Un reciente decreto de la Consejería de Educación de Cataluña
ha reavivado el debate sobre la contratación del profesorado. De
esto trata hoy un artículo de Ivanna Vallespín en El País,
“Profesores
a medida”, en el que se recogen unas declaraciones mías. Como
el asunto es delicado, le voy a dedicar aquí un espacio mayor que el
que permite la selección de algunas frases en una conversación
telefónica.
Para empezar, hay que recordar
que los centros necesitan tener proyectos específicos, por dos
razones. Por un lado, ninguna administración, ninguna otra entidad,
pueden ofrecer fórmulas suficientes de validez general, porque las
soluciones son muy diversas, como diversos son a) las comunidades en
que trabajan los centros, b) las condiciones de esas comunidades a lo
largo del tiempo y c) las fuerzas y recursos con que cuentan los
centros. Por otro lado, ningún alumno depende ya de un solo
profesor: no, desde luego, en secundaria, pero tampoco en primaria,
donde la apenas están la mitad del tiempo con su tutor y la otra
mitad con especialistas, suplentes, monitores, cuidadoras, en
salidas, etc. El proyecto y la dirección son justamente lo único
que puede y lo que debe poner cierta unidad de propósito en la
intervención de tantos agentes.
Sin embargo, la mayoría de los
centros, en particular de los públicos, no tienen tal proyecto, y
ello a) porque da trabajo hacerlo en serio, y muchos prefieren
adaptar una fotocopia del vecino, y b) porque no sirve de mucho
tenerlo si una parte sustancial del profesorado no va a hacer caso de
él. Muchos centros, no obstante, tienen magníficos proyectos, bien
adaptados a sus necesidades y posibilidades, pero aquí es donde
llegamos al problema de la contratación. Cada año reciben un
contingente nuevo de profesores que llegan por mero escalafón (no
sólo interinos, sino también funcionarios) y hay que repetir la
tarea de convencerlos y de formarlos para que trabajen de acuerdo con
el proyecto, ambas cosas con inciertos resultados.
No sólo es agotador tener que
formar cada año a los nuevos, sino descorazonador quedar al albur de
su buena o menos buena voluntad. Porque lo cierto es que cada
profesor, nuevo o viejo, va a poder decidir si hace o no caso del
proyecto, ya que su aula seguirá siendo su feudo, y que los
directores (por no hablar ya de los consejos escolares) poco van a
poder hacer al respecto. Y el problema se agrava en los centros por
cualquier circunstancia más difíciles, que son también los menos
solicitados y, por tanto, los que presentan mayores tasas de rotación
del personal (interino o funcionario, vuelvo a recordar).
Este problema no es exclusivo de
las escuelas, pero en ningún lugar se deja que se pudra como en
estas. Lo que sucede es que la especificidad de los escenarios
escolares (su diversidad y variabilidad), la debilidad de las
estructuras de coordinación (dirección, claustro, consejo, así
como también la inspección) y la autonomía casi incondicional del
docente en su trabajo (que a veces se traduce en inanidad, inmunidad
e impunidad) es una combinación potencialmente implosiva:
los centros, simplemente, se hunden en la inoperancia.
No hay una solución mágica para
esto, pero sí una gama de medidas posibles, no excluyentes.
Bienvenido sea, por supuesto, todo lo que suponga una mejor formación
y una cultura profesional más sólida y comprometida del
profesorado, pero aquí no hay medidas rápidas que valgan. Otra vía
de acción es la evaluación del trabajo de los docentes, sin
prejuzgar a quién(es) debería corresponder ni entrar aquí en sus
criterios. La tercera es el reforzamiento de las estrucuturas de
coordinación, algunas de las cuales pueden ser de pura colaboración
(claustros, redes, etc.), pero otras deben ser de autoridad
(dirección, inspección, consejos).
Es en este contexto donde debe
plantearse la cuestión de la contratación. Los profesores pueden
ser asignados a los centros en función de sus necesidades o no, y,
si la opción es que no, poco importa que lo sean por sorteo, por
antigüedad o por cualesquiera méritos burocráticos. Ninguna
organización sobre la tierra aceptaría que el personal le cayera
del cielo, y no está de más recordar que contratamos profesores
para que aprendan los alumnos, ni matriculamos alumnos para dar
empleo a los profesores. Hay cosas que van primero. De hecho son
muchos los sistemas educativos en los que la contratación, incluso
en las escuelas públicas, es competencia de los directores, o bien
de autoridades zonales que se atienen a convocatorias definidas
previamente desde los centros.
¿Produciría esto arbitrariedad:
amiguismo, nepotismo, partidismo...? Sin duda... si los directores, a
su vez, no tienen que responder ante nadie. Porque, al final, el
secreto no es otro que ese: si los directores han de responder del
resultado y el funcionamiento de su centro tendrán que buscar los
mejores profesores y, si no, podrán hacer lo que quieran, lo mismo
que podrían hacerlo el claustro, el consejo, la administración o el
empresario, en su caso. En realidad nos movemos entre dos polos de
peligro: la arbitrariedad del director en la selección de profesores
y la arbitrariedad del profesor en su práctica, y los dos tienen
unos mismos antídotos: una buena selección de personal y rendición
de cuentas. Los detalles se los dejamos a otros que estén más cerca.
(Sugiero leer el documento sobre el profesorado del Foro de Sevilla)
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