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Sociólogo, catedrático en la Universidad Complutense. Buena parte de mi investigación ha estado dedicada a la educación, en particular a las desigualdades escolares, la organización de los centros, la participación social, la profesión docente y la política educativa.
También he trabajado y trabajo sobre desigualdades sociales, sociología de las organizaciones, sociología económica. Ahora me interesan especialmente las redes, la internet y, en general, lo que llamo, para que rime, sociedad o era global, informacional y transformacional (SEGIT).

21 abr. 2014

Ojo con los que hablan en nuestro nombre

Sobre el punto 6 del Manifiesto La educación que nos une

No aceptamos
La recentralización de las políticas educativas, que provocan: a) Pérdida de democracia en los centros. b) Dificulta la tarea de maestras, maestros y  profesorado, ahora al servicio del dictado de las reválidas y c) Merma a las Comunidades Autónomas de las competencias adquiridas en materia educativa
Proponemos
La devolución de competencias a la comunidad educativa, al profesorado y a las Comunidades Autónomas.

Con esta entrada termino la serie dedicada al manifiesto La educación que nos une o, más exactamente, a por qué no puedo suscribirlo. La verdad es que ya me daba pereza, pero había que cumplir el compromiso. Espero tan solo haber contribuido en algo, si no a recuperar, sí a recordar que la problemática de la educación se presta poco a simplificaciones como la aquí comentada.
En este punto 6 se mezclan tres problemas que tienen un elemento común, la distribución de competencias, pero que son de naturaleza muy distinta. Resumiendo tenemos a) el grado de autonomía de los centros y, en la sombra, la distribución del poder en ellos; b) la cuestión de las reválidas en particular y, más en general, las competencias en la determinación del currículum efectivo y en la evaluación de los alumnos; y c) la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Aunque el manifiesto propone una fórmula aparentemente simple, la devolución de competencias a la comunidad educativa (el centro), el profesorado y las CCAA (los gobiernos regionales), la cosa dista de ser tan simple. El mismo concepto de devolución es confuso, pues puede interpretarse como la demanda de un retorno al estado anterior (anterior a la LOMCE, supongo) o como una demanda de más y más transferencias a favor de los tres ámbitos citados, pues el concepto devolution es común en el debate sobre el reparto de poderes entre los gobiernos nacionales y regionales e incluye cualquier grado de descentralización (aunque supongo que significa simplemente lo primero).
Para empezar resulta irónico que se hable ahora tanto de la comunidad educativa. Esta fue proclamada por la LODE, que le dio expresión en los consejos escolares, y desde entonces ha sido sistemáticamente arrinconada por los claustros, que se arrogan en exclusiva competencias que son compartidas o simplemente no son suyas y filtran todas las decisiones que corresponden a los consejos, actuando con disciplina de voto en ellos y vaciándolos así cualquier poder real. Un debate bastante anterior a la LOMCE es también el de qué competencias debe tener la dirección ante y sobre los profesores, y hay buenos motivos para pensar que direcciones más fuertes serían beneficiosas no sólo para los centros en general sino también para los intereses del alumnado y las familias en particular. El núcleo del servicio educativo es el trabajo del profesorado, por lo que su autogobierno puede ser siempre interesado, es decir, en interés propio y no del público. En este punto, alumnos y padres podrían estar frente a los profesores en situación similar  la de burgueses y siervos frente a la aristocracia, mejor servidos por directores con autoridad o por monarcas absolutos que pudieran ponerles coto. La democracia de los claustros es simplemente una democracia corporativa, que deja fuera al público.
La cuestión de las reválidas dista también de ser unívoca. En abstracto ya es harto discutible que la evaluación del alumnado pueda estar de los seis a los dieciocho años exclusivamente en las manos de sus profesores, sea individual o colectivamente. Y en concreto tenemos la evidencia de que  la mayoría de los profesores españoles suspenden demasiado y obligan a repetir demasiado, así como de que una minoría carece de la eficacia exigible. Por otra parte, el reverso de la autonomía que se reclama para los centros debe ser la rendición de cuentas a la comunidad y a la sociedad, y parte de esta tiene que ser algún mecanismo de evaluación objetiva y externa. No creo que las reválidas, tal como se plantean en la LOMCE y con la política y la ideología que traen consigo, vayan a resolver nada de esto, pero no por ello hay que olvidar, primero, que la rendición de cuentas es un derecho de la comunidad y la sociedad sobre los servicios públicos y sobre sus funcionarios y agentes, y un derecho que debe ser ejercido; segundo, que una evaluación externa podría ser no sólo una vía para suspender más, sino también para suspender menos, sobre todo ante unos cuerpos docentes tan aficionados a ello. Hay, ciertamente, un problema adicional al que se alude de manera indirecta en el apartado b) de lo que el Manifiesto no desea, que es poner la enseñanza al servicio de los exámenes, lo que en los EEUU, tan aficionados al high-stakes testing, llaman teaching to the test, pero no es menos claro que todas las pruebas no son iguales y que lo que aquí se plantea es, sin más, el riesgo de una reacción inadecuada del profesorado ante los tests.
     Por último, he de confesar que no me sorprende la alineación del Manifiesto con la letanía de algunos gobiernos de las CCAA sobre la recentralización, pero también que me parece de una pereza mental extraordinaria. ¿Quiere decir que toda competencia educativa, sin excepción, está mejor en manos de todas y cada una de las CCAA que en manos del gobierno de la nación? Con teorías de esta simplicidad se puede llegar a experto politólogo en dos o tres minutos, pero no prometen mucho. No quiero decir que ya esté todo bien como está, ni que las CCAA deban devolver ahora competencias al Estado, pero sí que quienes no paran de clamar contra el centralismo deberían aclarar si lo hacen en nombre de la búsqueda de algún equilibrio entre las CCAA y el Estado o desde la convicción de que todas las competencias son pocas para las CCAA, y sobre todo para la suya. ¿Es de recibo que cada CA decida, por ejemplo, si participa o no en las pruebas PISA? Se puede debatir la constitucionalidad o la conveniencia de la llamada inmersión lingüística, pero ¿cuándo se transfirió a las CCAA la competencia de excluir de la escuela la lengua común? ¿Es normal que ante cada gobierno central haya varios gobiernos regionales, de signo político contrario, viendo cómo boicotear la actuación del primero? Por otra parte, estamos esperando el día en que las CCAA cedan algunas de sus competencias a los gobiernos locales (a los ayuntamientos o a otro tipo de autoridades educativas locales, por ejemplo distritos escolares), donde yo, al menos, creo que muchas de ellas encontrarían mejor sede.