Lecciones de un sabotaje

Como cada navidad, o semana santa, o comienzo de las vacaciones veraniegas, la movilización de un colectivo de trabajadores en posición estratégica provoca el debate. Esta vez, son los controladores, y lo único que la distingue de las anteriores es en que hay un ministro, José Blanco, que se ha puesto enfrente y ha hablado claro, al menos de momento.

Una porción de los lectores recordará el mes de enero de 1981. Para el día 29 del mismo tenía previsto realizar en Mallorca su segundo congreso nacional la Unión de Centro Democrático, el partido de Adolfo Suárez, entonces a mitad de su segundo mandato de gobierno. El día 26 se rompieron las negociaciones en curso entre la Administración y los controladores, y en la madrugada del 28 comenzó una huelga por los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Mallorca, los tres mayores del país y los más relevantes como puntos de origen, paso y destino para los congresistas, que eran también buena parte de las autoridades políticas en ejercicio. Sumaban entonces los controladores menos de un millar y pedían un aumento salarial lineal que supondría hasta un 60% para las categorías básicas y un 45,5% sobre la masa salarial total. No era un momento de salida o retorno vacacional, pero sí la ocasión de impedir la celebración el congreso ucedista o, mejor aún, de secuestrarlo en una isla sin otro medio de acceso equiparable al avión. La situación del gobierno y de su partido era critica ya en muchos aspectos, pero esto fue la puntilla que no sólo entorpeció cualquier posible arreglo (lo que algunos esperaban o exigían del congreso, que debió ser pospuesto una semana) sino que terminó de perfilar el paisaje de caos (lo que otros necesitaban para sus propios objetivos). El día 29 dimitió el presidente Suárez y el 23 del mes siguiente tuvo lugar el asalto armado al Congreso de los Diputados. 

Apenas seis meses después se vivió un episodio de comienzo parecido, pero desenlace diametralmente distinto, no aquí sino en los Estados Unidos. El día 3 de agosto se inició una huelga masiva de controladores, demandando subidas lineales del 20 al 50% según categorías, el paso de la semana de 40 horas en 5 días a la de 32 en 4 días y la jubilación a los 20 años de servicio. Hasta entonces la suya era una historia feliz, como la de los españoles, pero en este caso toparon con la determinación del presidente, deseoso de mostrar la autoridad que buena parte de la sociedad norteamericana anhelaba y de golpear al movimiento sindical en su flanco más impresentable. El presidente y varios jueces federales ordenaron la vuelta al trabajo y, ante la desobediencia, se encarceló a los dirigentes, se multó fuertemente al sindicato (congelando luego su caja de resistencia), se envió cartas de despido a todos los huelguistas conminándoles a reincorporarse y, finalmente, se despidió a 11.359 de los poco más de trece mil que eran. Para ello no hizo falta movilizar a otros tantos controladores militares, sino que bastó con unos dos mil controladores civiles que no secundaron o abandonaron la huelga, unos tres mil supervisores y novecientos militares, además de reordenar los horarios reduciendo a la mitad el trafico en horas punta y cerrar medio centenar de aeropuertos minúsculos. También se triplicó la oferta de formación para el futuro.

Los huelguistas no sólo fueron despedidos, sino incapacitados de por vida para trabajar en los servicios federales (Clinton levantó doce años después esa prohibición) y, su sindicato, ilegalizado. La opinión pública aplaudió masivamente las medidas (y yo, que por lo demás detestaba a Reagan, también) y los controladores aprendieron la lección para el futuro. Dicho sea de paso, ninguna de las catástrofes anunciadas tuvo lugar. Ni se produjeron lluvias de aluminio (eufemismo de los controladores para los accidentes aéreos), ni se colapsó el tráfico, y tres años después el tráfico era un 6% superior pero los controladores un 20% menos numerosos, además de mucho más baratos y disciplinados, sin  problemas reseñables.

Aunque los controladores norteamericanos, como empleados federales, tenían prohibido el recurso a la huelga, PATCO se atrevió a emplearla en 1981 por un exceso de confianza, debido quizá a que otros colectivos ya lo habían hecho y a que el propio sindicato, junto con el de pilotos aéreos y el de camioneros (los  teamsters de Hoffa), había retirado el tradicional apoyo al candidato demócrata, entonces Carter, para dárselo al republicano. No obstante, hasta entonces habían logrado un buen número de conquistas sindicales recurriendo a formas encubiertas de paro, fundamentalmente el sickout, consistente en no presentarse al trabajo alegando inmediatamente antes una enfermedad, una táctica también empleada por los trabajadores de otros servicios públicos como la policía (lo que hizo que se denominara también blue flu, o gripe azul, por el color de su uniforme). Los españoles utilizan la misma táctica no porque la huelga les esté prohibida, sino porque al declararla darían lugar a sanciones económicas y al establecimiento de servicios mínimos, mientras que un amplio catálogo de derechos y garantías les permite hacer lo mismo gratis.

Hace dos decenios u hoy, en el nuevo continente o en éste, el fondo es el mismo: un pequeño colectivo, alejado de la luz pública, con una cualificación simplemente de nivel medio, que obtiene unas condiciones de trabajo envidiables y salarios astronómicos por su posición estratégica en la infraestructura de la sociedad, que le permite extorsionarla sin ambages. A pesar del ocultismo que caracteriza a esta profesión como a otras muchas, los que todavía crean que hay algo parecido a una larga y exigente formación o unas estresantes condiciones de trabajo que justifican cualquier sueldo, pueden acudir a la página del organismo aeroportuario (www.aena.es) o, mucho mejor, a la más informal y más popular entre los controladores Lima Eco (www.limaeco.aero). Allí aprenderán que el único requisito formal es tener una diplomatura o equivalente, pasar una prueba de selección con un temario que puede prepararse en veinte días y un examen de inglés en el que se ponía como referencia un nivel de First Certificate hasta 1996 y Advanced a partir de entonces. Los seleccionados serán becados para asistir quince meses a la academia oficial (SENASA) y contratados otros seis para realizar sus prácticas. Al final, naturalmente, son muchos los llamados pero pocos los elegidos, como sucede con cualquier otro cuerpo envidiable (por ejemplo, los ordenanzas, que trabajan un poco más pero cobran muchísimo menos). Ahí podrán ver también a los aspirantes preguntar por los atractivos de la profesión, fundamentalmente por los horarios y la sala de descanso.

La lección que, al parecer, nos resistimos a aprender es que ser asalariado no sitúa a nadie del lado de la razón, ni mucho menos de la justicia. El pensamiento de la izquierda, ante todo el marxismo, llegó a reducir en tal grado la complejidad y la conflictividad de la sociedad a la relación capital-trabajo, que se incapacitó para reconocer cualquier posible mérito del emprendedor o cualquier eventual demérito del empleado. Eso explica la falta de firmeza de los gobiernos de izquierda, el silencio de los sindicatos e incluso la debilidad de los gobiernos de europeos de la derecha contra estos colectivos extorsionadores disfrazados de sufridos trabajadores. Tuvo que ser el doctrinario pero desinhibido neoliberal Reagan quien les hiciera frente, como en el Reino Unido hubo de ser Thatcher quien cerrara unas minas de carbón imposibles pasando por encima del cadáver del sindicato. Pero la respuesta de Reagan a los controladores (como la de Thatcher a los mineros) fueron mucho más que eso, pues marcaron un antes y un después en las relaciones laborales de la gran potencia. A partir de entonces, despedir se puso de moda, por así decirlo, pues ni los gobernantes querían ni la opinión pública supo siempre distinguir entre unos y otros trabajadores, o entre unos y otros sindicatos. Y es que, si uno no limpia su propia casa otro vendrá a hacerlo, y es posible que éste no sepa o no quiera separar el niño del agua sucia del baño.