

Curiosa o cínicamente, IDESCAT, que realiza para la Generalitat la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población, quinquenal, pregunta a los catalanes españoles todo lo imaginable, pero nada sobre la lengua vehicular que desean en la escuela, que está ya fuera de discusión (ya es mononacional); sin embargo, en una encuesta decenal a los catalanes franceses (“del Norte”) sí pregunta qué lengua vehicular prefieren, incluida la opción de una “enseñanza bilingüe catalán-francés”. IDESCAT quiere que puedan manifestarse plurinacionales los catalanes que, en Francia, se sienten más bien simplemente franceses, y priva de la palabra a los que, en España, se sienten a la vez catalanes y  españoles. No hay sorpresa: el nacionalismo es eso.

La pregunta hoy es qué quiere decir plurinacional para la izquierda. Si significa la coexistencia de identidades y lealtades en la conciencia de las personas y en la estructura del Estado, bienvenido sea; si es un mero sinónimo de multinacional, buscado quizá para marcar distancia con la terminología empresarial, no hará sino ampliar la ceremonia de la confusión. En cuanto a la nación de naciones, si es la expresión recursiva de la plurinacionalidad bien entendida, no es que lo necesitemos pero podremos vivir con ella; pero si es otro nombre para la multinacionalidad, o para la idea de que España es un estado pero las naciones son solo otras (entre tres y una docena, según quién hable) y lo que pueda quedar sin ellas, si es que queda algo, entonces resulta incompatible y contradictoria con la plurinacionalidad, un concepto farragoso e inconsistente y, lo que es peor, un eufemismo para el llamado a la disgregación.

7 ideas para un compromiso por la educación. 3. Ciudadanía plurinacional

Publicado en El Diario de la Educación

El punto de partida es que España es un estado único, cuasi federal, en el que coexisten varias naciones o nacionalidades, entendiendo por tales a colectividades humanas, con una base territorial más o menos identificable no solo jurídica sino materialmente, y que comprenden, en distinto grado, algunos de los rasgos típicamente atribuidos a las naciones (una lengua propia, un legado histórico diferenciado, cierta especificidad cultural, una identidad colectiva asumida…). En tanto que esta realidad diferenciada coexiste con una sólida realidad común, que no es la mera yuxtaposición, prefiero hablar de plurinacionalidad que de multinacionalidad. Aunque los prefijos pluri y multi son prácticamente equivalentes, tanto en el ámbito académico como en el lingüístico, que es donde más se usan y coexisten (pluri y multidisciplinar, pluri y multilingüe…), el primero indica siempre una mayor integración operativa y en el plano individual. Podemos aplica el adjetivo plurinacional a España, no sé si por influencia bolivariana o con intención de decir algo distinto a lo habitual, pero el hecho es que lo ha convertido en un vocablo de uso común.

Yo también prefiero ese adjetivo, por lo dicho y porque es aplicable a cada español. Tras cinco siglos de más o menos libre circulación y establecimiento (muy anteriores a otras libertades) por todo el territorio nacional y dos milenios de intensa movilidad y mezcla en la península, poco queda de pureza nacional, étnica o cultural. Millones de españoles tienen parientes consanguíneos y colaterales en todos los grados de otra nación o nacionalidad y han vivido y/o trabajado en otra comunidad, además de que todos se han beneficiado de un mercado único, una polis unificada y una herencia cultural común y mestiza. Aquí, al menos, todos y cada uno somos plurinacionales. En estas coordenadas, ¿cómo articular culturas y lenguas en la escuela? Siempre será un problema de solución incierta y proclive a tensiones y conflictos, pero no hay necesidad alguna de atascarse en la actual pelea de machos cabríos. Usaré como ejemplo Cataluña, aunque, salvo indicación contraria, pienso en todas las comunidades con otra lengua propia además del castellano.

Bajo el eufemismo de la inmersión lingüística, el nacionalismo catalán ha impuesto la supresión del castellano como lengua vehicular de la educación (una opción sectaria que se extiende de manera más difusa a otras facetas de la escuela). La racionalización, ni siquiera teoría, es que la lengua catalana está perdiendo terreno (aunque nunca, desde el pasado siglo, gozó de tan buena salud y no ha dejado de mejorar), que eso refuerza la cohesión social (pero en Cataluña se estanca la desigualdad mientras en España decrece), que los resultados son buenos para todos (pero, en las evaluaciones diagnósticas, la condición socioeconómica pesa más sobre los resultados que en el conjunto de España), que la competencia en el uso de la lengua castellana no se ve perjudicada (pero nunca se mide) y, por supuesto, que dentro de Cataluña hay un amplísimo consenso social, prácticamente unánime, a favor de tal política. Ni se menciona la universalmente aceptada importancia del uso escolar de la lengua materna, que para el 55% de los catalanes es el castellano, algo que antes de la inmersión se usaba como mantra.

Especial mención merece el presunto consenso social. Cada vez que el tema rebrota, sea por una ley estatal, una sentencia constitucional, el pronunciamiento de alguna organización o algún experto local, las autoridades y los sicofantes, que son legión, repiten la idea de que solo unas pocas familias quieren la escolarización en castellano (las cifras más repetidas son ocho y ochenta, como si quisieran subrayar de manera subliminal que da igual cuántas sean). En los últimos veinte años, en media docena de encuestas (CIS 1998, ASP 2001 y 2009, DYM-ABC, GESOP-El Periódico 2014) que preguntaban a las familias qué fórmula lingüística preferirían en su escuela, incluyendo dos posibles formas de monolingüismo (solo catalán o solo castellano) y tres de bilingüimo (mitad y mitad y predominantemente uno u otro), entre el 60% y el 90% de los entrevistados declararon preferir alguna forma de co-vehicularidad, es decir, del uso de ambas lenguas, en distintas proporciones, como lenguas vehiculares. Incluso las nada fiables encuestas de La Vanguardia (una abierta de 2011 y otra de Feedback, consultora paniaguada del soberanismo, en 2015) dan un 33 y un 19% de disconformes, lo que no es nada despreciable. La Encuesta de Usos Lingüísticos de  la Población (EULP, quinquenal) que realiza IDESCAT, de la Generalitat, pregunta todo lo imaginable pero no las preferencias sobre vehicularidad en la escuela; sin embargo, una encuesta similar, del mismo organismo, para Cataluña “del Norte” (EUCLN, decenal), sí que pregunta sobre “enseñanza bilingüe catalán-francés en la escuela”. Sobran comentarios.

En el lado opuesto de la pelea, el ministro Wert pretendió que cualquier familia residente en Cataluña pudiera optar por la escolarización de sus hijos en castellano como única lengua vehicular y que, de no existir plazas para ello en la escuela pública o concertada, la Generalitat sufragase el coste de su escolarización en la enseñanza privada. En realidad chocan dos visiones unilaterales: de un lado, el nacionalismo catalán utiliza el poder estatal (de la Generalitat), ignorando derechos y preferencias de los ciudadanos, para imponer el uso de la escuela en la construcción de su demos, es decir, exclusivamente de su versión del demos, que es Cataluña no en, ni con, ni junto a… sino en vez de e incluso en contra de España; del otro, el Ministerio pretende reducir la escolarización (como si no fuera obligatoria) a un derecho subjetivo o una opción individual (de las familias, para ser precisos), a la vez que confía la solución al mercado, una fórmula con la que quedaría en manos de los particulares vivir y escolarizar a sus hijos en Cataluña como si esta no existiera, si los padres no residieran o los hijos no fueran, en principio, a vivir y trabajar en ella.

Solo los altos tribunales han propuesto una tercera fórmula. Aunque Superior (de Cataluña) y Supremo (de España) han desestimado diversas demandas individuales de las familias, el Constitucional afirmó en 2010 el carácter vehicular del castellano y tanto el Superior como el Supremo han fallado que este debería tener un mínimo de presencia (el segundo ha sugerido el 25% del horario lectivo). Esta fórmula ha sido aceptada por el Ministerio de Educación, junto a la antes mencionada, pero no por el Departament d’Ensenyament, que solo acepta la inmersión. El mero Estado de Derecho (el imperio de la ley), pues, una condición de la convivencia anterior lógica e históricamente a las libertades y la democracia, ya apunta en ese sentido. Pero hay dos motivos más.

El primer motivo es la plurinacionalidad misma. Si España es plurinacional, en el sentido apuntado, una comunidad compartida que coexiste con comunidades diferenciadas (y donde dice comunidad podría decirse lengua, identidad, historia, cultura…), la escuela habrá de atender a esa doble faceta. La cuestión no es, como a menudo pretende el nacionalismo, llegar a un bilingüismo terminal (si así fuera ¿por qué no desescolarizar a miles o millones de alumnos ahora que su cultura familiar o la internet les dan acceso a la misma o mejor cultura que la escuela?). La respuesta es bien sencilla: porque en la escolaridad, mucho más que en cualquier otro ámbito, el medio es el mensaje. La exclusión del castellano como lengua vehicular grita eso al alumno 24/7/365: eres catalán, no español (no importa que se llame soberanismo, desconectar, fer país o de otra manera), y su restitución es la condición para que el mensaje implícito sea la plurinacionalidad, tal como aquí  la hemos definido.

El segundo motivo es atender a los deseos de la población, expresados en las encuestas antes mencionadas. El hecho de que porcentajes de dos dígitos en las encuestas, mayoritarios en las más fiables, se traduzcan apenas en un pequeño número de reclamaciones contra la inmersión no indica malas técnicas demoscópicas sino una muy mala convivencia política. La diferencia entre esa masiva respuesta anónima en las encuestas y la limitada iniciativa legal solo se explica por un clima intimidatorio en el que las familias temen singularizarse reclamando algo a lo que las autoridades se oponen y buena parte de los docentes, sin duda, también. Será difícil restablecer la confianza, pero una escuela en la que todos los alumnos y las familias se sientan a gusto con independencia de su lengua, su cultura, su origen o sus preferencias es irrenunciable.

Esto no implica que la vehicularidad deba repartirse a partes iguales entre las lenguas oficiales, algo que en realidad nadie reclama. El desequilibrio entre la lengua propia y la común, donde y cuando quiera que lo haya, puede compensarse con una covehicularidad ponderada, compensatoria, como sugieren la razón y los tribunales, y con otras medidas adicionales si hace falta. Si en Cataluña esta política supondría el abandono de la inmersión excluyente, en otras comunidades, particularmente de lengua catalana y gallega, significaría, por el contrario, la generalización del bilingüismo.

La segunda mejor opción, o tal vez el mal menor, es la elección por las familias de la lengua principal con la otra como asignatura obligatoria y tal vez vehículo de algunas otras actividades. Grosso modo es el modelo del País Vasco, quizá propiciado por la disimilitud entre euskera y castellano, que no sea da entre lenguas romances. Puede que a día de hoy también fuera posible ahí la covehicularidad, o algo parecido, pero esto ya es tema para los profesionales sobre el terreno, no para mí.

Finalmente, el reconocimiento de las implicaciones de la plurinacionalidad para la coexistencia de las lenguas vehiculares aconsejaría también –o al menos sería compatible con ello–, el establecimiento de centros bilingües, fuera de las comunidades de doble lengua, allí donde una demanda suficiente y viable (una cantidad suficiente de población desplazada y concentrada) lo hiciera posible. Por aclararlo con un sencillo ejemplo, la presencia de catalanes, valencianos y baleares en Madrid daría para un buen número de centros o grupos bilingües en catalán y castellano en la conurbación de Madrid y, en menor medida, en otros muchos núcleos demográficos.