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23 feb 2014

La ideología de la inmersión y la inmersión ideológica


Hubo un tiempo abominable, la edad oscura, en que los niños en Cataluña no podían estudiar en la lengua de su comunidad, entonces región, que para la mayoría era también su lengua materna: el catalán. Hoy es un tiempo más feliz, la era luminosa, en la que lo que no se puede hacer es estudiar en la lengua común del reino: el castellano. Un observador poco informado pensaría que se ha dado la vuelta a la tortilla en el peor sentido, es decir, que el gran argumento de antaño, el derecho a aprender en lengua materna, bastaría para considerar esta era no menos oscura, sólo que para los otros, en vez de los nuestros. Con poca información y menos conocimiento, cabría pensar que, si antes se ahogaba el catalán y a los catalanohablantes, ahora es a los castellanohablantes; pero no, porque lo que cuenta es la intención y lo que ayer era maldita asfixia hoy es, ¡hop!, bendita inmersión.
La inmersión, afirma la doctrina, tiene dos virtudes indiscutibles y una tercera más ambigua. Su primera virtud es que trae cohesión social, pues sin ella Cataluña se fracturaría entre los de arriba, catalanohablantes, nativos, etc. y los de abajo, inmigrantes, castellanohablantes y demás. La segunda es que todos la apoyan, como muestra el dato, tan repetido, de que sólo ocho familias (a veces son ochenta, pero sigue siendo una cifra ridícula) hayan reclamado la escolarización en castellano. Algo con un fin tan noble (la igualdad, o al menos la igualdad de oportunidades, que son parte del ADN de la intelectualidad y del profesorado) y un consenso social tan amplio, sólo puede ser cuestionado por el anticatalanismo rampante y el tardofranquismo residual. Además, y esta es la tercera virtud, el catalán está en retroceso ante el dominio del castellano en los medios y en la calle, por lo que precisa ser defendido en la escuela.
El argumento de la cohesión impresiona, pero no resiste el mínimo examen. Con treinta años de inmersión, Cataluña no es hoy más cohesiva que antes. Entre 1973 y 2007, el índice de Gini, que mide la desigualdad en ingresos de una sociedad (0 y 1 serían la igualdad y la desigualdad absolutas) se mantuvo en Cataluña en 0,29, mientras que en el conjunto de España (donde la desigualdad es mayor por las mayores dimensiones y los desequilibrios territoriales) se redujo de 0,36 a 0,31. En el ámbito escolar, es decir, en materia de igualdad educativa, Cataluña no está ni mejor ni peor. Según la Evaluación General de Diagnóstico, los resultados académicos del alumno dependen del nivel socioeconómico de la familia algo más que en el conjunto de España. Según PISA 2012, tal dependencia también es ligeramente mayor en sólo Cataluña que en toda España (3,5 frente a 3,4 puntos PISA por cada punto de ESCS -digamos de status), y bastante mayor que en las otras tres CCAA bilingües de que hay datos: Baleares (3,4), País Vasco (2,8) y Galicia (2,7).
¿Por qué iba a ser de otro modo? En realidad, el distinto -pero poco- grado de equidad en las CCAA depende también de otros factores como la urbanización, la estructura laboral, las inversiones o las políticas educativas, pero, sobre todo, sabemos, especialmente en educación, que tratar de manera igual situaciones desiguales produce más desigualdad. Cuando  el sistema educativo obliga a todos los escolares a manejarse en una lengua, el catalán, que sólo una parte ha aprendido en la familia (una parte menor, por cierto, que la que hace treinta años había aprendido el castellano), coloca ya al resto en desventaja. Y la desventaja educativa de hoy, en el despliegue de la economía de la información, es, más que nunca, desventaja social mañana.
El segundo mantra es el amplio consenso social en torno a la inmersión. Se basa en que sólo un puñado de familias han llevado a la Generalitat a los tribunales para exigir la escolarización en castellano, pero ignora deliberada y esforzadamente que, cuando se manifiestan en un contexto libre de cualquier coerción, la mayoría de las familias no quieren esa inmersión lingüística en la sola lengua propia. Aunque está muy mal visto preguntar esto en Cataluña, y por tanto cada vez se pregunta menos, varias encuestas han arrojado esta mayoría: el CIS la cifró en el 70% (1998), ASP en el 78% (2001) y el 68% (2009), DYM en el 91%. Sólo la fantasmagórica consultora Feedback, que vive de algunos ayuntamientos nacionalistas y de La Vanguardia y cuyos datos y técnicas son inaccesibles se ocultan al público, afirma que sean mayoría los partidarios del catalán como única lengua vehicular, y aun así la limita al 81%. ¿Cómo se reduce la amplia mayoría de aquellas encuestas, incluso la sospechosa pero apreciable minoría de esta, a la quantité négligeable de ocho familias con que los nacionalistas suelen hacer sus chistes? Muy sencillo: la presión ambiental. En definitiva, el hiato entre la amplia proporción de población que quiere una educación bilingüe y la exigua proporción que la exige indica que en Cataluña no hay un problema, sino dos: el segundo es la falta de libertad, aunque no se deba a los mossos sino a los conciudadanos; o, como podría haber dicho Althusser, no a su aparato represivo sino a su aparato ideológico, la escuela.
Queda, en fin, la cuestión de la salud de la lengua, que comprende dos partes. Una es que, descontando a los inmigrantes extranjeros, todos hablan castellano pero no todos hablan catalán (ni euskera, ni gallego); la otra es si ese desequilibrio crece o se reduce. Lo primero tiene que suceder de manera residual simplemente por la libertad de movimiento y residencia en el territorio nacional (siempre habrá un flujo de otras comunidades hacia Cataluña -y viceversa), pero va más allá por el legado histórico reciente y por la base demográfica más amplia del castellano. Esto justifica la discriminación positiva a favor del catalán (y de otras lenguas propias, en sus territorios), en particular en la escuela, pero no la evacuación del castellano. De hecho, catalán, gallego y euskera, aun con distintas políticas lingüísticas, han mejorado espectacularmente su posición a lo largo de la existencia de la democracia, aunque sigan por detrás del castellano, lo que arroja a la vez un balance de éxito y una tarea pendiente.
Seguramente nunca acabaremos con esto y siempre habrá una tensión entre la preferencia emocional por la lengua propia (identidad) y la ventaja funcional de la lengua común (alcance), o entre la ventaja local de una y la global de otra. Pero hoy disponemos de los medios para manejar de manera eficaz y sin conflictos esa tensión: por un lado, un profesorado competentemente bilingüe; por otro, un control continuo y localizado de la competencia de los alumnos en cada lengua, a través de las pruebas de diagnóstico y otras. Nada nos impide reforzar en la escuela la lengua en desventaja y hacerlo precisamente en la proporción debida, modulándola en el tiempo y diversificándola por territorios, por centros, por grupos-clase, regulando el horario -e incluso por alumno, regulando las tareas. Nada salvo la inercia burocrática y el sectarismo nacionalista, claro está.
Evacuar el castellano de la escuela no es una operación lingüística ni pedagógica, sino política. En este punto, como en otros muchos de la educación, el medio es el mensaje, y el de la inmersión es el del nacionalismo excluyente: eres catalán, pero no español. El mismo mensaje del absolutismo y el franquismo, pero al revés.

28 nov 2013

Entre todos la mataron y ella sola se murió


   Ya hay LOMCE, y el PP se quita así la espina de la LOCE, muerta al nacer. Resuelto el fuero, llega el huevo: sectarización de la enseñanza, con menos demopedia y más catequesis; segregación, con centros diferenciados por sexo o de rancia excelencia; recaída en los fundamentos, con más latín y menos estadística; puntilla a los consejos, o a lo que de ellos habían dejado los claustros; la astuta receta de menos becas, más filtros, más tasas y cero créditos; evaluaciones y reválidas inciertas, que veremos si agravan o alivian la escabechina actual; y, sobre todo, la vieja idea de que no todos valen para estudiar, luego adelantemos la vía laboral a los quince años y que asome a los catorce.
   Junto a ello, recortes brutales que se ceban por inercia pero sin piedad en programas compensatorios, ayudas complementarias y servicios auxiliares que para muchos son requisito de la inclusión. Recortes que no son ni deben confundirse con la LOMCE, pero forman una única ofensiva contra el mayor generador de expectativas y demandas de igualdad (no tanto de igualdad en sí) de nuestra sociedad, su sistema escolar.
   Frente a ello se conjuran hoy la izquierda, los nacionalistas y, por supuesto, los profesores: en cuanto puedan, derogarán la ley. Todos más que indignados, como si los expulsaran del paraíso o como si ellos no tuvieran nada que ver con lo que había, más bien un purgatorio: aquel en que ya fracasaban tres, abandonaban cuatro y se aburrían diez de cada diez alumnos, se vegetaba en PISA y se subutilizaban edificios, instalaciones, equipos y redes.
   La querencia por la educación de la izquierda aumentó algo los recursos pero no aseguró que sus beneficiarios últimos fueran los alumnos, sin hablar de despilfarros como la jornada matinal o las jubilaciones anticipadas, regalos para su caladero de votos. Los nacionalistas no tienen otro mantra que el celo por defender sus competencias, sólo comparable al celo con que las niegan a municipios y centros, donde deberían residir. Y en la feliz marea verde desfilan quienes dedican su mejor esfuerzo a mejorar e innovar una escuela que pierde el tren de la historia, pero también la masa, enfadada hoy por los recortes, que ayer reclamaba y hoy asume la segregación del alumnado.

   Vivimos nuestro thatcherismo educativo, vía Wert, alma gemela de Aguirre. Veremos si después (no hay mal que diez años dure) volvemos a lo de antes o vamos a algo mejor. Blair reanimó la educación con muchos recursos y algunas reformas, pero sin deshacer otras con las que la izquierda nunca se había atrevido, en particular sobre autonomía de los centros, reforzamiento de las direcciones, selección e incentivación del profesorado y evaluación del sistema.