4 mar. 2011

Ciudadanía: bien hecho, pero mejor sería actuar antes

La ratificación por la Consejería de Educación andaluza de la decisión de un IES que dejó sin título de ESO a dos alumnas cuyas familias habían practicado la "objeción de conciencia" contra la asignatura de Educación para la Ciduadanía y los Derechos Humanos dividirá a la opinión pública como ya ha dividido a los profesores, a los inspectores, a los jueces y a la prensa. Pero es la decisión correcta.
La relación de las familias con la escuela no es la misma que con la lavandería, a la que se acude simplemente para no lavar en casa o porque no se puede hacerlo. La educación no es un servicio que delegan, compran o reciben del Estado, si quieren y hasta donde quieran, los padres. Es un derecho de los hijos, los niños y adolescentes, no de los padres. Y es un derecho de la sociedad: un derecho de la sociedad a que cada nuevo miembro que se incorpora a ella lo haga en condiciones de saber respetar a los demás, tomar parte en las decisiones colectivas y asumir solidariamente derechos y responsabilidades (eso es el estado liberal, democrático y social). Lo diré más claro: yo tengo derecho a que otro se eduque mínimamente, y a exigírselo.
Resulta claro, sin embargo, que buena parte del debate gira y girará sobre por qué tienen que pagar las hijas por una decisión que tomaron los padres. Y aquí es donde me parece que los padres han actuado de forma irresponsable y dañina para sus hijas, y para la sociedad, pero que también ésta (la Administración y las leyes), por omisión, ha fallado. Si los padres deciden, las autoridades juzgan y los hijos pagan, entraremos en un dañino e interminable juego de la gallina, a ver quién aguanta mas a costa de los más débiles, los hijos y alumnos cuyos derechos todos afirman proteger, pues nunca faltarán paleofascistas, meapilas y quién sabe si algún anti-sistema dispuestos a echar el pulso a la sociedad, sea por dogmatismo o por un cuarto de hora de popularidad
Había y hay, en mi opinion, una respuesta más sencilla, más prudente y más contundente: inculpar a  los padres, ya en el primer momento, por la desescolarización parcial de sus hijos. Tal vez si hubieran tenido que pagar alguna multa, soportar algún día de arresto, incurrir en algún tipo de inhabilitación, etc., por atentar contra los derechos fundamentales de otros (sus hijos), con los agravantes de abuso de confianza, negación del derecho de alimentos (en la jerga jurídica: de los bienes básicos), dejación del deber parental, etc., se lo habrían pensado dos veces.
(En alguna ocasión, aunque con reservas, he defendido el derecho a la educación en casa -home schooling-, pero con una serie de garantías de que se tratara de una educacion suficiente y de calidad,  no sectaria y favoreciendo la integración social de los afectados. En este caso se incumplirían todos los requisitos.)