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Sociólogo, catedrático en la Universidad Complutense. Buena parte de mi investigación ha estado dedicada a la educación, en particular a las desigualdades escolares, la organización de los centros, la participación social, la profesión docente y la política educativa.
También he trabajado y trabajo sobre desigualdades sociales, sociología de las organizaciones, sociología económica. Ahora me interesan especialmente las redes, la internet y, en general, lo que llamo, para que rime, sociedad o era global, informacional y transformacional (SEGIT).

20 jun. 2011

Más sobre la "funcionaria en sus funciones"

Sigo la discusión a partir de

Orientadora sancionada, y con toda la razón y

Respuesta a unos comentarios (sobre la orientadora sancionada)

    "Orcasur", todo funcionario público, en la enseñanza o en cualquier otro sector, se ve obligado a hacer (y cobra por hacer) cosas que no son sus preferencias como ciudadano: eso no tiene remedio, y malo sería que lo tuviera. Sólo se me ocurren tres maneras de que un funcionaria actúe siempre de acuerdo con su conciencia, así entendida: 1. que no tenga conciencia; 2. que la cambie cada vez que haga falta, y 3. que, cada vez que un partido gana las elecciones, despida a todos los funcionarios en ejercicio y coloque a los suyos. De los tres, el único serio es el último, que es lo que había antes. En realidad, contra este sistema de cesantías, o spoil system, se creo el funcionariado, un cuerpo de trabajadores del Estado al amparo de los vaivenes políticos.
   Pero el reverso es que el funcionario no puede hacer simplemente lo que quiera, tanto da que ese querer proceda de sus más bajos instintos, sus meros gustos o los más noblesvalores. El régimen funcionarial protege al empleado de los caprichos de sus jefes, pero también debe proteger a la función pública de los caprichos de sus empleados. Y lo mismo: no importa qué se quiera poner en lugar de la palabra capricho. Que las autoridades educativas envíen funcionarios públicos a administrar o supervisar las pruebas CDI en los centros privados o concertados entra dentro de la más absoluta normalidad (si no lo hicieran, me temo que las mismas voces cuestionarían la limpieza de su realización, la fiabilidad de sus resultados, etc.).
    Por lo demás, las pruebas en sí no son ningún instrumento de marginación de los centros, ni de destrucción del sistema educativo... Tienen, simplemente, distintos usos posibles, como las pruebas que los profesores pasan a los alumnos, o la evaluación continua... Cualquier información, cualquier capacidad de decidir, puede ser utilizada de muy distintas maneras, pero no comparto en absoluto el rechazo a las pruebas: al contrario, creo que la peor evaluación (de diagnóstico, de centros, etc.) es mejor que ninguna. La legalidad de las pruebas corresponde decidirla a las administraciones y, si es cuestionada, a los jueces, no a una bienintencionada amiga orientadora, ni a la asamblea de Vallecas, ni a los educadores críticos. Criticarlas es una cosa, pero sentirse por ello autorizado a violar otras normas -incluso las de cortesía- es otra. Sobre las pruebas que se administraban en esos días no puedo decir nada porque ni siquiera las he visto, pero puedes estar casi seguro de hacerlo no cambiaría mi postura respecto del derecho de la administración escolar a pasarlas.
    En realidad, lo que se espera del funcionario es que incorpore a su conciencia profesional
    El ejercicio más sencillo, cuando se plantea una opción de este tipo (obedecer una orden que no se comparte frente a realizar una actuación que puede resultar impropia) es imaginar la situación al revés: por ejemplo, un médico que exhiba en su consulta una camiseta con lemas antiabortistas (cuando la sociedad reconoce el derecho a abortar), un funcionario que presida un tribunal de oposiciones con una camista contra la Educación para la Ciudadanía, etc.
    Benito, estoy en buena medida de acuerdo, pero creo que eso debe abordarse de otra manera. La escuela privada está ahí para quedarse, por lo que creo que sería más útil centrarnos en los distintos aspectos de su regulación (concertada y no concertada) en vez de continuar empeñados en negarla. La demanda, las preferencias de las familias, las comparaciones ciudad-campo, norte-sur, familias con más-menos estudios, más-menos renta, más-menos interés por la educación trabajan, en general, por la escuela privada. Lo que hay que hacer es regularla mejor. Y, desde la pública o estatal, competir haciendo un mejor trabajo. Lo que los educadores que viven en, de y para la escuela pública deben hacer, antes de luchar, es trabajar por ella. Sin lo segundo, de poco vale lo primero.
Saludos a ambos.