Izquerda Unida y el [no] Pacto por la Educación

En el último post, dedicado al PP y e PSOE ante el pacto ducativo, prometí ocuparme próximamente de los demás, y en una tribuna en El País me había referido poco antes al “dogmatiso irreal” de IU, que una de sus dirigentes me pidio al poco, por correo electrónico, que explicara. Vale la pena hacerlo, precisamente por ser ellos.
Su documento básico al respecto, La educación pública, nuestro compromiso, se decía a favor de “un gran acuerdo… cuyos fines primordiales sean la mejora de la calidad de la enseñanza pública y del sistema educativo, la mejora de la formación y condiciones de trabajo de los profesionales de la educación, así como el fomento de la autonomía de los centro educativos y de la participación democrática de todos los sectores de la comunidad escolar.” Esos tres puntos resumen la posición de IU y en ellos me voy centrar, en lo dicho en ese documento y otro posterior al del MEC, Un pacto social por la educación pública.
Autonomía y participación. ¿Alguna palabra sobre reforzar la posición de los padres frente a los profesores, mejorar los proyectos de centro…? No. Lo que IU quiere decir es que los partidos deben limitarse a sancionar un pacto previo entre los agentes sociales: “un acuerdo social, que no debería depender de ningún pacto político previo, sino más bien al contrario.” Suena bien, pero resulta insostenible por antidemocrático y corporativo, además de oportunista. En un Estado democrático, como lo es éste, quien representa a la sociedad en su conjunto es el parlamento, y por tanto los partidos, no los funcionarios y los usuarios de un servicio. Una cosa es que se den mecanismos para que éstos hagan saber sus intereses y aporten su conocimiento sobre el terreno, otra muy distinta entregarles el servicio. ¿Deberían también supeditarse la política de salud a un pacto entre médicos y pacientes, la financiera a un pacto entre bancos –banqueros o bancarios, igual da- e impositores, etc.? La respuesta obvia es que no.
Si IU cree que hay que comenzar por un pacto social, ¿por qué no pone sobre la mesa las cuestiones que enfrentan a profesores y padres: la jornada y el calendario escolares, el peso de unos y otros en los órganos de gobierno, el absentismo laboral o la rendición de cuentas y evaluación de profesores y centros? Por lo demás, las propuestas de profesores y padres en el proceso de debate del pacto ya nos han dado una indicación de lo que daría de sí hoy un pacto social previo: nada; y, si miramos más lejos hacia atrás, peor aún: nada que no sea la imposición de los interesese laborales del profesorado.
La propuesta de IU tiene un motivo mucho más prosaico: eludir mediante un rodeo el hecho simple de que es una fuerza política muy minoritaria (aunque en parte sea por un sistema electoral que le es muy desfavorable) que, por consiguiente, no puede marcar el signo de un pacto de Estado. Tampoco, por cierto, el de un pacto social, pero esto se podría simular asumiendo de forma acrítica las demandas del profesorado, que aunque tengan mucho más de derecha que de izquierda.
Precisamente porque tiene más implantación en las estructuras de la sociedad civil que representacion parlamentaria (y no explicaré ahora que unas no son mejores ni peores que otras, sino distintas, pues si las últimas pecan de alejamiento de los electores las primeras lo hacen de sobrepeso de los activistas); precisamente por eso, IU debería aportar algo en el terreno social del pacto, aparte de predicar su primacía. Pero no lo hace, quizá porque en gran medida sigue cautiva de la ilusión de que los profesores son trabajadores de la enseñanza, poco más que proletarios intelectuales que, por consiguiente, todo lo que pidan es justo, en vez de entender de una vez por todas que, trabajar, trabajan (unos más y otros menos), pero son profesionales todos y funcionarios la mayoría, lo que supone unos cuantos privilegios aunque sigan teniendo problemas, y una posición directamente en conflicto tanto con el público de sus servicios como con la sociedad en su conjunto.
Tiene razón IU, por otra parte, en considerar que el PSOE no parecía dispuesto a un pacto sin el PP, pero ¿de qué otro modo podría alcanzarse un pacto de Estado? ¿Con IU y sin el PP? Eso podría ser una suerte de frente popular o unión de la izquierda de ámbito sectorial, pero no un pacto de Estado. ¿Con los agentes sociales? O bien se niega la condición de tales, por ejemplo, a FERE, CONCAPA, CECE, etc., o será una reedición de lo mismo. ¿Con todos los agentes y sin los partidos? Eso puede podrá ser un éxito de partido o un acuerdo corporativo, pero no un pacto de Estado.
Escuela pública. Aquí resulta todavía más claro que IU habla de otra cosa, no de un pacto de Estado. La escuela privada –concertada o no- supone en España un tercio del total –y así ha sido a lo largo de toda la democracia-, sería elegida por la mitad o más de las familias si la tuvieran a su alcance, es la opción decidida de toda la derecha –no sólo el PP, sino CiU, CC, PNV y otros- y de la mayoría de las familias mejor informadas –no todas- e incluye un indiscutible sector social (fundaciones, patronatos, cooperativas y otros centros singulares). Perorar sobre su improbable supresión en vez de entrar en el debate de cómo y con qué condiciones equipararla como servicio público a la estatal (cómo forzar que acoja a todo tipo de alumnos o cómo imponer la laicidad) es perder el tiempo y hacérselo perder a la ciudadanía; por otra parte, pedir al mismo tiempo que haya más recursos para la pública pero no para la concertada y que se exija a ésta acoger a todos los alumnos es pedir dos cosas contradictorias.
Lo que necesitamos en lugar de esto es propuestas inteligentes que permitan abordar una estrategia a favor de la laicidad y la igualdad sin topar con el muro de la fundada percepción social de la escuela privada como mejor que la pública. En definitiva, mejor secularizar las escuelas hoy confesionales y someter de forma imperativa a todos los centros (incluidos los no concertados) a criterios de reclutamiento sin sesgo de clase, étnico, etc. que insistir en una defensa numantina de la enseñanza estatal, a la que una buena parte de la población percibe, con razón, como una sinecura funcionarial.
Profesorado. Mejorar “la formación y condiciones de trabajo de los profesionales de la educación.” Así dicho, nadie se va a oponer, pero ¿en qué consistiría para IU mejorar la formación? En otro lugar se quejan de que no se fije plazo para el Estatuto de la Función Pública Docente, pero reclaman que la carrera docente no jerarquice, pues eso presentaría el peligro de fragmentar la capacidad de lucha colectiva y sindical. Peligro ¿para quién? ¿Para los sindicatos y su estrategia de café para todos? ¿Para IU y su defensa de los trabajadores de la enseñanza? El verdadero peligro es que, ante un derecho –a la educación y a todo lo que trae consigo- que depende ante todo de una institución, ante una institución –la escolar- cuyo funcionamiento depende ante todo de la actitud de los profesionales, y frente a una profesión –la docente- que va del extremo vocacional al vacacional –de los comprometidos con su trabajo y su función a los que sólo viven esperando la hora, el día y el año de marcharse- no haya una regulación de la carrera docente que distinga, discrimine y jerarquice, alentando a quien lo hace y lo hace bien y disuadiendo a quien no lo hace o lo hace mal. El sistema educativo y la carrera docente deben estructurarse pensando en la mejora y la calidad del servicio (incluidos sus objetivos de igualdad y solidaridad), no en cómo sostener estrategias corporativo-sindicales o de una izquierda necesitada de renovación.