La educación al servicio del partido

    Hace una semana escribí, haciendo gala de un apenas moderado optimismo que ni siquiera entonces sentía, que estábamos a punto de dar un pequeño paso en la dirección correcta, la de convertir una parte sustancial de la política educativa en asunto de Estado. Cualquier lector repararía en que las premisas descritas no conducían a la conclusión propuesta, pero lo importante en ese momento era que el pacto era todavía posible, aunque resultase harto difícil. Pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad (esa proclama de Romain Rolland que atribuyen a Antonio Gramsci quienes no han leído a ninguno de los dos), combinación que a veces obliga a poner sordina a la primera y elevar el volumen de la segunda, sabiendo como sabemos que lo que se dice y cómo se dice no se limita a reflejar la realidad, sino que contribuye a formarla.
    Pero ya podemos hablar con toda claridad. Si alguien pensaba que el Partido Popular podría y debería considerar la educación como un asunto de Estado y la política educativa como una política de consenso, la inaceptable e incomprensible, aunque anunciada y previsible, negativa a la firma de un pacto educativo se habrá encargado de demostrarle que no es así. Por encima de todo y de todos, el partido y sus apetitos electorales. Nada sorprendente si se tiene en cuenta la frivolidad con la que zarandean cualquier institución o bien común cuando conviene a sus intereses: congelación del Tribunal Constitucional para mantener una mayoría ultraconservadora más allá de los resultados electorales que permitieron nombrarla (y patadas también al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia Nacional cada vez que tocan su cortijo), ataques a policías y tribunales cuando descubren tramas corruptas de los suyos o no se avienen a delirantes teorías conspirativas, cuestionamiento de los procesos electorales cuando no les favorecen los resultados, alarmismo interesado e irresponsable en torno a la solvencia del tesoro público… Todas las acciones parecen dictadas por un único razonamiento: que nada mejore y, si es posible, que todo empeore de aquí a la próxima ronda electoral; y mejor cuanto antes, a ver si es posible anticiparla.
    Muchos dirán que cómo cabe afirmar eso de un partido algunas de cuyas demandas parecen ser precisamente más de Estado que ninguna otra cosa: posibilidad de recibir enseñanza en castellano y obligación de unos contenidos comunes en todo el territorio, cuerpos nacionales docentes. Cuesta entender cómo se compatibiliza tanto interés nacional con la negativa a la Educación para la Ciudadanía (que es mucho más que discutir su contenido), la opción por el descontrol de la escuela privada o la entrega sin condiciones al obispado y a las sectas católicas más ultramontanas.
    Pero tampoco cabe mucha satisfacción con el otro gran partido. Es verdad que el Ministerio, o sea, el gobierno y el PSOE, cedían bastante en lo relativo a la ordenación de la estructura del sistema (pruebas externas, itinerarios en la ESO, ampliación de la financiación en los conciertos…) y ante algunos tópicos de la opinión más conservadora (autoridad del profesor), pero no lo es menos que, si en las cuestiones relativas al currículum común o la coexistencia de las lenguas en la escuela (que no es lo mismo que fuera de ella) no han sido capaces de ofrecer nada sustancial, es porque su capacidad de gobernar en las comunidades históricas depende de la acción u omisión de los pequeños pero imprescindibles partidos nacionalistas, lo que los ha llevado a una pasividad y un entreguismo difícilmente comprensibles desde cualquier otro punto de vista.
    El PP proclama la unidad territorial y nacional de la escuela y deja que se rompa por el lado de las desigualdades sociales, la inoperancia como escuela de ciudadanía o las diferencias ideológicas, en particular las religiosas. El PSOE proclama su unidad social y política pero deja que se resquebraje por las costuras territoriales y comunitarias..
    Otro día hablaremos de los demás.