Parece de cajón, pero no lo es (una coalición PSOE+UP)

En la historia interminable de las actuales negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para la investidura, se antoja intuitivo que, si son imprescindibles los votos afirmativos de dos grandes partidos (más un racimo de pequeños), lo lógico es que éstos pacten un programa, más próximo al mayoritario, y se repartan las carteras ministeriales y otros cargos de acuerdo con su peso en escaños. Sería razonable también, aunque no imprescindible, cierta desproporción a favor del socio mayoritario para favorecer la coherencia y la estabilidad, que en política son bienes en sí mismas (el mismo motivo que se esgrime para las circunscripciones territoriales, las reglas tipo d’Hont o las primas al ganador), o simplemente porque suele ser el que tiene otras opciones. No lo es tanto que el socio minoritario quiera una representación proporcional al voto y no a los escaños (eso vale para una coalición electoral, pero no parlamentaria), y es deshonesto que quiera obtener un sobreprecio porque su apoyo es justamente la gota que falta (como en La Rioja, donde UP impidió la investidura por no haber conseguido 3 de las 8 consejerías, el 38%, con, 2 de los 17 escaños de la coalición, el 12%). Con pequeñas variantes, esas reglas de proporcionalidad suelen regir, por ejemplo, en el interior de los partidos o en las empresas de capital social (por acciones).

Pero la política es un poco más complicada, por suerte, al menos en democracia. Conviene hacer cuentas no sólo en el interior de la potencial coalición gobernante, sino también entre el conjunto de los gobernados. En el Barómetro de mayo de este año, el CIS preguntó a una muestra representativa de la ciudadanía dónde ubicaban a los partidos en una escala de izquierda-derecha en la que los respectivos extremos serían 1 y 10, dónde se ubicaban personalmente a sí mismos y qué habían votado en los últimos comicios nacionales. Si nos limitamos a los partidos nacionales y los ordenamos en este mismo sentido, los resultados están en la Tabla 1.

Tabla 1

	UP	PSOE	C’S	PP	Vox
Ubicación por ciudadanía	2,3	4,0	7,0	8,0	9,4
Autoubicación de sus electores	2,7	3,5	5,7	6,9	7,5
Distancia al ciudadano medio	1,8	1,0	1,2	2,4	3,0
Escaños obtenidos en 2019	42	123	57	66	24

Las cifras cobran sentido cuando se comparan con la autoubicación del conjunto de la ciudadanía, que está en un valor de 4.62, moderadamente en la izquierda (el punto medio entre 1 y 10, ya que no hay 0, sería 5.5). Nótese, aunque sea como una glosa anecdótica, que la ciudadanía en su conjunto sitúa al PSOE en la izquierda algo más cerca del centro, o menos a la izquierda, de lo que lo hacen sus electores, a Unidas Podemos más cerca de la extrema izquierda de lo que lo hacen sus votantes y a todos los partidos de centro-derecha o derecha más a la derecha de lo que lo hace su base electoral (particularmente a Vox). En definitiva, una tendencia a demonizar al adversario de la que sólo parece salvarse como partido el PSOE y que se da más entre los votantes de la izquierda (incluidos los del PSOE) que entre los de la derecha.

¿Qué indicador es mejor para ubicar a cada partido: el que ofrecen sus propios votantes o el que le adjudica el conjunto de la ciudadanía? Ninguno es perfecto, podrían argumentarse ambos y las diferencias son de distinto grado y pueden seguir distintas lógicas, pero aquí optaremos por lo más sencillo, que es ubicar a cada partido donde lo hace la ciudadanía agregada. Primero porque así percibirá la mayoría su presencia en el gobierno y su posición frente al mismo y, segundo, porque simplifica el cálculo sin merma aparente.

Comparemos ahora la orientación de hipotéticos gobiernos con la del conjunto del electorado. Antes, incluso, de ir con las coaliciones, es de señalar que, de haber un gobierno monocolor, un gobierno del PSOE sería, además del más factible por su peso en escaños (35%), el más próximo al posicionamiento del español medio, apenas a 0,6 puntos de distancia (máximo 9, recuérdese, y mínimo 0), lo que, como enseguida se verá es una distancia muy soportable. La Tabla 2 muestra ya la ubicación de las posibles coaliciones y su distancia con el conjunto del electorado (o con un hipotético ciudadano medio).

Tabla 2

Gobierno	Escaños	Ubicación	Distancia
PSOE	123	4,0	0,6 a la izda
PSOE+UP	165	3,6	1,0 a la izda
PSOE+C's	180	5,0	0,4 a la dcha
PSOE+C's+UP	222	4,4	0,2 a la izda
PSOE+PP	189	5,4	0,8 a la dcha
PP+C’s	123	7,5	2,9 a la dcha
PP+C's+Vox	147	7,8	3,2 a la dcha

La ubicación de cada hipotético gobierno de coalición es la media de las ubicaciones de los partidos que lo forman ponderada por sus escaños (por la proporción de los escaños de cada partido sobre el conjunto de los escaños de la coalición). Así, por ejemplo, en una hipotética coalición PSOE-UP, el PSOE, con 123 escaños, tendría un peso y una influencia casi triples que las de UP: no sólo carteras, cargos, presupuesto y otras entidades discretas susceptibles de ser fraccionadas y repartidas, sino también en cuestiones modulables y pactables peo indivisibles como el programa, las políticas generales, la comunicación pública, etc. Lo que encontramos enseguida es que tal coalición se situaría más lejos del centro de gravedad, aunque no mucho: 1,0 puntos. Pero estaría más lejos que una colación PSOE-Ciudadanos (a 0,4 puntos), sensiblemente más que una coalición tripartita PSOE-C’s-UP (a 0,2), incluso a más distancia que una coalición PSOE-PP (a 0,8). Todo esto resulta fácilmente comprensible: si el PSOE está ligeramente a la izquierda del español medio y Ciudadanos está ligeramente a la derecha, y además tiene más escaños que UP, esta coalición sería preferible en todos los aspectos desde el punto de vista agregado del electorado; si, partiendo de la ubicación del PSOE, un gobierno se moviera algo a la derecha por la influencia de C’s y algo (pero menos) a la izquierda por la de UP, el resultado estaría más cerca del óptimo en relación con la ciudadanía agregada; un gobierno PSOE-PP, en fin, reuniría a los dos partidos mayoritarios, por lo que difícilmente iba a estar muy lejos del centro de gravedad, aunque dejase a muchos enfadados en la izquierda de la izquierda, la derecha de la derecha y el centro del centro.

En democracia, hay varias conclusiones obvias. La conclusión cero es que cualquier fórmula razonable gira en torno al PSOE, no sólo por sus resultados en escaños, casi doble que el segundo e igual a la suma con el tercero, sino por su centralidad en el arco político (incluso por su moderado izquierdismo, ya que el conjunto de la ciudadanía también se inclina hacia ahí). Nada, ni a su izquierda ni a su derecha, podría sumar mas votos sin los socialistas que con ellos, y una coalición-pinza puede funcionar, y todavía es muy posible que lo haga, para impedir la formación de gobierno y forzar nuevas elecciones, aunque para algunos de sus socios puedan resultar suicidas, pero de ninguna manera para formar gobierno. A partir de aquí, hay cuatro conclusiones más sobre las posible coaliciones.

La primera es que el gobierno ideal sería una coalición de PSOE, Ciudadanos y Podemos, tal vez difícil de gestionar pero la más próxima al elector medio en 2019, apenas a 0.2 puntos del centro de gravedad. Esto ya se intentó tras las elecciones de 2016, pero fue imposible por la prepotencia aventurera, sectaria y electoralista de Podemos, y el fiasco trajo como consecuencia la recuperación de la derecha; hoy es inviable por el no cerrado de Ciudadanos, convencido de que su futuro está en competir por el electorado del PP, pero, si así no fuera, estaría por ver si Podemos no volvía por sus fueros. La convivencia entre C’s y UP sería difícil, pero podrían confluir en la demanda de una reforma del sistema electoral y otros elementos del “régimen del 78”, y su contrapeso recíproco podría, paradójicamente, ser un elemento de equilibrio para un gobierno tripartito.

La segunda es que la siguiente mejor opción sería una coalición PSOE-Ciudadanos, a 0.4 puntos por la derecha del centro de equilibrio, hoy factible porque la suma de los resultados de ambos ya arrojaría mayoría absoluta y sería la coalición más próxima al elector medio: C’s, cuya principal seña de identidad era la resistencia al nacionalismo secesionista, deberá explicar más temprano que tarde por qué ha dinamitado la vía que más fácilmente podría haber permitido ya un gobierno que pudiera prescindir de éste para la investidura.

La tercera, que gustará a pocos, es que la siguiente opción, antes que una coalición de izquierdas, de progreso o como se quiera llamar, sería la coalición PSOE-PP, algo más alejada del elector medio, a 0.8 puntos por la derecha, pero con mayoría suficiente para no depender de socios oportunistas. Gustaría a pocos, quiero decir, de los habituales indignados, los que desde la izquierda identifican a toda la derecha con Vox y a Vox con el fascismo, o los que desde la derecha presentan a la izquierda como eterno rehén de Bildu, etc. Dada la tradicional polarización de la política española, así como los riesgos de que fuera vista como una alianza sin principios del “antiguo régimen”, el último estertor del bipartidismo, sería problemática, y con seguridad “inaceptable” para buena parte de sus respectivas bases, pero no distinta de las alianzas entre democristianos y socialdemócratas en Alemania y otras grandes coaliciones en momentos de crisis.

La cuarta y última es que una coalición PSOE-UP, además de ser insuficiente y forzar al PSOE a buscar el apoyo o la no resistencia de algún otro partido (lo que quiere decir a su derecha, donde resulta más difícil precisamente por ello, o entre los nacionalismos y otros particularismos que no dudarán en exigir un precio oportunista), se sitúa más lejos del centro de gravedad que cualquiera de las anteriores y que un gobierno monocolor. La distancia no es ni mucho menos insalvable (1 punto por la izquierda) y es casi indistinguible de la que supondría el antes mencionado “gobierno de concentración” (0.8), pero ahí está y, a diferencia de este caso, no tendría fuera dos focos de oposición que hasta cierto punto se anulasen mutuamente sino un sólo, un bloque de derechas (incluida parte del nacionalismo, que también lo es en el sentido más tradicional), hoy con el riesgo añadido de estar dividida entre dos partidos, PP y C’s, que compiten ferozmente entre sí por representar a toda la derecha y que se esfuerzan por recomprar el espacio de Vox.

Una conclusión adicional, el corolario de las tres primeras, es que el pluripartidismo no ha traído lo que prometía sino todo lo contrario. En 2016 fue P’s quien hizo imposible una coalición con PSOE y C’s; ahora es C’s quien dice no desde el principio a estos dos posibles socios (y temo que, si no fuera C’s, sería P’s quien dijese no a un tripartito con “el partido del Ibex”, “marca blanca del PP”, o incluso aquellos iluminados socialistas, pocos pero veloces, que se apresuraron a cantar “¡Con Rivera no!”, en la misma noche electoral). La evidencia, aun paradójica, en el nuevo pluripartidismo es que los nuevos actores, C’s y P’s (hoy UP) no son menos partidistas y electoralistas que aquellos a quienes acusaban de tales, sino igual o más, empeñados como están en sus batallas dentro de cada uno de los dos presuntos grandes bandos, en los que siguen inmersos mientras España se ha ido moviendo al centro.

En estas circunstancias se comprende a la perfección el esfuerzo del PSOE por desdibujar la participación de Podemos en una coalición, aunque el resultado sea dudoso. Un esfuerzo en el que todo vale: evitar su presencia en el gobierno, reducirla a ministerios secundarios, vetar los nombre más significados… Si se añade la complacencia de Podemos con los nacionalismos (aunque se limite formalmente a la autodeterminación o a la consulta en referéndum), que tiene a éstos particularmente entusiasmados con su llegada, se entenderá que esa coalición puede satisfacer a los amigos, pero también crear o despertar a los enemigos. Las coaliciones se hacen para sumar, pero a veces pueden restar.

Una buena proporción de los lectores iniciales de este texto es probable que no haya llegado hasta aquí, impacientada por estas cuentas que parecen no contar con lo más importante: qué políticas, qué programas (“¡programa, programa, programa!”, en versión moralizante), qué posicionamiento en la divisoria izquierda/derecha. Pero de eso, precisamente, se trata. Sin duda hay muchas maneras de entender la democracia, pero yo destacaría, aquí, dos. La primera es la mera renuncia a la violencia. The ballot or the bullet!, clamaba Malcolm X. Un dicharacho muy popular explica que la democracia consiste en contar cabezas en vez de cortarlas. O sea, si tenemos los votos suficientes, o más bien los escaños (gobierno de la mayoría), podemos hacer lo que consideremos conveniente dentro de los límites del respeto a la ley (Estado de derecho) y sin coartar el derecho a la crítica (respeto a las minorías), hasta la siguiente ronda electoral, que dará a los demás la oportunidad de hacer otro tanto (alternancia). Hay incluso un punto de honor en cumplir todo lo que se prometió en el programa (ser fiel al electorado) y no apartarse del mismo (no traicionarlo, no incumplir). En resumen, gobernaremos como nos permitan los límites establecidos, que son los de la ley y las diversas exigencias de mayoría simple, absoluta o cualificada, lo mismo con el 51% de los escaños que si hubiésemos obtenido el 100%. Por supuesto que esto es plenamente legítimo, además de legal, pues al final del día hay que decidir una u otra vez, pero no es lo mismo como resultado final, tras la eventual búsqueda infructuosa de acuerdos y compromisos, que como posición de principio.

Como principio cabe también interpretar la democracia como un diálogo, un sistema de gobierno para todos y con todos, hasta donde sea posible. Quienes vivieron el primer gobierno socialista recordarán la distinción de Alfonso Guerra entre los “ministros del partido” y los “ministros de Felipe González”; Guerra se reivindicaba parte de los primeros, mientras que los últimos, en general más moderados, levemente más a la derecha, podían considerarse el puente tendido de González para ser y parecer el presidente “de todos los españoles”. En el llamado régimen bipartidista, los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, tenían por fuerza que aproximarse al centro para ganar la mayoría y no les resultaba difícil arrastrar a los extremos, tanto si los tenían dentro, como el PP (resulta irónico que se escandalicen hoy tanto con Vox quienes ayer condenaban al PP por tener fachas dentro: ya están fuera, ¿no era eso lo que querían?), como si estaban fuera, como el PCE y luego IU contiguos al PSOE (el precio de esto fue, en su momento, la pinza Aznar-Anguita contra González). En un régimen ya no básicamente de bipartidismo sino más plural, o más fragmentado, con al menos cuatro partidos con un peso electoral y parlamentario significativo y, por consiguiente, más opciones de coalición mayoritaria entre el centro y los extremos, como las que antes vimos, se plantea una sencilla disyuntiva: ¿es mejor coalición la que más se acerca al punto de encuentro, o de menor desencuentro, o la que reúne a los hermanos separados, a los nuestros, lo que en la cultura política española todavía significa o la derecha o la izquierda, las alineaciones tradicionales de la segunda mitad del XIX y la primera del XX y de la trágica guerra civil?

Estamos aprendiendo ahora que la Constitución debería prevenir e impedir situaciones de parálisis como la actual, en la que resulta posible no sólo que no se pueda formar gobierno y haya que repetir elecciones sino que vuelva a suceder una y otra vez (como ya lo ha hecho: 2015 y 2019), lo que probablemente llevará a algún automatismo a favor de la minoría mayoritaria (como en las municipales) o a eliminar la obligación de convocar nuevas elecciones si no hay mayoría simple, para así obligar a los partidos a formarla. Pero también deberíamos aprender, en sentido contrario, que la ejecutabilidad (siempre que unos puedan y/u otros lo permitan) de cualesquiera resultados electorales no los convierte en la fórmula inevitable, ni mucho menos óptima, de gobierno. Cabe distinguir una cultura democrática orientada al consenso, al acuerdo postelectoral, de una orientada al voto, al resultado electoral. En la segunda, que es la nuestra, el consenso es invocado de manera ritual o para unos pocos “asuntos de Estado”, y no siempre, incluso cada vez menos, mientras que todos los demás son directamente encomendados a cualquier mayoría ejecutiva; en la primera, el máximo consenso es siempre deseable y debe ser buscado en todo momento, aunque al final haya que decidir en todo caso, y los resultados electorales no sólo muestran las mayorías posibles sino que ordenan jerárquicamente las potenciales coaliciones en relación con el centro de gravedad de la ciudadanía. Los extremos no suelen estar de acuerdo con esto, claro está: para Vox, de un lado, cualquier alianza activa o pasiva de PP o C’s con el PSOE sería alta traición, rendirse una vez más ante la izquierda; para P’s/UP, del otro, sería otro tanto o incluso peor. Unos y otros suspiran por llegar al poder ejecutivo, aun a sabiendas de que eso alejará al gobierno del centro de gravedad, porque viven convencidos de que, una vez que parte al menos de su política sea hecha realidad, el electorado verá la luz y comprenderá sus méritos, pero no parece que haya sido ese, sino todo lo contrario, el resultado para Vox tras las concesiones arrancadas al nuevo ejecutivo andaluz y ni para la nueva izquierda tras un mandato en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona.

¿Habrá al fin un compromiso por la educación?

Me refiero a lo que todos llaman pacto, aunque yo prefiero llamarlo compromiso, ya diré por qué. El penúltimo intento fue el de Gabilondo, frustrado por la negativa de un PP que sabía que iba a ganar las elecciones; el último es el que promueve J.A. Marina, rechazado con cajas destempladas por cierta izquierda que creía otro tanto. Pero el PP está ya lejos de la mayoría absoluta y el sorpasso no ha llegado, de manera que quizá podamos todos recapacitar, empezando por entender que vivimos en democracia, un régimen que une al gobierno de la mayoría el respeto a las minorías, pero superando la aritmética elemental en estos conceptos. No nos llevarán muy lejos visiones como la cantinela de Rajoy sobre que gobierne "el partido más votado" (aunque sea también el más rechazado), el desparpajo del secesionismo que con la mitad más uno de escaños (ni siquiera votos) se cree legitimado para todo, o la disposición que algunos muestran a dar la vuelta a la tortilla con apenas más escaños o más votos positivos que negativos en el hemiciclo. Es de desear que el actual bloqueo político, que ya se antoja grotesco, ayude a comprender lo absurdo que resulta pretender blindar o subvertir una política institucional y a largo plazo, sea la que sea, con una mayoría, simple o absoluta, cogida con alfileres, es decir, con unos pocos sufragios, escaños o apenas votos en el hemiciclo. No necesitamos ni el maximin de la minoría más votada ni el minimax de la coalición menos rechazada, sino el maximax del acuerdo más generoso, el de una mayoría más amplia posible. En sentido contrario, el respeto a la minoría parlamentaria, electoral o política no se limita a no exterminarla, ni prohibirla (lo que se da por supuesto), ni hostigarla (lo que a veces se olvida), sino que pasa por tratar de gobernar para todos (es decir, con todos, además de sobre todos).

Por supuesto, esto no siempre es viable, ni siquiera necesario, por lo que muchas decisiones parlamentarias y gobiernos habrán de basarse en mayorías exiguas aunque suficientes, pero cuando llegamos a la educación hay que tener en cuenta, más allá de la deseabilidad general de acuerdos amplios en democracia, que hablamos del futuro y de la parte más vulnerable de la sociedad. De un futuro, en este caso, expresamente considerado, dado que unas generaciones, los políticos y en general los adultos de hoy, deciden por los alumnos presentes y por venir, que vivirán los efectos mañana (al ritmo actual, ya es difícil terminar la educación obligatoria sin vivir un par de reformas). Y de los más vulnerables, esto es, de quienes todos afirman que querrían resguardar de las pugnas políticas pero a quienes se expone demasiado a menudo a la incertidumbre o al torbellino. No se trata de poner la educación fuera del alcance de la política, pues eso sería privarla del amparo y del impulso de la democracia, pero sí de ampliar al máximo acuerdos que puedan perdurar más allá de los cambios de gobierno y los vuelcos electorales, por lo demás previsibles y saludables.

Pero el pacto o compromiso es difícil por varios motivos, entre los cuales destacaré cuatro. El primero y más aparente es la tremenda ideologización del debate, con discursos a veces guerracivilistas en los que unos parecen creerse en lucha contra el Santo Oficio y otros contra el demonio bolchevique, como han hecho recientemente PP e IU, en los dos extremos del arco parlamentario, desenterrando la guerra escolar. El segundo, en parte consecuencia del primero, es el vaciamiento del lenguaje, que permite blandir a la vez las exigencias más sectarias y la pretensión de que quien hace imposible un acuerdo es siempre el otro; un vaciamiento que alcanza más o menos a lo principal del vocabulario de la política educativa: libertad, equidad, calidad, inclusión, participación... y, por descontado, pacto, como cuando Rajoy, después de dos legislaturas del PP solo contra la LOE y otras dos igual de solo con la LOMCE cree hacer haber hecho algo grande con apenas algún gesto vacío y retórico sobre el pacto educativo dirigido a Ciudadanos, o cuando Garzón se descuelga en periodo electoral con la surrealista y oximorónica propuesta de un pacto por una educación republicana. Un tercer motivo, menos obvio pero más poderoso, es el papel de la escuela en las estrategias sociales de las familias, muy visible en la búsqueda de la mejor educación para los hijos, tanto da que se concrete en la mejor escuela o en el mejor desempeño individual en ella, y que tiene su contraparte en la pretensión no menos estratégica, aunque defensiva, de suprimir todo elemento de diferenciación, sea la elección de centro, el (muy discutible) modelo bilingüe, el uso de recursos digitales, los deberes para casa o cualquier otro. Cuarto, y no menos importante, el infundado paternalismo de la profesión docente, siempre tan inclinada a pensar que sabe mejor que su público lo que le conviene; esto es, a desoír a la sociedad, o a oír solo lo que quiere oír, como cuando funcionarios incondicionales de su fuente de empleo, la enseñanza pública, no quieren ver que un tercio del alumnado lleva medio siglo eligiendo la privada y otro sexto, hasta la mitad, lo haría si pudiera, o cuando los sicofantes de la inmersión lingüística ignoran que más de la mitad de la población con hijos en edad escolar ni la quiere ahí ni la practica en otros ámbitos libres de coerción y de presión; o cuando todos coinciden en que lo primero y principal que necesita la educación es, cómo no… más educadores.

Pero hay otro obstáculo formidable para un pacto: su trivialización. Asoma cuando se formula como el objetivo de ponernos de acuerdo en lo que nos une (ya  se sabe: acabar con el abandono, conjugar equidad y calidad, reconocer y dignificar al profesorado, mejorar los resultados, aumentar los recursos...), o evitar lo que nos separa (los cleavages o fracturas como la religión, la financiación de la escuela privada, las lenguas propias, la evaluación del profesorado, etc.). El problema es que tales acuerdos de mínimos no sirven de mucho, o no sirven de nada. De hecho presentan el riesgo añadido de precipitar, hipostasiar, politizar o adjudicar opciones y políticas que no están adscritas necesariamente a un lado ni a otro de las fracturas habituales, desde el momento mismo en que las colocan en el centro de una negociación entre partidos y grupos de intereses; en todo caso, al dejar fuera lo que realmente ha venido dividiendo a la sociedad, simplemente posponen los problemas por muy poco tiempo, si es que no los enquistan y los agravan. Por eso no me gusta la palabra pacto, que alude por igual a la formalización de un acuerdo preexistente, entre quienes ya coinciden en algo o en todo, y a la confluencia desde el desacuerdo o el conflicto previo de intereses y valores. Es lo segundo lo que la educación española necesita: un acuerdo que cree un escenario comúnmente aceptado desde ambos lados de las viejas fracturas, en el que todos estén razonablemente a gusto aunque ninguno esté enteramente a su gusto, y que traiga consigo una suspensión duradera, que ya sabemos no será definitiva, de las hostilidades. Por eso prefiero hablar de un compromiso: compromiso entre los actores, entre los intereses en conflicto y los valores en disputa, así como entre lo deseado por cada uno y lo aceptable para los demás, lo que implica ceder y conceder.

Un compromiso por la educación debería abordar, precisamente, lo que hasta hoy ha venido arrojando a la escuela al ojo del huracán: la titularidad de los centros, el lugar de lo laico y lo religioso, la coexistencia de las lenguas propias y la lengua común, el alcance y límites de la comprehensividad, las bases económicas de una expansión sostenible, la autonomía y transparencia de los centros y la reestructuración de la profesión docente. Formular los términos es ya otra historia, tema para otro día.

Sobre el compromiso en la educación, postfacio a mi libro La Educación en la Encrucijada

         ¿Qué hacer? Ya adelanté en el prefacio que no era mi objetivo culminar este trabajo con una colección de propuestas. No pretendo que parezca neutral, confío en que no resulte estéril y he creído poder llegar más lejos en las preguntas que en las respuestas. El papel del analista no es justificar ni criticar esta o aquella política sino analizar la realidad sin compromisos, es decir, sin otros compromisos que el que puede llevar a elegir un objeto de análisis, que es puramente optativo, y el compromiso con la verdad, que es irrenunciable. El primero puede que empuje a investigar la vacuna contra la malaria antes que el botox o la pobreza mejor que la alta costura, si bien las escalas de valores son muy variadas y ha de haber sitio para todo. El segundo es el que exige la rectitud de no supeditar la búsqueda de información ni su análisis a los valores que llevaron a iniciar la investigación, menos aún a los intereses de quien la realiza o la patrocina: amicus Plato, magis amica veritas. Esa aparente contradicción es la base de la ciencia social libre de valores. Y hay que añadir que la ciencias sociales en su conjunto no son ni abstractas, como la matemática, ni acotadamente experimentales, como la física, lo que obliga a conceder también un amplio margen al escepticismo de salida y a la incertidumbre de llegada.

Entre los lastres más perjudiciales del debate educativo, más en estos lares, está la confusión permanente entre las conclusiones de la investigación, no importan cuán seguras o inseguras se presenten, y la toma de partido, no importa lo justa o injusta que se antoje. El estudioso de la educación, por un lado, tiene su público en el mundo de la educación, en sus colectivos, por lo cual pasa la vida recibiendo toques conscientes o inconscientes, percibidos o desapercibidos como tales, que lo empujan en la dirección de los nuestros, lo políticamente oportuno, etc. Los colectivos del sector, por su parte, alimentan con su número, recursos e influencia social y electoral a potentes organizaciones que también cultivan sus propios expertos. El resultado es un exceso de intelectuales orgánicos o comprometidos en el peor sentido. En el año en que se publica este informe se celebra el cincuentenario de otro, el Informe Coleman, de 1966, que cambió la manera de ver la educación y dio inicio a un caudal de investigación que llega hasta hoy. Fue un mandato de la Ley de Derechos Civiles de los EEUU de 1964 y encontró lo que se esperaba, una fuerte segregación racial entre centros, y lo que no, la aparente irrelevancia de los recursos escolares y el peso decisivo de la familia.[1] Poco después, en 1975, el mismo autor llegó a otra conclusión incómoda: la política de desegregación (busing) estaba provocando una reacción más fuerte de resegregación (white flight).[2] Tales sorpresas fueron mal recibidas, activamente mal: la primera, tratando de poner sordina al informe; la segunda, con la propuesta de expulsión del autor de la ASA (Asociación Americana de Sociología) y su inclusión en el índice por algunos líderes de la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color).[3] Nada de ello prosperó y hoy son unánimes la celebración del informe y el olvido de los inquisidores. Las conclusiones de entonces, oportunas e inoportunas, siguen en debate, pero las lecciones del proceso son inequívocas.

Mas hay otros sentidos de la palabra compromiso que quiero reivindicar, porque conciernen a otras voces y otros ámbitos que son los esenciales en la educación: la sociedad y la profesión docente. No procede invocar la escuela como el bálsamo de Fierabrás que curará todos nuestros males, ningunearla como un vano empeño sin efecto alguno ni rechazarla, con Pink Floyd, como un ladrillo más en el muro. Es más realista reconocer, en el peor de los casos, que no es un mal sitio donde dejar unas horas a los chicos con las chicas, como cantaban aquí Los Bravos, y, en el mejor, que, bien orientada y gestionada, tiene mucho que aportar al desarrollo económico,[4] la estabilidad democrática,[5] la paz interna[6] y la cohesión social.[7] Eso requiere cierta unidad de propósito por parte de los múltiples agentes implicados, sosiego en el funcionamiento cotidiano y un marco claro, estable y previsible para una tarea que es larga y se hace para más largo. Por eso necesita del acuerdo.

Qué acuerdo es ya otra historia. La idea de un pacto por la educación, sea o llámese pacto nacional, social, de Estado o pacto a secas, lleva tiempo rondando el debate público. Lo habitual es achacar a los demás su imposibilidad, en particular a los partidos políticos, al mismo tiempo que cada uno señala sus líneas rojas: coeducación, libertad de elección, inmersión lingüística, escuela pública, jubilación anticipada... Los nacionalistas creen que cualquier pacto en un ámbito que no sea el suyo invadirá sus competencias; los colectivos que forman la eufemística comunidad escolar, que el pacto ha de ser con ella o incluso en y desde ella; el conglomerado de la escuela privada, que nada debe irrumpir en su coto; los profesores, en particular, que la decisión debería ser suya aunque los recursos y el mandato vengan de la sociedad; cada uno de los partidos, en fin, que la culpa es del otro.

John Carlin, un gran periodista hijo de inglés y española que nos ve con cercanía y distancia  a la vez, casi como un antropólogo en campo (con perspectiva emic y etic) contaba no hace mucho en un magnífico artículo cómo había descubierto, con sorpresa, que en español no hay traducción para el término inglés compromise (El País, 18/1/16). Los españoles podemos hablar de pactos (como ya hemos hecho, con tan pobres resultados, en el ámbito educativo y en el político), negociación, etc., pero siempre sin el pragmatismo o la disposición a ceder en pro de un acuerdo que entraña la palabra inglesa. Carlin apunta que podría deberse a la influencia árabe o, sobre todo, a la del "cerrado catolicismo español", cerrazón que generaliza a los anticlericales. Yo añadiría otro factor: la tardía extensión del mercado, del doux commerce, a su vez tan mal visto por el catolicismo... y por el mundo docente ­–no me parece casual que tampoco haya una buena traducción para trade-off, que es como compromise pero algo más frío.

Tenemos en el vocabulario, por supuesto, el término compromiso, pero es más bien lo que los traductores llaman un falso amigo: se parece tanto a compromise como influenza a influencia o constipated a constipado. Un rápido paseo por el diccionario permite constatar que, en la lengua de Shakespeare, compromise supone siempre conceder, conformarse con menos, etc.; en la lengua de Cervantes supone obligación, palabra dada, incomodidad (embarazo), encomienda de voto (compromisario), pero nada de concesiones sino lo contrario. Hay una excepción aparente que no lo es, un esoterismo jurídico por el que el término compromiso designa el convenio por el que las partes de un contrato aceptan someterse a un árbitro en caso de desacuerdo; parece un acuerdo, pero en realidad es el reconocimiento de la incapacidad de lograrlo por sí mismos, de hacer concesiones sin una instancia arbitral –aunque menos da una piedra.

Un día antes de escribir estas líneas informa la prensa de una anécdota reveladora: apenas una semana después de la constitución de las nuevas Cortes españolas ya hay una candidatura que se ha roto, a pesar de su éxito espectacular, incluso en vísperas de que llegue su momento de mayor protagonismo, y la ha roto un pequeño grupo llamado... Compromís, en catalán (valenciano), que al parecer tiene el mismo sentido que en castellano o peor. No se podía pedir mejor ejemplo del vicio nacional señalado por Carlin, ni de su generalización de la cerrazón a las dos Españas, ni siquiera de la aventurada hipótesis de la influencia árabe.

Pero mientras hay vida hay esperanza. La Real Academia suele ser lenta, pero la lengua en uso incluye una expresión bastante común, alcanzar un compromiso, que se aproxima más al sentido inglés del término. Se logra o se intenta alcanzar un compromiso, por ejemplo, entre deudor y acreedor en caso de insolvencia, cediendo ambos, o entre Estados soberanos que, en el paradigma realista de los estudios internacionales, sólo defienden intereses, no valores, y tienen por tanto que hablar de concesiones.

Si España es poco proclive en general a los compromisos, en y en torno a la educación aún lo es menos: baste ver el pasado de guerras escolares sobre la pública y la privada, el presente de conflictos en torno a la lengua en las aulas o la acusada pendiente hacia la impopularidad de los ministros del ramo, y tampoco es mal ejercicio visitar los foros y chats improvisados en torno a noticias relacionadas con la educación, invariablemente salpicados por un tono tabernario. Justo por ello resulta más evidente la tarea, que quizá debería empezar por dejar de llamar principios a toda suerte de intereses grupales, dogmas, prejuicios, simplificaciones, sospechas, etc. La cuestión es que la educación debe perseguir metas o asumir principios que no son enteramente compatibles. Debe sostener el demos y reconocer y respetar el etnos, sostener demos superpuestos, sacar el máximo de cada alumno sin que ninguno quede relegado, socializar a ambos sexos en común sin que surja un gap de género, abrazar el nuevo entorno sin que se abra una brecha digital, liberar al individuo y cohesionar al grupo, orientar hacia una especialidad pero favorecer la movilidad y la flexibilidad, ser eficaz sin que se disparen los costes... Ninguno de estos objetivos puede perseguirse incondicionalmente, salvo que se acepte sacrificar otros, y por eso son y serán necesarios una y otra vez el compromise y el trade-off.

Por otra parte, en el centro de la institución está, cómo no, la profesión y de esta se requiere otro compromiso, el compromiso profesional. Ninguna organización puede funcionar sin la cooperación de sus participantes, es decir, sin un importante grado de identificación, buena voluntad e iniciativa de estos, lo cual es incomparablemente más cierto en el caso de las instituciones, en las que las profesiones desempeñan una función vertebral y son a la vez el núcleo operativo y el locus de control. En el caso de la enseñanza esto se ve reforzado por la obligatoriedad universal, la minoría de edad del alumnado y los efectos cruciales que las decisiones docentes pueden tener sobre sus vidas.

El reverso de la amplia autonomía del profesor en la organización de su tiempo, la selección de contenidos y métodos, la práctica del aula y la evaluación del alumno, debida en parte a la difícil o imposible normativización de estos aspectos, es la necesidad y ha de ser la exigencia de un alto nivel de compromiso profesional. Entiendo por compromiso la asunción como propios de los fines de la institución en todos los ámbitos y niveles: los fines más generales expresados en las leyes educativas, las políticas públicas legítimamente formuladas, los proyectos de centro, los objetivos derivados para el aula y las potencialidades de cada alumno –lo cual es compatible con la defensa de visiones alternativas en todos ellos, pero no con su práctica anárquica y errática al amparo del mandato y con cargo al presupuesto públicos.

Creo que el secreto de la multiplicidad de formas de mejora e innovación que vemos aplicarse eficazmente en la enseñanza, ese asombroso hecho de que, aparentemente, todo funciona (no todo, desde luego, pero sí muchas y muy diversas fórmulas), de la diversidad de buenas prácticas o prácticas de éxito, no es otro que lo que tienen en común, el compromiso de los profesores que han llegado a ellas partiendo de distintas combinaciones de necesidades y posibilidades pero que aportan en todas ellas su mejor conocimiento, experiencia, voluntad y responsabilidad. La tarea de las políticas públicas y de los actores colectivos es fomentar este compromiso desde la selección y formación iniciales, pasando por la incorporación y la selección definitiva, hasta culminar el recorrido de la carrera profesional.

Este binomio es, creo, la madre de todas las fórmulas: alcanzar un compromiso social por la educación, asumir el compromiso profesional con la educación.

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[1] Coleman, J. S. (1966). Equality of educational opportunity,  Washington: U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Office of Education.   [2] Coleman, J.S. (1975). Trends in School Segregation, 1968-73. Washington, DC: Urban Institute.[3] Clark, J. (1996). James S. Coleman (Vol. 4). Psychology Press..
[4] Hanushek, E.A. & Wössmann, L. (2007). The role of education quality for economic growth. World Bank Policy Research Working Paper 4122.[5] Przeworski, A. (2000). Democracy and development: political institutions and well-being in the world, 1950-1990 (Vol. 3). Cambridge University Press.[6] Thyne, C. L. (2006). ABC’s, 123’s, and the golden rule: The pacifying effect of education on civil war, 1980–1999. International Studies Quarterly 50, 733–54.[7] Babacan, H.(2007) Education and social cohesion. En Jupp, J. et al., eds., Social Cohesion in Australia. Nueva York: Cambridge University Press, pp. 142-157.