No toda protesta merece apoyo

La periodista se acerca al grupo de camioneros y les pregunta sin son un piquete de huelga. “Un piquete informativo”, responde uno de ellos. A continuación, la cámara muestra cómo funciona esta relación comunicativa: el piquete se acerca a un camión que sale de Mercamadrid e informa al conductor. El diálogo, que sería para besugos a no ser por su faceta trágica, es algo así: “Compañero, sólo queremos informarte de que hay una huelga y es muy importante la unidad de todos.” El informado, que respira miedo por todos los poros, musita que está muy de acuerdo pero no puede dejar de trabajar, etc. “No –prosigue el informante–, ya…, si es tu derecho… Sólo informarte también de que hay algunos incontrolados y han ardido por ahí algunos camiones, para que tengas cuidado…”.

Esta anécdota, sacada de un informativo de TeleMadrid de hace más de un decenio, se la solía contar yo a los alumnos de sociología como un ejemplo casi jocoso de incentivo selectivo ante el problema del polizón (el free rider) en la teoría de la acción colectiva y, a la vez, de discurso performativo, que produce la misma realidad que enuncia, un acto de coerción disfrazado de información. En la reciente huelga de transportistas la historia se repite pero, contra el proverbio hegeliano, lo que pudo parecer comedia lo hace ahora como tragedia, cuando algún que otro camión arde con su camionero dentro. Pese a ello, como hay gente para todo, una rápida búsqueda de encuestas sobre el asunto en la internet arroja resultados como que se pronuncian a favor de los transportistas el 36 % de los autoencuestados en la web de un diario gratuito madrileño, el 62 contra el 32% en un foro automovilístico, 63 contra 37 % en la cadena de prensa andaluza del grupo Joly, 55 contra 45% en La Vanguardia, 36 contra 64% en El Periódico, etc. Y si, en lugar de en los sondeos que apenas permiten decir sí o no, reparamos en los foros, todavía abundan más, proporcionalmente, los que piden jaleo. Estas encuestas y foros tienen tanta fiabilidad como la contestación de un niño a su madre cuando le pregunta si se masturba, pues, aparte de que las tasas de respuesta suelen ser ridículas, entre los respondentes están extraordinariamente sobrerrepresentados los ociosos, los adolescentes, los opinionados (como llaman los norteamericanos a quienes sostienen sus opiniones más allá de cualquier fundamento, es decir, a la insolencia basada en la ignorancia), los que anhelan una excusa para no ir al trabajo, los que descargan ahí su frustración por el escaso reconocimiento de sus opiniones, etc. La mayoría de la población, estoy seguro (y encuestas posteriores lo mostrarán), tiene percepciones mucho más sensatas y se da cuenta del hiato entre cuántos y quiénes o cuáles son los transportistas y sus problemas y el daño que hacen al consumo, a la producción, a la convivencia y a sus propios colegas, al poner sus intereses por encima de todo y de todos. Pero, aun así, es verdaderamente alarmante el elevado número de de pazguatos que creen que hay que comprenderlos y apoyarles.

La causa no es otra que un pensamiento perezoso para el que dondequiera que un colectivo de trabajadores entre en coonflicto habrá una causa justa y un elemento de progreso.  Para empezar, nos encontramos ante un paro patronal (en el mejor de los casos, de patronos y de autónomos), no ante una huelga obrera. Esto no es un mero tecnicismo lingüístico o jurídico, sino una diferencia con claras implicaciones. En una huelga, el trabajador intenta perjudicar directa y esencialmente al patrón, mientras que su efecto sobre el consumidor es escaso, posiblemente nulo y en todo caso secundario y derivado; en este conflicto, en cambio, se busca un efecto directo sobre el consumidor, el desabastecimiento, y sobre el público en general, el bloqueo circulatorio, con la intención de que el gobierno decida pagar el chantaje antes que soportar el coste político del desorden. En una huelga, el trabajador pierde un jornal por cada día que no trabaja y corre el riesgo de perder su empleo, mientras que en este paro no existe el riesgo de despido y es previsible que las mercancías que no se transportan ahora se transporten en todo caso después, probablemente a precio más alto aunque sólo sea por  la demanda acumulada. Los piquetes clásicos de la huelga obrera, aunque discutibles (el esquirol nunca fue otra cosa que otro trabajador en peor situación que el huelguista, y los métodos de los piquetes siempre tendieron a descontrolarse), dirigían su acción hacia fuera del grupo, no hacia dentro; es decir, el colectivo de trabajadores, por ejemplo la plantilla de una fábrica, decide mayoritariamente una huelga y el piquete se planta contra quienes no aceptan esa decisión y, sobre todo, contra otros trabajadores de fuera, movilizados ex profeso para romper la huelga; en este paro, unas organizaciones minoritarias, que ni siquiera habrán tomado sus decisiones por unanimidad (habría que ver si lo han hecho, siquiera, por un procedimiento democráticamente homologable, aunque esto tampoco legitimaría sus pretensiones ni sus acciones), emplean la fuerza hacia dentro, hacia la mayoría de trabajadores y empresarios del sector que no están de acuerdo con su acción.

¿Cómo puede alguien defender esto, y menos todavía desde alguna perspectiva pretendidamente solidaria, de izquierda o progresista? Pensando en los funcionarios y los empleados de las organizaciones, Robert K. Merton acuñó hace tiempo el concepto de ritualismo burocrático para designar el fenómeno de inversión de la relación medios-fines, por el cual el burócrata sacraliza el procedimiento y lo antepone al objetivo, olvidando que aquél sólo era un medio para alcanzar éste. En nuestro caso, en las antípodas del burócrata, podríamos hablar de ritualismo oposicionista, o quizá de fetichismo cinético, para designar el mismo trastocamiento entre quienes, a diferencia del burócrata, buscan el desorden en vez del orden, pero, al igual que aquél, ponen el carro delante de los bueyes. Pensar que todo lo que se mueve es bueno, que la acción siempre es mejor que la legalidad, que los currantes siempre están justificados en sus pretensiones o que los colectivos siempre tienen razón frente a la ley, las autoridades o las instituciones tiene la ventaja de requerir pocas neuronas, pero  es un disparate de consecuencias dañinas.

Lo que tenemos ante nosotros es, sencillamente, la forma de lucha típica de los colectivos que ocupan posiciones estratégicas en una economía de división del trabajo desarrollada. Hoy son los transportistas, pero en otro momento han sido o serán los pilotos o los controladores aéreos, los maquinistas del ferrocarril o el metro, etc. Son colectivos cuya capacidad de alterar el funcionamiento de una sociedad compleja se debe a su control de nodos estratégicos de las redes sociales, no a su número, ni mucho menos a la justicia de sus pretensiones. Entre ellos, los camioneros presentan además, como los campesinos, la característica de disponer de aparatosos medios de producción móviles, con el doble efecto de que, por un lado, pueden alterar muy eficazmente la convivencia ciudadana (por ejemplo, bloqueando las carreteras para millones de transeúntes) y, por otro, pueden extorsionar con facilidad a los reticentes (por ejemplo, con la amenaza y la práctica de quemar camiones o cargas en los que han empeñado su patrimonio). Se necesitan, realmente, muchas ganas de marcha para sentir simpatía alguna por estos colectivos cuando adoptan esas formas de lucha. Quizá no esté de más recordar, por cierto, el dudoso historial de los movimientos de camioneros: desde las vinculaciones con la mafia de los teamsters de Jimmy Hoffa, pasando por su papel en el derrocamiento ilegal del gobierno socialista chileno de Salvador Allende con el apoyo de la CIA y del secretario de Estado Kissinger, hasta el último y más execrable crimen del tardofranquismo, la matanza de Atocha, organizada desde el siniestro sindicato vertical del transporte de García Carrés.

Quien no lo haya hecho todavía debería ya replantearse de una vez la identificación de la movilización colectiva con la voz de los sin voz o con la causa justa. La huelga sirvió a los trabajadores, pero también puede ser, como paro, el instrumento de los patronos, de los ambivalentes autónomos o de sectores asalariados privilegiados. La toma de la calle, o de la carretera, no es ya el único recurso contra una dictadura asfixiante sino un chantaje contra la ciudadanía y contra un gobierno legítimo. Las grandes movilizaciones callejeras de los últimos años han sido en su mayoría de la derecha, contra la búsqueda de un final negociado del terrorismo, la educación pública, la despenalización del aborto, el desarrollo del estado de las autonomías, la devolución de los archivos expropiados o la educación para la ciudadanía. La objeción de conciencia no es practicada contra las imposiciones del Estado, como lo hacían los  antimilitaristas, sino contra los derechos y su aprendizaje, como lo hacen los médicos que se niegan la contracepción en la sanidad pública o los obispos que animan a sus padres a hacer de sus hijos feligreses antes que ciudadanos.  Apuntarse a un bombardeo puede que resulte excitante, pero no está escrito que sea un paso hacia la justicia.