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Sociólogo, catedrático en la Universidad Complutense. Buena parte de mi investigación ha estado dedicada a la educación, en particular a las desigualdades escolares, la organización de los centros, la participación social, la profesión docente y la política educativa.
También he trabajado y trabajo sobre desigualdades sociales, sociología de las organizaciones, sociología económica. Ahora me interesan especialmente las redes, la internet y, en general, lo que llamo, para que rime, sociedad o era global, informacional y transformacional (SEGIT).

2 nov. 2007

Radicalismo intelectual e intereses profesionales

Vivimos con naturalidad el hecho de que no sólo los intelectuales, sino también el conjunto de los docentes, sean notablemente más críticos con la sociedad, en particular con la economía, que el resto de los ciudadanos. Dondequiera que se reúne un grupo de profesores, de cualquier nivel que sean, y tanto más si lo hacen como tales (por ejemplo en un claustro, en una asociación profesional, en un encuentro de trabajo o en un sindicato), es más que probable que oigamos opiniones contrarias, si es que no encendidas soflamas, contra la globalización, el neoliberalismo, la burocracia o la jerarquización, por no citar sino los tópicos más manidos. Estos males de nuestro tiempo no son sólo criticados como causantes de distintos problemas sociales, en particular económicos, sino también y sobre todo como las grandes amenazas que se ciernen sobre el sistema educativo en su calidad de servicio público, sobre el derecho a la educación como conquista igualitaria y democrática, sobre las culturas autóctonas y sobre la profesión docente como bastión de todos ellos.

El pseudoradicalismo intelectual y docente es incoherente en términos lógicos o morales, pero consistente en términos prácticos, ya que legitima unos intereses particulares presentándolos como intereses generales, universalistas, o incluso ajenos, altruistas, velando su carácter de tales no sólo ante la sociedad, cuyo apoyo reclama, sino incluso ante sus protagonistas, a quienes permite ser universalistas, igualitarios y morales en lo que no les afecta a la vez que egoístas, antiigualitarios e inmorales en lo que sí sin siquiera darse cuenta. Buena parte de la retórica radical de la intelectualidad y del profesorado puede y debe explicarse como un fenómeno de incongruencia de status. Se radicalizan porque creen sinceramente que la sociedad valora demasiado aquellos recursos sociales que ellos no tienen (propiedad, que no tienen ninguna, o autoridad, es decir, un diferencial de poder sobre los medios de producción o sobre el trabajo social, de lo que tienen poco) y demasiado poco lo que sí tienen o creen tener (cualificación, es decir, un diferencial de control sobre el conocimiento, de lo que tienen más). Abominan del capital económico y social que no tienen pero veneran el capital cultural, que sí. De ahí las eternas quejas sobre la falta de reconocimiento, la necesidad de dignificar la profesión, el escaso interés de la sociedad por la cultura o por la educación y otras cantinelas similares, eufemismos con los que se evitar pedir expresamente aumentos salariales y reducciones horarias (de eso se ocupan los sindicatos).

El radicalismo en la crítica a las ventajas de otros grupos, o a sus bases materiales, combina bien con la demanda de ventajas para uno mismo por el obvio, aunque no sencillo, procedimiento de identificar los intereses propios como generales. Nada más fácil, ciertamente, que hacer pasar las necesidades del sistema educativo como las de la sociedad en general y los intereses del profesorado como los intereses del sistema educativo (o los intereses de artistas e intelectuales como necesidades de la cultura y éstas como necesidades sociales).

Quizá lo más útil en esta tergiversación haya sido la adopción de la retórica sindical en un contexto que no le era propio. Es otra paradoja de nuestro tiempo, al menos en los países mediterráneos, que los sindicatos, que nacieron en la industria privada, pervivan hoy ante todo en los servicios públicos. Al mismo tiempo, la idea de que todo lo que se haga para mejorar la situación de un trabajador manual está justificado no ha servido de mucho a éstos, zarandeados por el mercado, pero sí a los funcionarios, que adoptando la retórica sindical (el trabajador, a pesar de sus condiciones ventajosas, frente al empleador, a pesar de su lejanía y su impotencia) se han visto eximidos de justificar la oportunidad o la justicia de sus reivindicaciones.

Hasta aquí, solo se trata de una concreción particular de un fenómeno más general: todos tendemos a creer que se aprecian poco las virtudes que poseemos y demasiado las que no. Es más: la escala de los valores, o al menos la oficial, suele ser determinada por los intelectuales, lo que explica, por ejemplo, que la inteligencia sin belleza pueda ser proclamada una gran cosa y la belleza sin inteligencia una gran desgracia, a pesar de que el común de los mortales parece buscar lo contrario. Pero el problema no reside en otro grupo social más viendo la sociedad bajo su propio prisma, sino en que esta visión distorsionada parece imperar precisamente cuando entramos en la era de la información y del conocimiento y el grupo más proclive a dejarse llevar por ella es su principal beneficiario y el que más puede influir en la visión de los otros.

El problema de poder mejor resuelto por la historia ha sido el de la autoridad, y la solución hallada, con todas sus imperfecciones, ha sido la democracia, o más exactamente la combinación de libertad individual y democracia colectiva (de derechos civiles y políticos). El problema de la propiedad ha sido peor resuelto, pues el mercado, a la vez que abre oportunidades formales a todos se desenvuelve en una distribución altamente desigual de los resultados reales, por lo cual ha tenido que ser la democracia la que viniera a corregir sus efectos asegurando a todos unos mínimos medios de vida (los derechos sociales). De hecho, gran parte del siglo XX podría verse como una permanente tensión entre capitalismo y democracia, no sólo en cuanto opciones excluyentes (capitalismo y comunismo) sino tanto o más como escenarios alternativos pero coexistentes y a menudo complementarios (mercado y estado, o sector privado y sector público, en las naciones occidentales). Lo que no está tan claro, en contra del saber heredado, es que el principal problema de la democracia sean la propiedad y no la cualificación, el capital económico y no el cultural, la burguesía y no las profesiones, el capitalismo y no la división del trabajo. Piénsese, por ejemplo, en los  Estados Unidos, el país donde más se ha desarrollado la democracia y más fuerza han cobrado tanto el capital económico como los principales grupos profesionales: ¿estaríamos en condiciones de asegurar que la vida ordinaria de la gente ordinaria se ve más influida por el gobierno o las empresas que por el inmenso poder de las profesiones médica y legal, que han hecho que la probabilidad de conservar la vida y la salud o la libertad y la propiedad varíe en función del poder de compra?

Lejos  de ser la salvación, las profesiones se están constituyendo como uno de los principales problemas de la democracia. No por su capacidad de desarrollar y aplicar un conocimiento más o menos complejo, sino por su comprensible inclinación a convertirlo en privilegios. Entre todas ellas, los intelectuales y los docentes seguramente no son los más peligrosos, pero su capacidad de mistificar su propia situación sí que puede resultar especialmente costosa para la sociedad, ya que se basa en la mistificación más amplia de la forma de poder emergente propia de la era del conocimiento: la cualificación. En todo caso, el intelectual debería ser más consciente de que también está hecho de carne y hueso y de que no sólo tiene valores, sino también intereses, y no confundir unos y otros. Debería, como ya aconsejaron los siete sabios griegos, conocerse mejor a sí mismo.