Los expertos se divierten

Nada tan decepcionante como el reciente informe Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español. ¿Para qué sirve una comisión de expertos?  Después de todo, cada cual tiene ya los suyos: ministerios, sindicatos, patronales, asociaciones profesionales y, por supuesto, las universidades. El mundo está lleno de comisiones de expertos de hecho, pero cuando se nombra una de derecho es porque se espera de ella algo más que la legitimación de tal o cual propuesta previa. Cabe esperar, al menos que sean ambiciosos, que sobrevuelen la política inmediata, que vayan más allá de los intereses de grupo y que no estén al servicio del cliente, por muy digno que éste sea. El informe de una comisión de expertos no debe ser un libro blanco ni un dictamen, mucho menos un borrador de trabajo.

Lo primero que produce es una sensación de chapucita, evidentemente escrita a varias manos, unas veces reiterativa y otras inconsistente, en la que se mezclan lugares comunes y diagnósticos aventurados, observaciones banales y propuestas de detalle innecesarias. Se echa de menos, en particular, una distinción entre corto, medio y largo plazo, así como un mayor esfuerzo en fundamentar el diagnóstico y una mayor prudencia y apertura en la propuesta de líneas de actuación.

En todo caso, el informe critica con mucha razón la endogamia siempre creciente en la selección del profesorado, que no ha dejado de ganar terreno con cada nueva reforma legal; el clientelismo de los organismos de gobierno, siempre al servicio de los intereses de los colectivos a los que se supone gobiernan; la irracionalidad de la oferta de estudios, producto de la alianza de intereses internos y locales; el fiasco de la adopción de la estructura 4+1 para grados y másteres; la pasificación de la actividad del profesorado a través de imaginarias demanda del proceso de Bolonia.

Más discutibles resultan las líneas generales de sus recomendaciones, muy poco ponderadas. Así, el reforzamiento de los órganos de gestión, sobre todo unipersonales, y su sometimiento a las autoridades autonómicas, o las confusas propuestas en torno a rankings y categorizaciones de universidades, centros y departamentos, o las deslavazadas recomendaciones sobre el recurso a la financiación privada. Es sabido que la combinación de autonomía universitaria, democracia corporativa y financiación pública ha resultado explosiva, pero eso no significa que cualquier alternativa valga, menos aún que todo valga. Si se opta por la financiación privada no hay motivo para cuestionar la autonomía o la democracia interna sino todo lo contrario; si se ponen límites a éstas, en cambio, no hay razon para encomendar la financiación a las tasas, el mercado o la filantropía. Y, si se pretende tirar por la vía de enmedio, lo que seguramente sería más sansato, hay que ponderar, combinar y articular las medidas, no acumular y yuxtaponer todo lo que a uno se le ocurra. Leyendo el documento se tiene en seguida la sensación de estar en medio de una charla de café, ora desenfadada, ora acalorada y siempre algo irresponsable.

Es de lamentar que una comisión que pretende reformar y mejorar (en ese orden) la enseñanza superior dé muestras tan patentes de ignorar (en sentido tanto aptitudinal como actitudinal) todo lo relativo a la actual explosión de las TIC, los SRS, los NMS, las CVA, el procomún, los recursos abiertos o las enseñanzas en línea, despachando un cambio de época con cuatro banalidades, incluido un disparate como afirmar que los OER del MIT son parte de los MOOC.

Otro tanto cabe decir de la desafortunada incursión en la problemática de las enseñanzas universitarias, una colección de tópicos sobre el bajo nivel, la promoción de curso con materias suspensas, la cultura del esfuerzo y otros mantras del Partido Popular y del sector cabreado del profesorado de secundaria.

Quizá sea esto lo más penoso, el servilismo que el documento rezuma en relación con las propuestas del gobierno, manifiesto en cómo menudean, sin necesidad e incluso con sonora inoportunidad, a lo largo y ancho del texto. De hecho, el único punto en que el informe de los expertos se aparta de lo que el Ministerio querría oír -todo aquello que ni este ni aquellos se han cansado de decir- es la demanda de más recursos para las universidades, algo en lo que coinciden siempre los expertos de cualquier profesión cuando hablan de sí mismos, pero que no va a conmover al ministro ni siquiera tras an abnegado servicio.