JMJ: Que se alojen, pero ni gastos pagados ni lucro cesante

¿Se puede ceder permitir el uso de instalaciones públicas, en concreto centros públicos de enseñanza, para un evento de la Iglesia católica? Sí, se puede. ¿Se puede ceder este uso de forma gratuita o por debajo de su coste real para un acto propagandístico? No, bajo ningún concepto.

Las actividades religiosas de la comunidad en torno, es decir, claramente delimitadas de las actividades escolares, no tienen por qué ser excluidas de la escuela. Si podemos ceder una pista deportiva a un club de baloncesto, un taller a unos aficionados a la cerámica o el salón de actos a una asociación de vecinos o un sindicato de profesores, no hay razón para no hacerlo a un grupo de cristianos de base o a la parroquia del barrio, siempre dentro de ciertos límites (para unos y para otros), lo mismo que a los aficionados a los ovnis. Cuando tales cesiones suponen costes para la escuela, los usuarios deben amortizar esos costes. Y cuando se trata de actividades que no cabe considerar directamente beneficiosas ni para la comunidad escolar ni para la comunidad en torno como tales, lo que los centros pueden y deben hacer es cobrar por ese uso no sólo para amortizar los gastos sino también para sufragar aquellas otras actividades que si interesan al centro o al entorno.

Dicho de otro modo: no hay ninguna razón para excluir del uso de los centros a los peregrinos, o lo que sean, de la JMJ católica del 18A. Seguramente son chicos y chicas muy civilizados e incluso se portarán mejor que de ordinario. Por otra parte, ¿quién no ha tenido algún arrebato religioso en la adolescencia? Pero la escuela pública, estatal (como cualquier otra institución pública o el Estado), no tiene por qué sufragar, ni en todo ni en parte, la exhibición propagandística y hasta intimidatoria que se prepara. Alquílenseles, pues, las instalaciones públicas, hasta donde sea posible, pero de manera que se cubran no sólo los costes obvios (horas adicionales de conserje, si es el caso, otro personal necesario, energía eléctrica, agua, limpieza) sino también los no tan obvios (el desgaste adicional generalizado de las instalaciones, seguros de riesgo) y, además, un beneficio para los centros. Después de todo, los centros públicos, en particular los madrileños, no están como para renunciar a una oportunidad de lucro, aunque sea moderado.

Teniendo en cuenta, además, que la Iglesia aprovechará la concentración para cargar contra el gobierno de la nación, contra la colección de leyes que le disgustan en particular (aborto, matrimonio homosexual, etc.) y, muy en especial, para clamar y bramar por dinero para sí misma y para la enseñanza privada, por oficializar aún más la asignatura religión en la enseñanza reglada, contra la Educación para la Ciudadanía y todo lo que se le ocurra, no hay ningún motivo para que el gobierno de la nación colabore en ningún sentido con la instrumentalización del patrimonio público ni para que mire hacia otro lado mientras los de la comunidad y la ciudad la propician y la celebran.

Y, por cierto, que se dé instrucciones a conserjes y otros encargados para que adviertan a los posibles huéspedes que no se debe pasear por los centros de la enseñanza pública con consignas a favor de la enseñanza privada, pues sería de muy mal gusto.