Nada tengo a priori contra privada ni concertada, pero disiento. Padres y alumnos no están ahí como en un cine, comprando un servicio voluntario, sino ejerciendo un derecho que es también obligación, por afectar a un bien público, al derecho de los demás a que cada uno obtenga una educación que apuntale la convivencia, la cohesión social y la productividad de la nación. Pero si la productividad no va a resultar afectada por que alguien se eduque en un medio diverso o clónico, la convivencia y la cohesión sí.
Convivencia es la aceptación y reconocimiento de los otros y de unas normas comunes; cohesión, el compromiso individual y compartido de que, en una economía que crea desigualdad, nadie podrá caer por debajo de cierto suelo y todos, empezando por quienes rozan el techo, ayudarán a evitarlo. Pero tolerancia y solidaridad no se aprenden de oído, sino en la práctica, viviendo con los otros y preocupándose por ellos: cada centro debe ser un microcosmos. Esto vale aún más para la futura elite, ya en la privada o dispuesta a esconderse en ella si la obligan a compartir la concertada.
Un servicio público no puede sacrificarse a fines privados, pague quien pague. Cumplir las obligaciones que esta función conlleva, incluido admitir, conservar y educar a todo tipo de alumnos, debería ser condición necesaria para su autorización y título suficiente para un concierto. Sin éste, cabe facilitar becas con cargo a los fondos públicos o a un recargo sobre las cuotas. Que las familias compren cuanta exclusividad quieran antes y después, en verano o por la tarde, pero no en los años, días y horas de la enseñanza obligatoria y común.
(Publicado en Escuela)
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