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Sociólogo, catedrático en la Universidad Complutense. Buena parte de mi investigación ha estado dedicada a la educación, en particular a las desigualdades escolares, la organización de los centros, la participación social, la profesión docente y la política educativa.
También he trabajado y trabajo sobre desigualdades sociales, sociología de las organizaciones, sociología económica. Ahora me interesan especialmente las redes, la internet y, en general, lo que llamo, para que rime, sociedad o era global, informacional y transformacional (SEGIT).

16 may. 2012

¿Qué enseñanzas deben ser gratuitas y qué otras no? A propósito de las tasas

Los recortes del gobierno español incluyen la subida de las tasas de matrícula universitarias, que del 18% medio actual quire que pasen a cubrir hasta el 40% del mismo, y los del gobierno catalán han incorporado la introducción de tasas de matrícula en los Ciclos Formativos de Grado Superior, que se situarían en torno a los 200€, iniciativa que podría generalizar el gobierno de la nación. Doscientos euros, por supuesto, pueden ser mucho para algunas economías familiares, pero, si hacemos caso al Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, que cifra el gasto medio por alumno en el nivel CINE 5B (en el que se clasifican los CFGS) en 7176€ (para 2008), supondrían el 2,6% del mismo.
Esto ha suscitado las esperables reacciones semiautomáticas en contra, y con escasos matices, pero la pregunta primera es: ¿qué etapas educativas deben ser gratuitas? Y, la segunda: ¿cómo aseguramos la igualdad de oportunidades en las no gratuitas? En este orden, y no en otro.
Gratuitas deben ser las enseñanzas obligatorias y comunes, por universales, que ya lo son, y aquéllas que aspiramos a que sean cursadas por una proporción tal de la población que, en la práctica, significa su casi universalización. En el primer grupo entran las enseñanzas primaria y secundaria obligatoria, hasta los 16 años, aunque cabe recordar que, dada la lamentablemente difundida práctica de la repetición de curso, hasta cuatro de cada diez alumnos prolongan su escolaridad obligatoria uno o dos años más, lo que significa que la sociedad financia su escolarización íntegra hasta los 17 o 18.
En el segundo, la educación infantil desde los 3 años y dos etapas/ramas post-obligatorias: el Bachillerato y la formación profesional media, es decir, los CFGM. La etapa 3-6, porque la sociedad ha llegado a cierto consenso implícito sobre que la infancia, a esas edades, está estupendamente en la escuela, y de hecho la tasa neta de escolarización se acerca al 100%. En cuanto a las primeras etapas postobligatorias, puesto que se asume el objetivo europeo de que el 85% de la población obtenga al menos un titulo secundario post-obligatorio, lo que aquí quiere decir Bachillerato o CFGM, esto implica escolarizar prácticamente al 100%, pues, a poca mortandad académica (abandono sin terminar) que se prevea, difícilmente va a titular un 85% con una matrícula que no se sitúe entre el 90 y el 100% Recuérdese que estas etapas ya no son comunes ni obligatorias, lo que limita el compromiso social de asegurar el éxito de todos con cualquier cantidad de recursos, lo que puede expresarse también diciendo que tienen y deben tener un componente selectivo y meritocrático. Así, pues, las etapas anterior y posterior a la obligatoriedad deben ser gratuitas porque aspiramos a que sean universales (pero no obligatorias, pues debemos respetar el derecho de las familias a hacerse cargo de la educación en esa etapa, y el de los jóvenes a abandonar la escuela a cierta edad, por lo que no cabe suscribir apresuradas propuestas como las que en su día hicieran IU para la etapa infantil y un ministro socialista para llevar la obligatoriedad hasta los 18).
¿Debe ser también gratuita la educación infantil de 0 a 3? Cada vez tenemos mayor evidencia de que los primeros años de vida son decisivos en el desarrollo de la persona, más importantes que los siguientes, porque dejan una huella más duradera. La etapa infantil es, pues, la más importante de todas. Pero educación no siempre quiere decir escolarización. Muchas familias pueden ofrecer a sus hijos un entorno más estimulante que la escuela, sencillamente porque sus adultos tienen igual o mejor formación que los educadores profesionales y porque pueden dedicar más tiempo y esfuerzo a la educación individualizada de sus hijos. Sin embargo, hay familias en condiciones mucho peores, sea porque los padres no tienen un nivel de formación e información suficientes, sea porque no disponen del tiempo necesario, o por ambas cosas, en las que la escuela puede ofrecer un entorno más estable y estimulante para los niños que el hogar, además de liberar a sus padres para el trabajo. En esas familias los niños sólo pueden ganar siendo escolarizados y pueden perder mucho con no serlo. Naturalmente, se puede dejar esta etapa como de pago y recurrir a ayudas sociales para las familias más necesitadas, pero creo que centros y autoridades escolares no están en condiciones de aplicar esa distinción con eficacia y justicia y que una oferta institucional suficiente y una demanda familiar impulsada por la necesidad económica pero contenida por el afecto parental darían como resultado un buen mecanismo de autorregulación.
Cuestión muy distinta son las etapas que van más allá de la obligatoriedad, de la enseñanza común y de los objetivos cuasi universalizadores de la UE, concretamente los estudios superiores, fundamentalmente (por su volumen) la Universidad pero también la formación profesional superior, es decir, los CFGS. En este caso, los jóvenes acuden a una enseñanza de la que esperan extraer ventajas económicas diferenciales y más que proporcionales. Cualquier tasa de matrícula presenta el riesgo de dejar fuera a aquellos que no puedan sufragar ese coste, pero también la ventaja de disuadir en cierto grado a quienes puedan tener solo un interés ínfimo en esos estudios (tan ínfimo como, por ejemplo, el de no incorporarse todavía al empleo). Si tomamos la población de 25-29 años, lo bastante crecida para que la mayoría haya terminado sus estudios reglados y lo bastante joven para que el indicador no se vea distorsionado por la expansión del sistema educativo (es decir, perjudicado por el nivel educativo inferior de las cohortes anteriores) los titulados superiores son apenas un 27% los universitarios y un 11% los no universitarios. En suma, que estamos hablando de cuatro de cada diez personas.
¿Deben diez personas pagar los estudios de cuatro? A fortiori: ¿deben los seis que no siguen estudiando contribuir a pagar los de quienes sí lo hacen? Si estudiar fuese a la larga un sacrificio en aras de la sociedad, la respuesta sería que sí, pero, puesto que es más bien una inversión bastante rentable, la respuesta es no. Seguir estudios superiores es un sacrificio temporal que trae después beneficios muy superiores. Así, mientras que la tasa de desempleo quienes tienen estudios primarios es del 36%, para los titulados superiores no universitarios baja al 25%, para los licenciados al 14% y para los doctores al 3,8% (EPA 20121T); por otra parte, con la edad los ingresos anuales de los trabajadores con titulación superior llegan a ser más del doble que los de quienes sólo tienen la enseñanza primaria o secundaria inferior, y eso sin contar con las condiciones de trabajo, el prestigio asociado, la satisfacción intrínseca, etc.
Por eso las enseñanzas superiores deben ser de pago. La educación superior gratuita es en todo caso socialmente injusta y si, además, alcanza a una minoría cada vez más amplia, pero que sigue siendo minoría, es económicamente insostenible. Lo justo es que quienes se benefician de la educación superior paguen por ella, y que lo hagan de manera específica. Específica quiere decir aquí que no basta con los impuestos generales, pues por éstos se paga en función del nivel de ingresos o de consumo con independencia de que hacer llegar al individuo a ellos haya costado o no a la sociedad una inversión en educación (a igual salario, pagan lo mismo el albañil pluriempleado y el profesor de calendario y horario envidiables).
La segunda cuestión era cómo asegurar la igualdad de oportunidades en las enseñanzas de pago, o de pago parcial, y aquí la respuesta son las becas y los préstamos. Las becas deben ser para todos aquéllos que combinan un alto rendimiento académico con una posición de desventaja social, ambos a determinar. Los préstamos, para los demás que lo soliciten, pero regulados de forma que tenga en cuenta tanto reducir el riesgo financiero para los estudiantes (préstamos públicos, a devolver a partir de cierto nivel de ingresos, etc.) como evitar el despilfarro (exigencia de cierto nivel de rendimiento académico).
La política adecuada, y de izquierda, sería elevar las tasas, aumentar las becas y garantizar el acceso a los préstamos. La política de la derecha es subir las tasas, reducir las becas y dejar los préstamos al mercado. La mera gratuidad o casi gratuidad de la educación superior no es una política de izquierdas, sino de defensa indistinta de sus beneficiarios: por eso moviliza tan rápidamente a éstos y lleva al secuestro del programa de aquélla.