Autojustificarse o aprender, la diferencia entre el burócrata y elprofesional

En los días pasados ha saltado en Galicia, concretamente en el CEIP Isaac Peral de El Ferrol, el enésimo caso de praxis docente dañina, esta vez por parte del profesor interino José F.C., acompañado de la enésima muestra de la resistencia de la institución, la profesión y las autoridades a reconocer sus errores e insuficiencias y aprender de ellas. No mala praxis, como dice el piadoso comunicado del centro, sino dañina. Mala praxis es, por ejemplo en la medicina o la abogacía, un desempeño negligente, no lo bastante bueno pudiendo haberlo sido, que produce un daño al paciente o al cliente, pero no una actuaciión de cuya inadecuación no cabe duda ninguna (como angustiar a los niños con historias sobre torturas y asesinatos, obligarlos a acciones serviles e impropias, someterlos a maltrato o incurrir en cierto exhbicionismo, todo lo cual hizo el profesor ahora apartado de su puesto e imputado).

Semejante comportamiento individual no dice absolutamente nada sobre un colectivo. Con 682.781 profesores no universitarios (última cifra, de 2011-2012) es estadísticamente inevitable que todo o casi todo pase alguna vez. Lo preocupante es lo otro, la relación del entorno. El profesor imputado es un caso excepcional, bien lo sabemos, pero su entorno es representativo, podemos decir que escogido por el azar. Y la pregunta es: ¿ha sido su reacción la más adecuada?

En la web del propio CEIP Isaac Peral hay un comunicado que comienza así: "O Consello Escolar do CEIP Isaac Peral avala a xestión realizada pola dirección ante a problemática xudida por un profesor do centro", para luego anunciar que este ha sido susitutido, reina la normalidad, las autoridades se ocuparán, etc.

La pregunta sobre la reacción adecuada puede dividirse en varas: 1) antes de la actuación ahora sancionada, 2) desde la que comienza esa actuación hasta que se conoce, 3) desde que se conoce hasta que se toman medidas y 4) con posterioridad a las medidas. Vamos en orden:

1. Sobre lo primero sabemos ya que el profesor en cuestión había producido problemas un año antes, en otro centro, pero todo se había cerrado con una amonestación. Esperemos que no aparezcan otro caso anterior, y otro, y otro... Lo que no sorprende a nadie, aunque debería, es oir una vez más que antes de esta actuación grave hubo alguna otra pero su rastro se perdió por un cambio de centro. Por desgracia es lo habitual en estos casos por fortuna inhabituales.
2. El segundo problema es que, también como de costumbre, quienes desatan la alarma son los padres, no los profesores. Para ello, como es lógico, han de acumularse unos cuantos testimonios de los niños, que probablemente tardan en decirlo, tal vez no son creídos a la primera, los padres intentan cotejar su información con otros, etc., lo que supone tiempo y más daño. Mientras tanto, los colegas y la dirección no se enteran (podría ser también que se resistieran a enterarse, pero damos por sentado que no se enteran de nada). ¿Por que? Porque el profesor es el dueño absoluto de su aula, porque la dirección no se entromete en lo que hacen los profesores, porque los colegas no se molestan los unos a los otros, porque ni siquiera un interino que acaba de llegar y del que nadie sabe nada (ni sobre posibles prácticas dañinas ni, a fortiori, sobre malas prácticas, ni siquiera sobre prácticas deficientes) es objeto de la más mínima observación. Cada cual a lo suyo.
3. El tercer problema es la actuación de la dirección del centro. Amén de no necesitar esperar a ser informado por los padres, un director debería tener, al menos, la capacidad y la iniciativa, una vez que parece haber indicios suficientes de una práctica dañina, de apartar al implicado de los niños al instante, pero las reglas del gremio piden calma, por lo cual el profesor sigue ahí hasta que se da de baja médica, aunque desde el día siguiente se le pone una profesora de apoyo (si yo hubiera sido padre implicado habría preferido un sustituto o, como poco, un comisario, pero la neolengua no percibe siquiera la ironía de hablar de apoyo en semejante caso). Nótese que el profesor no se presenta al quinto día después de la denuncia (segundo lectivo) porque tiene una baja médica (¿depresión, como siempre?), no porque la dirección ni la inspección se lo impidan. Seguramente es la salida inmediata que le sugieren, pero demuestra una vez más la falta de autoridad en el sistema educativo. Lo mismo cabe decir de la información en la ya citada declaración del Consejo sobre que "a partir de agora serán as autoridades educativas [quiere decir externas al centro] quenes solucionarán o problema", una confesión de impotencia e inhibición por parte de la dirección.
4. El cuarto poblema es qué hacer después. La declaración del Consejo se resume en que la dirección ha actuado bien (se avala), el claustro no se menciona (los claustros siempre están en todo, pero este ahora no existe) y reina la normalidad. Pero, aunque todo esto sea cierto, ¿acaso no ha fallado el colegio en garantizar seguridad, bienestar y una buena educación a esos alumnos? ¿Qué hay que hacer ahora: desvincularse de lo sucedido asegurando que no hubo complicidad ni por acción ni por omisión o aprender de lo sucedido para que no vuelva a suceder?

La actitud responsable, ética y profesional sería, creo, investigar los factores que han llevado a eso para impedir que se repita. Si es lo que exigimos cuando choca un tren o arde una biblioteca, ¿por qué no en la escuela? En el caso del Madrid Arena, por ejemplo, con independencia de quién arrojó una bengala o cuántas entradas de más vendió el propietario, nos interesa tanto o más quienes y cómo autorizaron esa fiesta o dar ese uso a ese local, cómo funcionaban los servicios de apoyo y emergencia, etc. Pero, al parecer, las instituciones, y sobre todo las escuelas, no necesitan ningún control. En realidad hay poco que investigar, pues el resultado es hace tiempo un lugar común presente por doquier en mayor o menor grado: descontrol de las prácticas docentes individuales, inexistencia de mecanismos de acogida para los profesores que llegan, falta de cooperación en los claustros,  direcciones que no dirigen ni se espera que lo hagan...

NIños y familias tienen derecho a esperar no sólo que no haya tales profesores, sino también y sobre todo que, en el improbable caso de haberlos, las autoridades fuera y dentro de los centros sabrán detectarlos antes que nadie y neutralizar su actuación, lo que no ha sido el caso. La cuestión es si pasamos página lo antes posible o intentamos aprender para que no pueda repetirse.