Republicano sin prisas

No hace mucho que la boda real me obligó, como supongo que a otros, a argumentar por qué España es hoy una monarquía y por qué a mi no me preocupa que lo sea —incluso al contrario—. Por ejemplo, a algún amigo republicano de toda la vida, a un hijo adolescente y a un grupo de intelectuales latinoamericanos. Para los republicanos de siempre el problema parece que no es ya tanto la monarquía en sí ni su conducta, a la que no pueden negar algún reconocimiento desde aquel 23-F, como los gastos y los fastos asociados a estos actos privados que consideran inadecuado convertir en acontecimientos públicos, y sobre todo que sean financiados por el bolsillo del contribuyente. Lo resumió muy bien una de mis revistas favoritas, la satírica El Jueves, repartiendo una camiseta que rezaba: “Yo tampoco fui invitado a la boda real, aunque la pagué de mi bolsillo.” Pero este argumento, no importa que su soporte sea una camiseta o un sesudo ensayo, ignora tanto el papel como la lógica interna de la monarquía. En los regímenes parlamentaristas como el español, la jefatura del Estado, que tiene como principal función facilitar la continuidad en los tránsitos electorales, debe también, sin embargo, asegurar su propia reproducción, y si una república lo hace por vía electoral, una monarquía lo hace por vía biológica, y en ambos casos ha de ser de manera diáfana y servir al tiempo para reafirmar la existencia, la unidad y la continuidad del cuerpo político al que representa. La reproducción del monarca no es un problema privado, sino público, si bien, al menos mientras la prensa rosa y la televisión basura lo permitan, en vez de entrar en su dormitorio o en el paritorio seguiremos limitando esa publicidad a sus trasuntos rituales y simbólicos, como son bodas y bautizos. Los fastos no son tanto para complacer a los monarcas o a los presidentes como para reforzar la unidad simbólica de la nación, y la factura sin duda es más barata con una boda cada treinta años que con unas elecciones cada cuatro o cinco. Lo que sí es cierto es que un Estado laico, o al menos pretendidamente no confesional, no debería celebrar sacramentos católicos sino actos civiles: un matrimonio ante el juez y una inscripción en el registro, dejando los actos religiosos para la intimidad. Pero esta lamentable confusión entre lo público y lo católico no es privativa de la monarquía, sino que invade toda la vida pública española.

Mis amigos latinoamericanos viven todos en regímenes republicanos y consideran la monarquía como algo propio de la vieja España, casi un recuerdo colonial, pero también tienen recientes sus propias experiencias de la transición de las dictaduras a la democracia, en general trufadas de autoamnistías, leyes de punto final, caraspintadas, senadores vitalicios, etc. y asumen de buen grado la idea de la monarquía española como resultado de un pacto entre el antiguo y el nuevo régimen que, en conjunto, se les antoja no modélico, pero sí envidiable, con lo cual su crítica tiende a asimilarse a la anterior, al rechazo de las formas. Mi hijo, sin recuerdos del pasado y sin miedo al futuro, con la vehemencia propia de su edad, con la teoría democrática recién aprendida y con la camiseta de El Jueves puesta, tiene argumentos más contundentes: si todos somos iguales, ¿por qué alguien nace para rey?; si somos una democracia, ¿por qué nos preside un monarca?; si queremos ser una sociedad basada en el mérito, ¿por qué el primer cargo de la nación es hereditario? En definitiva, como señalaron la mayoría de los españoles en un reciente barómetro del CIS, la monarquía es un vestigio del pasado, mientras que España es un país que, en otros muchos aspectos, ha entrado rabiosamente en la modernidad. ¿Por qué, entonces, mantener una monarquía?

Algunas de las razones que llevaron a ello en la transición podrían no ser ya tan poderosas. En primer lugar, ya no hay otro régimen con el que pactar, ni un franquismo “sociológico” que asumir, ni un ejército renuente a la democracia pero fiel al monarca. Tampoco está claro, por otra parte, que la monarquía ayude especialmente a mantener la unidad de la nación, pues si bien es posible que una parte de la opinión se sienta embelesada con ella parece, en contrapartida, que los secesionismos nacionalistas capitalizan mejor que nadie el sentimiento republicano insatisfecho. Ni parece que haya, en fin, una gran derecha irreductiblemente monárquica, pues no lo son las derechas periféricas, ni los restos del falangismo, ni los adversarios más militantes de la izquierda (recuérdense las veleidades republicanas de algunos siniestros cenáculos de jueces, periodistas y notarios).

Lo que justifica hoy el apoyo o, al menos, la tolerancia activa de la monarquía es, creo, la desconfianza hacia los demócratas de ocasión. Considero tales a todos aquellos que juran fidelidad a la democracia pero están dispuestos a retorcerla hasta dejarla irreconocible si no se aviene a sus designios. Las últimas elecciones han hecho aflorar a muchos de ellos, tanto a derecha como a izquierda. En la derecha huelga ya mencionar el reflejo antidemocrático de Aznar y otros dirigentes populares, empeñados en descalificar y cuestionar esas elecciones del 14 de mayo que, según creen, habrían perdido sólo por los trucos sucios del adversario o por la extorsión del terrorismo islamista. Esto no es una reacción aislada, aunque sus circunstancias sean singulares, sino que debe entenderse como parte de una actitud instrumental, más general, hacia la democracia, la misma que late tras su estrategia goebbelsiana de comunicación (la convicción de que cualquier cosa que sea machaconamente repetida cobrará visos de realidad), su intento de ocupar desde el poder político todo el poder social (económico, mediático, judicial) o su fascinación por el uso de la fuerza al margen de la legalidad internacional. ¿Imagina alguien lo que habría sido esta transición electoral con un presidente de la República? Si, como es de suponer, dicha presidencia habría sido ocupada por los populares con la misma avidez que la fiscalía, la judicatura, la televisión o la empresa pública; si hubiera estado ocupada por un Trillo, un Zaplana o una Aguirre, desde luego que no habría mantenido el obligado y seguramente convencido silencio del monarca.

Del lado contrario tampoco es todo exquisitez democrática. No tan lejos como imaginan de quienes descalifican las elecciones que perdieron están quienes fabulan que las ganaron con mensajes SMS, manifestaciones ante las sedes del partido entonces gobernante y gritos ante cámaras y micrófonos en la que debería haber sido sólo una jornada de reflexión. Yo creo que, efectivamente, lo fue, y que el electorado reflexionó como nunca antes: lo hizo, sin duda, al decidir que la mejor forma de responder a un atentado que casi todos atribuimos en un primer momento a ETA era ejercer el voto y volvió a hacerlo al concluir, después, que aunque sus autores, ya identificados como islamistas, pudieran ser indiferentes a ello, había que mantener la decisión (¿quién iba a decirse que, por ser yihadistas en vez de abertzales, ya podía ahorrarse el paseo al colegio electoral?); y lo hizo, sobre todo, al comprender que, en un mundo globalizado e interconectado como el nuestro, la política exterior es al mismo tiempo interior, de manera que la oposición masiva a la guerra, que antes podía ser para muchos una proclama moralista sin consecuencias —como se vio en sus escasos efectos en las elecciones municipales y autonómicas del 2003, donde sin duda opositores a la política exterior del PP siguieron votando su política interior—, tuvo por fin un fuerte impacto electoral. Pero lo que quiero señalar es que los activistas del pásalo bien podrían haber confiado en la capacidad reflexiva de los electores y respetado la jornada de reflexión (y la ley); y, si les parecía imprescindible manifestarse, que no lo era, bien podrían haberlo hecho ante el Ministerio del Interior que administraba la información en vez de ante un partido que concurría a los comicios, aun cuando por las ventanas pudieran llegar a asomar las mismas personas.

En este país, donde una buena parte de la derecha cree que el electorado es incapaz o irresponsable y que, ante un atentado o unos mensajitos, va a votar inadecuadamente por engaño o por miedo (y, si así fuera, ¿no seguiría siendo el pueblo soberano?); donde una parte menor pero no insignificante de la izquierda cree que unas manifestaciones valen más que unos comicios y siempre se escandaliza de que tanta gente como les ha acompañado por unas horas en esto o en aquello no les dé el voto por cuatro años para toda su política; donde, en fin, todavía juzgamos los procesos (la democracia) en función de los resultados (el voto), no está de más tener una institución relativamente apartada del juego político y con intereses a más largo plazo. Ésa y no otra es la virtud de la monarquía: una familia bien formada, bien pagada, probablemente bien intencionada, intensamente dedicada a estar por encima de las rencillas políticas del momento y a durar por generaciones (aunque sólo sea por la accidentada experiencia de la estirpe), puede ser un importante elemento de estabilidad, al menos hasta que lleguemos a ser una nación realmente democrática. Porque la democracia no es sólo un conjunto de instituciones políticas y normas legales, sino también una cultura, un conjunto de tradiciones, una manera de contemplar la convivencia y el conflicto de intereses que, desde luego, no se aprende de un día para otro. No hay más que vernos.

Las transiciones políticas pueden ser muy rápidas, pero las transformaciones culturales son inevitablemente más lentas, casi siempre condicionadas a uno o dos relevos generacionales. Dos generaciones es lo que vienen durando las restauraciones borbónicas: Fernando VII e Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII… ¿Juan Carlos I y Felipe VI? En fin, yo no soy profeta. Soy republicano, eso sí, pero un republicano sin prisas.