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Sociólogo, catedrático en la Universidad Complutense. Buena parte de mi investigación ha estado dedicada a la educación, en particular a las desigualdades escolares, la organización de los centros, la participación social, la profesión docente y la política educativa.
También he trabajado y trabajo sobre desigualdades sociales, sociología de las organizaciones, sociología económica. Ahora me interesan especialmente las redes, la internet y, en general, lo que llamo, para que rime, sociedad o era global, informacional y transformacional (SEGIT).

15 dic. 2007

La legislación vigente

La legislación vigente

En un pueblo de Granada de cuyo nombre no me quiero acordar (no para esto) una maestra interina ha alarmado a alumnos y padres con una sucesión de manifestaciones xenófobas hacia otras regiones, despectivas hacia los niños, agresivas hacia otros colegas, etc., hasta que han decidido no volver mientras no se vaya. Nada nuevo: extraño sería que, entre tres cuartos de millón de profesores, no surgiera algún caso así o peor. Pero el problema no es el caso, sino todo lo que le rodea. Para empezar, no es la primera vez que provoca problemas de este tipo, sino que ya lo había hecho en otro centro y otra localidad pero fue enviada a éstos, como lo será de nuevo a otros y así, en lo que tarda en saltar un nuevo incidente, acumulará derechos laborales.  La docente, al parecer, es una cabreada de manual: considera que el sistema educativo está en estado  catastrófico, tiene denunciado  al director por conculcar sus derechos, etc. La Consejería ha “resuelto” el caso enviándola a biblioteca y asignando otra docente, pues su función es “velar por dar las mejores soluciones al alumnado” a la vez que “proteger los derechos de los trabajadores” (la interina tiene derechos mientras que los alumnos conscriptos necesitan soluciones: ¿no será al revés?)

Un  sindicato, como no podía ser menos, ha denunciado el linchamiento público alegando que existen “un procedimiento y unos cauces legales” y que “el trámite administrativo tiene sus plazos”, y “lamenta que los padres y madres sean quienes quieran determinar si un docente es o no apto.” ¡Qué gran propuesta!: un mes para abrir el expediente, otro para recurrir, otro para resolver el recurso, otro para… y todo ello después de las inútiles solicitudes de los padres ante la Dirección y la Inspección y de aquélla ante éstas. Al amigo todo, al enemigo ni agua y, al indiferente, la legislación vigente, reza un viejo refrán español.  Todo alumno tiene derecho a un curso infernal mientras el profesor incompetente o irresponsable agota los plazos legales. ¿Serán éstos los mismos que piden métodos disciplinarios más expeditivos sobre los alumnos? Sin duda: es lo que sucede cuando se invierten medios y fines, lo que Merton calificó un día de ritualismo burocrático.