Ayer tuve la ocasión de hablar, una vez más, ante madres y
padres de alumnos sobre la jornada y los tiempos escolares. Lo hice
en una provincia –no hace falta decir cuál– donde la Federación
de Alumnos ha sido siempre particularmente activa, capaz de mantener
un intenso grado de actividad sin depender de la bendición ni de las
subvenciones de la administración educativa. Digamos que es una
provincia de esa mitad norte del país en la que, como en otras, un
gobierno autonómico conservador, hasta ayer contrario a la jornada
escolar concentrada en la mañana (la que unos llaman continua, otros
compacta, etc.), ha abierto la mano para ofrecer al profesorado la
golosina. Las razones son obvias: por un lado, la jornada continua
reduce la asistencia a los comedores, con lo cual se reduce el gasto
de las administraciones y se evitan, al menos en parte, las
bochornosas escenas de los tupperware;
por otro, en un momento en el que el profesorado está
particularmente descontento con los recortes y enfrentado a las
administraciones central y autonómica, en un estado de movilización
casi permanente, se intenta simplemente sobornarlo con una concesión
que tradicionalmente ha sido no sólo atractiva, sino que le ha hecho
entrar en celo.
Hasta aquí, nada nuevo: profesores que braman por la jornada continua, asociaciones de padres que se resisten a aceptarla y un regalito oportunista por parte de unas autoridades hostigadas y algo asustadas. Pero lo que me llamó la atención fue una información que alguien dio de pasada y que varias otras personas corroboraron: un número creciente de profesores-padres están entrando en las Asociaciones de Padres de Alumnos e incluso asumiendo en ellas cargos directivos. Que profesores y profesoras son padres y madres de alumnos es algo que nadie va a poner en cuestión. De hecho, tienen más hijos que la media, sin duda porque sus condiciones de trabajo facilitan mucho la conciliación, la suya (hubo un tiempo en que fue al revés, particularmente para maestras y profesoras, cuya dedicación profesional obraba en contra de la dedicación a la familia), aunque lo hagan a costa de la de los demás. Que tienen el mismo derecho a asociarse que cualquier otro, también está fuera de duda. Diría incluso que tienen, no el mismo deber, sino incluso un poco más, pues como profesores deben dar señales visibles de que apoyan o aceptan la organización de los padres de alumnos, en todo caso de que no la rechazan ni la consideran indiferente.
Ahora bien: ¿deben asumir un papel protagonista en las asociaciones de padres? No quiero ofrecer ninguna propuesta absoluta. Yo mismo fui -a mi pesar, por circunstancias que sería largo explicar aquí-, tiempo ha, miembro e incluso presidente de una AMPA -nunca aprendí tanto sobre centros y profesores como entonces, o nunca podría haber aprendido las cosas que aprendí en ese periodo y de ese modo-. En aquella Asociación y en su Junta Directiva recuerdo a varios otros padres y madres que eran docentes y que desempeñaron una labor fundamental en la organización de actividades extraescolares, en el control del funcionamiento del colegio, etc., y siempre los vi como representantes de las familias, no como infiltrados del profesorado. Quizá, entre otras cosas, porque aquella asociación, aunque nunca tuvo que volver a tratar del asunto, nació sobre la base de una clara negativa al intento de inaugurar un colegio de primaria ya con jornada continua desde su creación.
Pero lo que me contaban ayer es que la nueva llegada digamos numerosa, ya que no masiva, de profesores a las asociaciones se está produciendo en pleno debate sobre la jornada escolar y al calor de la misma. Y la pregunta es: ¿se puede representar lealmente a los padres en un asunto en el que se tienen claros intereses, posiblemente individuales pero en todo caso corporativos, como profesor? ¿Es ético que un profesor venga a opinar en calidad de padre sobre la jornada escolar? ¿Debe un profesor ir más allá de la mera inscripción y cotización en una asociación de padres? ¿No debería un profesor, en una asociación de padres de alumnos, abstenerse sobre un asunto como la jornada escolar, igual que debe abstenerse un juez cuando tiene un interés directo, o incluso cuando ha expresado una opinión previa sobre el caso juzgado?
Mi opinión es sencilla: los profesores no deben ser juez y parte en la cuestión de la jornada escolar. Creo que no deberían serlo ni siquiera en los consejos escolares, de modo que mucho menos en las asociaciones de padres. Me parece cuestión de deontología profesional, pero ya es sabido que una de las peculiares características de esta profesión es que, por el momento, no ha sido capaz de formular la suya.
Hasta aquí, nada nuevo: profesores que braman por la jornada continua, asociaciones de padres que se resisten a aceptarla y un regalito oportunista por parte de unas autoridades hostigadas y algo asustadas. Pero lo que me llamó la atención fue una información que alguien dio de pasada y que varias otras personas corroboraron: un número creciente de profesores-padres están entrando en las Asociaciones de Padres de Alumnos e incluso asumiendo en ellas cargos directivos. Que profesores y profesoras son padres y madres de alumnos es algo que nadie va a poner en cuestión. De hecho, tienen más hijos que la media, sin duda porque sus condiciones de trabajo facilitan mucho la conciliación, la suya (hubo un tiempo en que fue al revés, particularmente para maestras y profesoras, cuya dedicación profesional obraba en contra de la dedicación a la familia), aunque lo hagan a costa de la de los demás. Que tienen el mismo derecho a asociarse que cualquier otro, también está fuera de duda. Diría incluso que tienen, no el mismo deber, sino incluso un poco más, pues como profesores deben dar señales visibles de que apoyan o aceptan la organización de los padres de alumnos, en todo caso de que no la rechazan ni la consideran indiferente.
Ahora bien: ¿deben asumir un papel protagonista en las asociaciones de padres? No quiero ofrecer ninguna propuesta absoluta. Yo mismo fui -a mi pesar, por circunstancias que sería largo explicar aquí-, tiempo ha, miembro e incluso presidente de una AMPA -nunca aprendí tanto sobre centros y profesores como entonces, o nunca podría haber aprendido las cosas que aprendí en ese periodo y de ese modo-. En aquella Asociación y en su Junta Directiva recuerdo a varios otros padres y madres que eran docentes y que desempeñaron una labor fundamental en la organización de actividades extraescolares, en el control del funcionamiento del colegio, etc., y siempre los vi como representantes de las familias, no como infiltrados del profesorado. Quizá, entre otras cosas, porque aquella asociación, aunque nunca tuvo que volver a tratar del asunto, nació sobre la base de una clara negativa al intento de inaugurar un colegio de primaria ya con jornada continua desde su creación.
Pero lo que me contaban ayer es que la nueva llegada digamos numerosa, ya que no masiva, de profesores a las asociaciones se está produciendo en pleno debate sobre la jornada escolar y al calor de la misma. Y la pregunta es: ¿se puede representar lealmente a los padres en un asunto en el que se tienen claros intereses, posiblemente individuales pero en todo caso corporativos, como profesor? ¿Es ético que un profesor venga a opinar en calidad de padre sobre la jornada escolar? ¿Debe un profesor ir más allá de la mera inscripción y cotización en una asociación de padres? ¿No debería un profesor, en una asociación de padres de alumnos, abstenerse sobre un asunto como la jornada escolar, igual que debe abstenerse un juez cuando tiene un interés directo, o incluso cuando ha expresado una opinión previa sobre el caso juzgado?
Mi opinión es sencilla: los profesores no deben ser juez y parte en la cuestión de la jornada escolar. Creo que no deberían serlo ni siquiera en los consejos escolares, de modo que mucho menos en las asociaciones de padres. Me parece cuestión de deontología profesional, pero ya es sabido que una de las peculiares características de esta profesión es que, por el momento, no ha sido capaz de formular la suya.
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