21 sept. 2011

¿Qué educación debe ser gratuita?

La habilidad de Esperanza Aguirre para acaparar los titulares de los medios ha tenido el efecto positivo de lanzar un debate relámpago (lo que no es el mejor tipo de debate, pero al fin y al cabo es un debate, con su parte de reflexión, contraste, diálogo, etc.) sobre la gratuidad de la educación. Me han preguntado al respecto algunos medios, por vía telefónica, y me gustaría dejar claro lo que opino aquí. ¿Qué educación debe ser gratuita?
 LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA, 6-16. La gratuidad de este tramo no necesita mayor explicación. Si fuese obligatorio pero no gratuito sería algo muy parecido a una forma de trabajo infantil servil. Se puede argumentar que no es totalmente gratuita, toda vez que hay algunos gastos que deben afrontar las familias (libros, materiales, comedor, etc.) o que éstas pueden optar por fórmulas, como sucede en la concertada, en las que reciben lo básico de forma gratuita pero pueden pagarse el complemento. Yo creo que debería ser gratuita no sólo la enseñanza sino también algunos recursos y actividades directamente ligados a ella, como los materiales (que, cada vez más serán digitales) y el comedor (lo que facilitaría el aprovechamiento de los centros para otras actividades). En cualquier caso, no hay debate sobre la gratuidad de este tramo en lo esencial.
 LA EDUCACIÓN INFANTIL, 0-6. Análisis estadísticos de la asociación entre escolarización e ingresos y condiciones de empleo en la edad adulta indican que es especialmente fuerte para la etapa infantil. Esto no quiere decir que se trate de una relación estrictamente causal, pero la fuerza de la asociación parece suficiente como para permitirnos afirmar que la inversión en este tramo, más en concreto su generalización como de oferta obligatoria (puestos a disposición todas las familias que los soliciten), es una magnífica forma de inversión en capital humano. Cabe decir que un euro invertido en educación infantil resulta bastante más rentable que invertido en educación universitaria. Añádase a esto que hablamos de las edades en las que las desigualdades sociales, en particular la pobreza, la marginación, la inestabilidad económica y todos los aspectos sociales, culturales y convivenciales asociados a ellas pueden tener una mayor repercusión negativa sobre el desarrollo cognitivo. No significa, sin embargo, que esta etapa deba de ser propiamente obligatoria, pues esto entraría en conflicto con un derecho de las familias que parece muy razonable: el derecho a no escolarizar a sus hijo, al menos, antes de los seis años.
 LA EDUCACIÓN SECUNDARIA POST-OBLIGATORIA, 16-18/19. Este tramo no es ni debe ser obligatorio, pues parece difícil negar a un joven de 16 años o más el derecho a salir de la última institución basada en la conscripción, la escuela. No siendo obligatorio, y no abarcando al 100% de la población, cabría considerar la posibilidad de que tampoco fuera gratuito. Por otro lado, sin embargo, corresponde a lo que consideramos el primer nivel de cualificación propiamente dicho, es decir, el primer nivel que permite a un joven salir al mercado de trabajo con un bagaje y un nivel de conocimiento que representan valor añadido respecto de lo que todo el mundo tiene. Europa proclamó en Lisboa el objetivo de que, en 2010, el 85% de la población joven saliera del sistema educativo con al menos ese nivel, por considerar que sólo un 15% de los empleos podrían ser ocupados por trabajadores menos cualificados, y numerosos países han superado ya ese umbral. España no lo ha alcanzado, pero lo ha asumido como objetivo. En esas circunstancias parece más que razonable plantear que ese nivel debe ser estrictamente gratuito para todos los estudiantes, de cualquier edad, incluida la posibilidad de acumular horizontalmente más de un título o especialidad.
 LA EDUCACIÓN SUPERIOR, 18+. A la Educación superior accede hoy cerca del cuarenta por ciento de la población y llegan a titularse más de cuatro de cada cinco matriculados, lo que significa un saldo de algo más del treinta por ciento de titulados sobre la cohorte, para las más recientes. Los estudiantes de la enseñanza superior puede acudir a instituciones privadas en las que deben pagar el coste de su educación o más, pero la gran mayoría lo hacen a universidades y otras instituciones públicas de educación superior en las que apenas pagan aproximadamente un 15%. Sucede, pues, que el Estado financia en gran medida una educación minoritaria, o que el conjunto de los ciudadanos paga con sus impuestos la educación diferencial de una minoría. Además, sabemos que el retorno de los estudios universitarios es fundamentalmente individual, privado (salarios y otros ingresos que recibirán los titulados), y que aunque hay también un retorno social, público (impuestos que pagarán), éste es muy inferior al individual, en una relación aproximada de uno a cuatro. Y sabemos también que quienes acceden a la Universidad son, desproporcionadamente, los hijos de la clase profesional-directiva y otros grupos aventajados. Tenemos, pues, que el conjunto de la población financia la educación de unos pocos, o que la mayor parte de la población contribuye a financiar unos estudios a los que nunca accederá, o que los matriculados y luego egresados que supieron aumentar su capital humano individual a costa del erario público no van a devolver al mismo lo que recibieron de él. Una solución a considerar sería una amplia política de becas y ayudas, de modo que el origen social no pudiera actuar como filtro para los alumnos de clase más humilde. El problema es que resulta muy probable que la selección y adjudicación de esas becas y ayudas no sea óptima, o sea, que por un lado se otorguen becas a malos estudiantes mientras, por otro lado, muchos buenos estudiantes de quedarían sin el apoyo financier necesario para sus estudios. Además, con el elevado fraude fiscal existente en España hay un amplio colectivo de profesionales que tienen el capital cultural necesario para que sus hijos jueguen con ventaja en el proceso selectivo de la escuela a la vez que logran ocultar su capital económico (o sus ingresos) hasta el punto de parecer como merecedores de las ayudas públicas.
 Aun adelantando que falta una discusión detallada de los matices, creo que sería razonable moverse hacia una política que combinase la subida de tasas, los préstamos públicos a devolver a través de los impuestos una vez plenamente incorporado el beneficiario a la vida activa, becas destinadas a cubrir los costes de oportunidad de los estudiantes de medios más desfavorecidos y criterios de selección y evaluación más equilibrados (lo que en algunos casos quiere decir más estrictos) en la Universidad.