Parece de cajón, pero no lo es (una coalición PSOE+UP)

En la historia interminable de las actuales negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para la investidura, se antoja intuitivo que, si son imprescindibles los votos afirmativos de dos grandes partidos (más un racimo de pequeños), lo lógico es que éstos pacten un programa, más próximo al mayoritario, y se repartan las carteras ministeriales y otros cargos de acuerdo con su peso en escaños. Sería razonable también, aunque no imprescindible, cierta desproporción a favor del socio mayoritario para favorecer la coherencia y la estabilidad, que en política son bienes en sí mismas (el mismo motivo que se esgrime para las circunscripciones territoriales, las reglas tipo d’Hont o las primas al ganador), o simplemente porque suele ser el que tiene otras opciones. No lo es tanto que el socio minoritario quiera una representación proporcional al voto y no a los escaños (eso vale para una coalición electoral, pero no parlamentaria), y es deshonesto que quiera obtener un sobreprecio porque su apoyo es justamente la gota que falta (como en La Rioja, donde UP impidió la investidura por no haber conseguido 3 de las 8 consejerías, el 38%, con, 2 de los 17 escaños de la coalición, el 12%). Con pequeñas variantes, esas reglas de proporcionalidad suelen regir, por ejemplo, en el interior de los partidos o en las empresas de capital social (por acciones).

Pero la política es un poco más complicada, por suerte, al menos en democracia. Conviene hacer cuentas no sólo en el interior de la potencial coalición gobernante, sino también entre el conjunto de los gobernados. En el Barómetro de mayo de este año, el CIS preguntó a una muestra representativa de la ciudadanía dónde ubicaban a los partidos en una escala de izquierda-derecha en la que los respectivos extremos serían 1 y 10, dónde se ubicaban personalmente a sí mismos y qué habían votado en los últimos comicios nacionales. Si nos limitamos a los partidos nacionales y los ordenamos en este mismo sentido, los resultados están en la Tabla 1.

Tabla 1

	UP	PSOE	C’S	PP	Vox
Ubicación por ciudadanía	2,3	4,0	7,0	8,0	9,4
Autoubicación de sus electores	2,7	3,5	5,7	6,9	7,5
Distancia al ciudadano medio	1,8	1,0	1,2	2,4	3,0
Escaños obtenidos en 2019	42	123	57	66	24

Las cifras cobran sentido cuando se comparan con la autoubicación del conjunto de la ciudadanía, que está en un valor de 4.62, moderadamente en la izquierda (el punto medio entre 1 y 10, ya que no hay 0, sería 5.5). Nótese, aunque sea como una glosa anecdótica, que la ciudadanía en su conjunto sitúa al PSOE en la izquierda algo más cerca del centro, o menos a la izquierda, de lo que lo hacen sus electores, a Unidas Podemos más cerca de la extrema izquierda de lo que lo hacen sus votantes y a todos los partidos de centro-derecha o derecha más a la derecha de lo que lo hace su base electoral (particularmente a Vox). En definitiva, una tendencia a demonizar al adversario de la que sólo parece salvarse como partido el PSOE y que se da más entre los votantes de la izquierda (incluidos los del PSOE) que entre los de la derecha.

¿Qué indicador es mejor para ubicar a cada partido: el que ofrecen sus propios votantes o el que le adjudica el conjunto de la ciudadanía? Ninguno es perfecto, podrían argumentarse ambos y las diferencias son de distinto grado y pueden seguir distintas lógicas, pero aquí optaremos por lo más sencillo, que es ubicar a cada partido donde lo hace la ciudadanía agregada. Primero porque así percibirá la mayoría su presencia en el gobierno y su posición frente al mismo y, segundo, porque simplifica el cálculo sin merma aparente.

Comparemos ahora la orientación de hipotéticos gobiernos con la del conjunto del electorado. Antes, incluso, de ir con las coaliciones, es de señalar que, de haber un gobierno monocolor, un gobierno del PSOE sería, además del más factible por su peso en escaños (35%), el más próximo al posicionamiento del español medio, apenas a 0,6 puntos de distancia (máximo 9, recuérdese, y mínimo 0), lo que, como enseguida se verá es una distancia muy soportable. La Tabla 2 muestra ya la ubicación de las posibles coaliciones y su distancia con el conjunto del electorado (o con un hipotético ciudadano medio).

Tabla 2

Gobierno	Escaños	Ubicación	Distancia
PSOE	123	4,0	0,6 a la izda
PSOE+UP	165	3,6	1,0 a la izda
PSOE+C's	180	5,0	0,4 a la dcha
PSOE+C's+UP	222	4,4	0,2 a la izda
PSOE+PP	189	5,4	0,8 a la dcha
PP+C’s	123	7,5	2,9 a la dcha
PP+C's+Vox	147	7,8	3,2 a la dcha

La ubicación de cada hipotético gobierno de coalición es la media de las ubicaciones de los partidos que lo forman ponderada por sus escaños (por la proporción de los escaños de cada partido sobre el conjunto de los escaños de la coalición). Así, por ejemplo, en una hipotética coalición PSOE-UP, el PSOE, con 123 escaños, tendría un peso y una influencia casi triples que las de UP: no sólo carteras, cargos, presupuesto y otras entidades discretas susceptibles de ser fraccionadas y repartidas, sino también en cuestiones modulables y pactables peo indivisibles como el programa, las políticas generales, la comunicación pública, etc. Lo que encontramos enseguida es que tal coalición se situaría más lejos del centro de gravedad, aunque no mucho: 1,0 puntos. Pero estaría más lejos que una colación PSOE-Ciudadanos (a 0,4 puntos), sensiblemente más que una coalición tripartita PSOE-C’s-UP (a 0,2), incluso a más distancia que una coalición PSOE-PP (a 0,8). Todo esto resulta fácilmente comprensible: si el PSOE está ligeramente a la izquierda del español medio y Ciudadanos está ligeramente a la derecha, y además tiene más escaños que UP, esta coalición sería preferible en todos los aspectos desde el punto de vista agregado del electorado; si, partiendo de la ubicación del PSOE, un gobierno se moviera algo a la derecha por la influencia de C’s y algo (pero menos) a la izquierda por la de UP, el resultado estaría más cerca del óptimo en relación con la ciudadanía agregada; un gobierno PSOE-PP, en fin, reuniría a los dos partidos mayoritarios, por lo que difícilmente iba a estar muy lejos del centro de gravedad, aunque dejase a muchos enfadados en la izquierda de la izquierda, la derecha de la derecha y el centro del centro.

En democracia, hay varias conclusiones obvias. La conclusión cero es que cualquier fórmula razonable gira en torno al PSOE, no sólo por sus resultados en escaños, casi doble que el segundo e igual a la suma con el tercero, sino por su centralidad en el arco político (incluso por su moderado izquierdismo, ya que el conjunto de la ciudadanía también se inclina hacia ahí). Nada, ni a su izquierda ni a su derecha, podría sumar mas votos sin los socialistas que con ellos, y una coalición-pinza puede funcionar, y todavía es muy posible que lo haga, para impedir la formación de gobierno y forzar nuevas elecciones, aunque para algunos de sus socios puedan resultar suicidas, pero de ninguna manera para formar gobierno. A partir de aquí, hay cuatro conclusiones más sobre las posible coaliciones.

La primera es que el gobierno ideal sería una coalición de PSOE, Ciudadanos y Podemos, tal vez difícil de gestionar pero la más próxima al elector medio en 2019, apenas a 0.2 puntos del centro de gravedad. Esto ya se intentó tras las elecciones de 2016, pero fue imposible por la prepotencia aventurera, sectaria y electoralista de Podemos, y el fiasco trajo como consecuencia la recuperación de la derecha; hoy es inviable por el no cerrado de Ciudadanos, convencido de que su futuro está en competir por el electorado del PP, pero, si así no fuera, estaría por ver si Podemos no volvía por sus fueros. La convivencia entre C’s y UP sería difícil, pero podrían confluir en la demanda de una reforma del sistema electoral y otros elementos del “régimen del 78”, y su contrapeso recíproco podría, paradójicamente, ser un elemento de equilibrio para un gobierno tripartito.

La segunda es que la siguiente mejor opción sería una coalición PSOE-Ciudadanos, a 0.4 puntos por la derecha del centro de equilibrio, hoy factible porque la suma de los resultados de ambos ya arrojaría mayoría absoluta y sería la coalición más próxima al elector medio: C’s, cuya principal seña de identidad era la resistencia al nacionalismo secesionista, deberá explicar más temprano que tarde por qué ha dinamitado la vía que más fácilmente podría haber permitido ya un gobierno que pudiera prescindir de éste para la investidura.

La tercera, que gustará a pocos, es que la siguiente opción, antes que una coalición de izquierdas, de progreso o como se quiera llamar, sería la coalición PSOE-PP, algo más alejada del elector medio, a 0.8 puntos por la derecha, pero con mayoría suficiente para no depender de socios oportunistas. Gustaría a pocos, quiero decir, de los habituales indignados, los que desde la izquierda identifican a toda la derecha con Vox y a Vox con el fascismo, o los que desde la derecha presentan a la izquierda como eterno rehén de Bildu, etc. Dada la tradicional polarización de la política española, así como los riesgos de que fuera vista como una alianza sin principios del “antiguo régimen”, el último estertor del bipartidismo, sería problemática, y con seguridad “inaceptable” para buena parte de sus respectivas bases, pero no distinta de las alianzas entre democristianos y socialdemócratas en Alemania y otras grandes coaliciones en momentos de crisis.

La cuarta y última es que una coalición PSOE-UP, además de ser insuficiente y forzar al PSOE a buscar el apoyo o la no resistencia de algún otro partido (lo que quiere decir a su derecha, donde resulta más difícil precisamente por ello, o entre los nacionalismos y otros particularismos que no dudarán en exigir un precio oportunista), se sitúa más lejos del centro de gravedad que cualquiera de las anteriores y que un gobierno monocolor. La distancia no es ni mucho menos insalvable (1 punto por la izquierda) y es casi indistinguible de la que supondría el antes mencionado “gobierno de concentración” (0.8), pero ahí está y, a diferencia de este caso, no tendría fuera dos focos de oposición que hasta cierto punto se anulasen mutuamente sino un sólo, un bloque de derechas (incluida parte del nacionalismo, que también lo es en el sentido más tradicional), hoy con el riesgo añadido de estar dividida entre dos partidos, PP y C’s, que compiten ferozmente entre sí por representar a toda la derecha y que se esfuerzan por recomprar el espacio de Vox.

Una conclusión adicional, el corolario de las tres primeras, es que el pluripartidismo no ha traído lo que prometía sino todo lo contrario. En 2016 fue P’s quien hizo imposible una coalición con PSOE y C’s; ahora es C’s quien dice no desde el principio a estos dos posibles socios (y temo que, si no fuera C’s, sería P’s quien dijese no a un tripartito con “el partido del Ibex”, “marca blanca del PP”, o incluso aquellos iluminados socialistas, pocos pero veloces, que se apresuraron a cantar “¡Con Rivera no!”, en la misma noche electoral). La evidencia, aun paradójica, en el nuevo pluripartidismo es que los nuevos actores, C’s y P’s (hoy UP) no son menos partidistas y electoralistas que aquellos a quienes acusaban de tales, sino igual o más, empeñados como están en sus batallas dentro de cada uno de los dos presuntos grandes bandos, en los que siguen inmersos mientras España se ha ido moviendo al centro.

En estas circunstancias se comprende a la perfección el esfuerzo del PSOE por desdibujar la participación de Podemos en una coalición, aunque el resultado sea dudoso. Un esfuerzo en el que todo vale: evitar su presencia en el gobierno, reducirla a ministerios secundarios, vetar los nombre más significados… Si se añade la complacencia de Podemos con los nacionalismos (aunque se limite formalmente a la autodeterminación o a la consulta en referéndum), que tiene a éstos particularmente entusiasmados con su llegada, se entenderá que esa coalición puede satisfacer a los amigos, pero también crear o despertar a los enemigos. Las coaliciones se hacen para sumar, pero a veces pueden restar.

Una buena proporción de los lectores iniciales de este texto es probable que no haya llegado hasta aquí, impacientada por estas cuentas que parecen no contar con lo más importante: qué políticas, qué programas (“¡programa, programa, programa!”, en versión moralizante), qué posicionamiento en la divisoria izquierda/derecha. Pero de eso, precisamente, se trata. Sin duda hay muchas maneras de entender la democracia, pero yo destacaría, aquí, dos. La primera es la mera renuncia a la violencia. The ballot or the bullet!, clamaba Malcolm X. Un dicharacho muy popular explica que la democracia consiste en contar cabezas en vez de cortarlas. O sea, si tenemos los votos suficientes, o más bien los escaños (gobierno de la mayoría), podemos hacer lo que consideremos conveniente dentro de los límites del respeto a la ley (Estado de derecho) y sin coartar el derecho a la crítica (respeto a las minorías), hasta la siguiente ronda electoral, que dará a los demás la oportunidad de hacer otro tanto (alternancia). Hay incluso un punto de honor en cumplir todo lo que se prometió en el programa (ser fiel al electorado) y no apartarse del mismo (no traicionarlo, no incumplir). En resumen, gobernaremos como nos permitan los límites establecidos, que son los de la ley y las diversas exigencias de mayoría simple, absoluta o cualificada, lo mismo con el 51% de los escaños que si hubiésemos obtenido el 100%. Por supuesto que esto es plenamente legítimo, además de legal, pues al final del día hay que decidir una u otra vez, pero no es lo mismo como resultado final, tras la eventual búsqueda infructuosa de acuerdos y compromisos, que como posición de principio.

Como principio cabe también interpretar la democracia como un diálogo, un sistema de gobierno para todos y con todos, hasta donde sea posible. Quienes vivieron el primer gobierno socialista recordarán la distinción de Alfonso Guerra entre los “ministros del partido” y los “ministros de Felipe González”; Guerra se reivindicaba parte de los primeros, mientras que los últimos, en general más moderados, levemente más a la derecha, podían considerarse el puente tendido de González para ser y parecer el presidente “de todos los españoles”. En el llamado régimen bipartidista, los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, tenían por fuerza que aproximarse al centro para ganar la mayoría y no les resultaba difícil arrastrar a los extremos, tanto si los tenían dentro, como el PP (resulta irónico que se escandalicen hoy tanto con Vox quienes ayer condenaban al PP por tener fachas dentro: ya están fuera, ¿no era eso lo que querían?), como si estaban fuera, como el PCE y luego IU contiguos al PSOE (el precio de esto fue, en su momento, la pinza Aznar-Anguita contra González). En un régimen ya no básicamente de bipartidismo sino más plural, o más fragmentado, con al menos cuatro partidos con un peso electoral y parlamentario significativo y, por consiguiente, más opciones de coalición mayoritaria entre el centro y los extremos, como las que antes vimos, se plantea una sencilla disyuntiva: ¿es mejor coalición la que más se acerca al punto de encuentro, o de menor desencuentro, o la que reúne a los hermanos separados, a los nuestros, lo que en la cultura política española todavía significa o la derecha o la izquierda, las alineaciones tradicionales de la segunda mitad del XIX y la primera del XX y de la trágica guerra civil?

Estamos aprendiendo ahora que la Constitución debería prevenir e impedir situaciones de parálisis como la actual, en la que resulta posible no sólo que no se pueda formar gobierno y haya que repetir elecciones sino que vuelva a suceder una y otra vez (como ya lo ha hecho: 2015 y 2019), lo que probablemente llevará a algún automatismo a favor de la minoría mayoritaria (como en las municipales) o a eliminar la obligación de convocar nuevas elecciones si no hay mayoría simple, para así obligar a los partidos a formarla. Pero también deberíamos aprender, en sentido contrario, que la ejecutabilidad (siempre que unos puedan y/u otros lo permitan) de cualesquiera resultados electorales no los convierte en la fórmula inevitable, ni mucho menos óptima, de gobierno. Cabe distinguir una cultura democrática orientada al consenso, al acuerdo postelectoral, de una orientada al voto, al resultado electoral. En la segunda, que es la nuestra, el consenso es invocado de manera ritual o para unos pocos “asuntos de Estado”, y no siempre, incluso cada vez menos, mientras que todos los demás son directamente encomendados a cualquier mayoría ejecutiva; en la primera, el máximo consenso es siempre deseable y debe ser buscado en todo momento, aunque al final haya que decidir en todo caso, y los resultados electorales no sólo muestran las mayorías posibles sino que ordenan jerárquicamente las potenciales coaliciones en relación con el centro de gravedad de la ciudadanía. Los extremos no suelen estar de acuerdo con esto, claro está: para Vox, de un lado, cualquier alianza activa o pasiva de PP o C’s con el PSOE sería alta traición, rendirse una vez más ante la izquierda; para P’s/UP, del otro, sería otro tanto o incluso peor. Unos y otros suspiran por llegar al poder ejecutivo, aun a sabiendas de que eso alejará al gobierno del centro de gravedad, porque viven convencidos de que, una vez que parte al menos de su política sea hecha realidad, el electorado verá la luz y comprenderá sus méritos, pero no parece que haya sido ese, sino todo lo contrario, el resultado para Vox tras las concesiones arrancadas al nuevo ejecutivo andaluz y ni para la nueva izquierda tras un mandato en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona.

Papanatismo plebiscitario

Mi tribuna de ayer en El País

Corría el año 1852 cuando Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, y Friedrich Engels, en Revolución y contrarrevolución en Alemania, acuñaron la expresión “cretinismo parlamentario”. Marx se apiadaba de los afectados, confinados “en un mundo imaginario y [privados] de todo sentido, toda memoria y toda comprensión del rudo mundo exterior”; Engels se reía de las “infelices víctimas” y su “solemne convicción de que todo el mundo, su historia y su futuro se rigen por la mayoría de votos de aquella institución representativa que tiene el honor de contarlos entre sus miembros.” Se referían, claro está, a que sus proclamas y resoluciones iban a chocar con la dura realidad de los poderes establecidos y de la lucha de clases. El sambenito hizo fortuna y fue repetido una y otra vez por Lenin, Trotsky, Gramsci y, claro está, todos sus corifeos. “No es un insulto”, diría Trotsky, “sino la característica de un sistema político que sustituye la realidad social por construcciones jurídicas y morales, por un ritual de frases decorativas.”

Tienta calificar de tal la pretensión secesionista, sea desde el parlament o el govern, de representar la voluntad inequívoca del grueso de la sociedad catalana, cada vez que aprueban leyes del calibre del referéndum de autodeterminación y la desconexión o secesión en una cámara que no tiene competencias para ello, a la que no fueron elegidos para eso y en la que representan el 53% de los escaños, el 48% del voto y el 36% del electorado. Pero sería ingenuo hablar de cretinismo cuando han organizado con notable eficacia y apoyo un autogolpe que, en su análisis, sólo puede beneficiar a la causa: en el improbable caso de salir todo a su antojo, alcanzarían la independencia desde una minoría de la sociedad y del electorado; en el más que probable de no lograrlo, el gobierno se verá abocado a negociar entre alguna forma de ejercicio del derecho a decidir y, al menos, una batería de concesiones, sobre todo si no faltan los equidistantes que temen tomar partido o tratan de contentar a todos; en el peor escenario, la aventura dejará una nutrido archivo audiovisual de simpáticas jóvenes ofreciendo flores a los ceñudos represores, si es que no se añade algo con lo que alimentar el martirologio. (También es mala suerte que nos haya cogido con el peor y más débil gobierno de la democracia, pero no es casual.) Cretinismo, si acaso, el de los incontables indignados que, sin ser protagonistas del plan, aceptan y aplauden la reducción de la democracia al voto de unos representantes ignorando en bloque el procedimiento parlamentario debido (tecnicismos), el Estado de derecho y el  imperio de la ley (con lo mal que suena), la división de poderes (no se la cree nadie), la letra y el espíritu de la Constitución y el Estatut (¡uy, esos!) y la soberanía del conjunto del pueblo español (¿el pueblo qué?).

En la segunda oleada de la epidemia, el virus parlamentario muta en plebiscitario. Pues plebiscito es un referéndum que no se limita a tratar de cambiar tal o cual ley sino que promete y reclama fe incondicional en un futuro esplendoroso: al poco, asegura la vieja y corrupta CiU, Cataluña será Dinamarca, Holanda, o las dos; al día siguiente, promete ERC, será una república social y libre de corrupción; tarde o temprano, añade la CUP, llegará el socialismo, pero el de verdad, el comunismo. Les falta citar a Pujols: Perquè seran catalans, totes les seves despeses, on vagin, els seran pagades. Lástima que el viaje sea más bien de la pátria de la veritat (Pujols) al país de la mentira desconcertante (Ciliga). Si votar en el parlamento es bueno, hacerlo en la calle tiene que ser el bien supremo. ¿Cómo oponerse al derecho a decidir? “Més democracia” (Colau); “esto no va de independencia, sino de democracia” (Guardiola); “España no tiene un problema con Cataluña, sino con la democracia” (Ibarretxe); “una manifestación política legítima” (Iglesias). Es una idea de la democracia que se reduce a que todo vale si se vota, no importa qué ni por quién. El voto pasa a ser como blanquear el dinero: no importa de dónde venga ni a dónde vaya, siempre que se pueda presentar un recibo en orden de la última transacción. Dos mil quinientos años dando vueltas a quién, cómo y cuándo votar, a como separar y contrapesar los poderes, y resulta que era sólo esto. Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol, cantaba Quico Pi de la Serra. Vamos a dejarlo en que, como levanten demasiado el vuelo los papanatas, a los que la Academia define por su sencillez y credulidad, la democracia va a vivir un eclipse imprevisible. Si no lo creen, asómense a Twitter.

¿Es congruente ser nacionalista de izquierdas?

Publiqué esto hace una eternidad, pero sigue vigente (entonces no tenía blog)

A primera vista se diría lo único consecuente. Ante todo, tenemos a los más plus de ambos mundos: abertzales vascos, republicanos catalanes y bloquistas gallegos, siempre por delante del nacionalismo moderado y de la izquierda tradicional. El mismo nacionalismo moderado parecería una izquierda moderada, como PNV-EA o CiU, un nacionalismo siempre más social que su contraparte panespañola. Por otra parte, la izquierda tradicional, siempre dispuesta a marchar con el nacionalismo, sea con reparos, como PSC, PSE y PSG en sus inestables alianzas regionales, o con el entusiasmo de quien se apunta a un bombardeo, como IU. A esto cabría añadir una larga tradición internacional tendente a identificar ambos términos, tomando por izquierda a meros nacionalismos (como el baasismo, el nasserismo, el peronismo y tantos otros) o al revés (¿recuerdan cuando el Departamento de Estado norteamericano llamaba jóvenes nacionalistas al PSOE?). Sin ir tan lejos, dos fenómenos son evidentes: un nacionalismo radical que ha logrado atraer a una parte importante del electorado de izquierda y una izquierda que suplica la bendición o, al menos, el perdón del nacionalismo.

¿Qué es la izquierda? Es, simplemente, la igualdad. Pero Bobbio (Derecha e izquierda) ya advirtió que hay que especificar, además, entre quién, en qué y por qué criterio. El qué puede ser de muy distinta naturaleza: integridad o dignidad personales, derechos civiles, libertades negativas, derechos políticos, oportunidades sociales, recursos económicos... El criterio también: per cápita, según las necesidades, según la contribución (sea el trabajo, la inversión, el esfuerzo, la productividad marginal), dejada al azar... Y, por supuesto, el quién: los propietarios, los no dependientes, los varones, los adultos, los ciudadanos, los residentes, los humanos... Muchas demandas de la izquierda sólo buscaban ampliar o generalizar derechos, oportunidades o recursos ya al alcance de algunos, mientras que la derecha trataba de mantener su carácter minoritario, de privilegios.

Lo importante es comprender que si la igualdad puede referirse a objetos, sujetos y criterios tan distintos, no serán compartidos por todos, ni siquiera por quienes con mayor convicción se proclamen de izquierda. Dicho llanamente: es posible, incluso frecuente, situarse a la izquierda en un ámbito y a la derecha en otro, pues la (auto) ubicación política no es algo unitario (no estamos hechos de una sola pieza). La historia lo ha mostrado hasta la saciedad: sindicatos racistas (la mayoría de los gremiales y profesionales, no hace mucho), partidos de izquierda colonialistas (el socialismo francés y el laborismo inglés, v.g.) o segregacionistas (el comunismo surafricano en sus inicios), toda suerte de organizaciones obreras machistas y xenófobas, sufragistas burguesas, etc. Este dualismo no es fácil de sobrellevar, pues conlleva cierta disonancia cognitiva, sobre todo en la medida en que la moral se funde en postulados universalistas. El impulso igualitario (de izquierda) es expansivo, y mucha gente pugna por dar coherencia a sus opciones morales y políticas, por lo que quien empieza oponiéndose a una forma de desigualdad tiende a hacer lo mismo ante otras y, así, las mismas personas dan vida a organizaciones, actividades y movilizaciones contra diversas formas de desigualdad; además, de una enemistad común puede nacer una buena amistad, y distintos movimientos enfrentados a un orden desigual pueden terminar confluyendo, entremezclándose y asumiendo recíprocamente sus demandas (así, por ejemplo, el movimiento obrero ha llegado a rechazar la discriminación genérica o étnica).

Pero lo esencial es que, no habiendo una sola divisoria social sino varias, se puede ser igualitario ante unas y no ante otras, de izquierda en esto y de derecha en aquello. De hecho, mucho autoproclamado izquierdista no sufre sino incongruencia de status, es decir, un profundo malestar basado en la creencia de que se valora lo que no se debe (y en lo que él vale poco) y no se valora lo que se debe (y en lo que él vale mucho). G. Lenski (Poder y privilegio) fue quien mejor comprendió que no sólo importa cuál sea el grado de desigualdad en tal o cual dimensión (entre hombres y mujeres, entre empleadores y empleados, entre adultos y jóvenes...), sino también, y más, cuál sea el peso relativo de cada una de las dimensiones de la desigualdad (el sexo, la clase, la edad, la etnia, el territorio, la religión, la afiliación política y un largo etcétera). Aunque la búsqueda de la coherencia moral y la experiencia de la opresión conjunta puedan empujar a ser de izquierda (o de derecha) en general, el impulso inmediato, sin embargo, es bien otro: alinearse a la izquierda en aquello en que sufrimos desventajas y a la derecha en aquello en que disfrutamos privilegios. De ahí las vilipendiadas pero tercas figuras del obrero machista, la feminista burguesa, la basura blanca, la canalla patriótica y otras incoherentes coherencias; inconexas desde la perspectiva de una moral universalista, pero redondas desde la perspectiva de los intereses particulares. Ahí es donde se incluyen el nacionalismo de izquierdas y la izquierda nacionalista.

Por otra parte, ¿qué es el nacionalismo? La idea común es que éste busca dividir alguna gran entidad imperial, colonial o de otro tipo, siempre contra natura, para que en la nueva nación coincidan por fin el perímetro del poder y el sustrato de la cultura. Aunque esto pueda tener algo de verdad, la esencia del nacionalismo revolucionario fue exactamente la contraria: crear un espacio común, con libertad de movimiento y residencia, una lengua codificada, unas leyes para todos, un poder político unitario, un sistema uniforme de pesas y medidas, una cultura homogénea, una ciudadanía única..., estos sí, contra natura, por encima de los particularismos locales, gremiales, étnicos, religiosos y otros que eran los que realmente contaban en la vida real y cotidiana de las personas (y no su lejana adscripción a tal o cual armazón imperial). El nacionalismo, en otras palabras, fue un movimiento unificador. Bien es cierto que, en sociedades todavía dispersas y ya mestizas, unificó unos rasgos a costa de otros, pero en todo caso unificó. El actual nacionalismo tardío, el secesionismo frente a unas naciones constituidas ya hace siglos como Estados (o viceversa, tanto da), busca justamente lo opuesto. Ya no se trata de disolver toda la caterva de derechos locales, privilegios gremiales, estigmas étnicos, etc., en una ciudadanía común, sino de romper ésta con la promesa de nuevos privilegios distintivos.

De ahí precisamente su cara izquierdosa. No se arrastraría a mucha gente por la vía separatista con la simple promesa de cambiar de amo. El nacionalismo se viste de izquierda porque está en conflicto, incluso en guerra. Cuando se hacen sonar los tambores para la batalla, hay que proclamar la hermandad universal en las propias filas. Puede ser incluso sincero, pues la tensión del conflicto genera una fuerte solidaridad interna en cada bando. No es casual que las grandes oleadas igualitarias hayan seguido siempre a las grandes guerras (los derechos políticos a la Primera; los sociales, a la Segunda). La vanguardia nacionalista puede, además, vivir su propia cruzada como una auténtica revolución de izquierdas, pues ellos no sólo van a tomar el palacio de invierno, sino que se lo van a repartir con su magnífica colección de cargos, despachos, sueldos, dietas y otras gabelas: un inmenso botín, como ya apuntó E. Gellner (Naciones y nacionalismo), aunque sólo por una vez, y para los más avispados. En contraste, donde no hay veleidades secesionistas, el localismo es más bien conservador (U. Alavesa, U. Valenciana, P. Aragonés Regionalista, P. Andalucista, Coalición Canaria...) o es asumido por los partidos nacionales (PP en Galicia, PSOE en Andalucía), y el nacionalismo de izquierda no pasa de ser una nota folclórica: Chunta, Andecha, BNV-EV, MPAIAC o ICAN...

No sé si fue Lenin, sin duda el gran estratega de la izquierda revolucionaria, o más bien Stalin, su teórico delegado para la cuestión nacional, quien quiso distinguir el nacionalismo de los opresores del de los oprimidos, para rechazar el primero y apoyar el segundo (sólo mientras resultó útil, claro). Suena bien, pero es ya historia. Si una comunidad territorial es sometida a una reducción de sus derechos en contraste con los del grupo dominante, la separación es una vía hacia la igualdad, aunque no la única, y el nacionalismo puede ser efectivamente un movimiento de izquierdas. Pero el separatismo vasco o catalán, como el de la Padania industrial o la Escocia petrolera, es un movimiento antiigualitario, el intento de apropiarse de manera definitiva y exclusiva de un conjunto de recursos que la suerte inesperada o la historia compartida han concentrado en su territorio. Eso por no hablar de sus insultantes pretensiones de superioridad racial o histórica.

En nuestros días y en nuestro entorno, el nacionalismo podrá adoptar todos los colores de la izquierda en todos los ámbitos imaginables, pero, en lo que le es propio y distintivo, es un puro movimiento de derechas, de ruptura de la igualdad, de división de la ciudadanía, de defensa o búsqueda de privilegios para unos (generalmente unos pocos) a costa de otros (generalmente los más). Que los Otegui o los Carod se apunten a todas las causas de izquierda menos a una, la defensa del espacio y la igualdad ciudadana ya conquistados, es de una tremenda inconsistencia moral, pero de una gran sagacidad táctica, tanto para sí mismos como para toda esa cohorte de intelectuales, profesionales y funcionarios que les siguen dispuestos a conquistar el aparato del Estado.

La pregunta que queda es por qué llegan a prestarles oídos quienes, llegado el caso, no participarían ni mucho ni poco de esa gran piñata. "¡El proletariado no tiene patria!", gritaba convencida la izquierda decimonónica. En el siglo XX aprendimos que, en realidad, es lo único que tiene; que no hay otra contrapartida a la pérdida de la propiedad de los medios de producción, primero, y de la seguridad del puesto de trabajo, después, que los derechos sociales: asistencia sanitaria, subsidios de desempleo, pensiones, educación y otras prestaciones entre universalistas y contributivas; y que, sin propiedad, no hay otra independencia que la que otorgan los derechos civiles y políticos. Paradójicamente, el proceso autonómico ha dejado en manos de los mesogobiernos las partidas del bienestar (welfare) y, en las del gobierno central, más bien las del malhacer (warfare). Por si no bastara, cuando el torbellino de la economía informacional y global sacude la tierra bajo los pies de sectores crecientes, la derecha neoliberal que nos gobierna anuncia la retirada del Estado y ofrece como solución final que cada uno se busque la vida. La idea misma de ciudadanía, que durante la transición y el periodo socialista se fue llenando lentamente de contenido (de derechos civiles, políticos y sociales), aunque en verdad necesitaba ya una profunda reformulación (nutrirse también de responsabilidad individual y compromiso compartido), amenaza ahora con verse vaciada del mismo. El desistimiento de la derecha neoliberal es el que abre paso al oportunismo pseudoizquierdista del nacionalismo.