30 dic. 2006

La institución escolar y las virtudes públicas

         Si lo público es la esfera de la convivencia más allá de las relaciones inmediatas del parentesco, las virtudes públicas serán aquellas que posibilitan y facilitan el funcionamiento de la esfera pública. La pregunta sobre las virtudes públicas puede descomponerse, entonces, en el contexto determinado por las particulares características del orador y de su audiencia, en dos: 1) cuáles son los principios que hacen posible la convivencia, y 2) cómo educar en el respeto a estos principios.

         La idea que quiero defender en primer lugar es que estos principios son tres, extremadamente sencillos en su enunciado básico: la vida, la libertad y la igualdad. Mirados en un plano más abstracto podemos decir que se refieren a la relación de cada uno consigo mismo (la vida, o la absoluta soberanía sobre la propia vida), con los demás (la libertad, entendida en un amplio sentido que comprende la democracia, o la participación como iguales en la regulación de la convivencia) y con nuestro entorno (la igualdad no política, o sea, la igualdad de oportunidades y la igualdad en el acceso a los recursos, o la contención de las desigualdades dentro de límites económicamente funcionales y moralmente aceptables).

         La propuesta siguiente es que estos principios deben colocarse en lo que Rawls llama un orden lexicográfico y consecutivo. Rawls se refiere a las relaciones entre la libertad y la igualdad, pero creo que estos dos principios deben ser encabezados por un tercero, en realidad primero, que es el respeto a la vida. “Lexicográfico”, adjetivo metafórico con origen en la organización de los diccionarios, significa que esos principios son inconmensurables entre sí, aunque cada cada uno de ellos pueda conocer concreciones diversas. El primer principio tiene carácter absoluto respecto del segundo, y el segundo respecto del tercero (y, por transitividad, el primero respecto del tercero, claro está). Esto significa que no se puede cuestionar la vida en nombre de la libertad o de la democracia (ni mucho menos, por si no se me ha entendido todavía, de la autodeterminación o la soberanía nacional), ni la libertad o la democracia en nombre de la igualdad (ni mucho menos, ahora que ya se me habrá entendido, en nombre de las “justas reivindicaciones” o las “legítimas aspiraciones” de tal o cual individuo o colectivo).

          Hasta cierto punto, estos tres principios se aplican a cualquier ámbito de convivencia, incluido el más elemental de todos ellos, la familia. Ya en esta se respetan dentro de ciertos límites la vida (el límite son los malos tratos, antaño el derecho de vida o muerte), unos derechos elementales básicos iguales (por ejemplo, al cobijo, la alimentación, el apoyo, etc., con su límite en las divisorias y relaciones de dominación entre géneros y entre generaciones) y un acceso relativamente igualitario a los recursos escasos (al consumo). La cuestión es trasladar a, o producir ex novo en, la esfera pública estos principios, porque la familia se basta a sí misma para ello, pero la sociedad política no. La prueba de ello es la frecuente combinación de fuertes deberes familiares, de una sólida aceptación moral de estos deberes, con el más absoluto desentendimiento de los deberes públicos e incluso la consideración de lo público como un entorno a depredar, del cual forman parte no sólo las cosas sino también el resto de las personas. Es el caso del llamado “familismo amoral”, tan espectacular en contextos variados como el campo siciliano, la mafia, los clanes gitanos tradicionales, etc.

         La escuela es precisamente la primera institución “pública” (cualquiera que sea su titularidad) a la que el niño accede, y una de sus funciones es librarlo de la visión particularista del mundo y de sus relaciones con los demás propia de la familia y llevarlo a aceptar una visión universalista, no condicionada por los vínculos afectivos personales. En parte esto sucede por sí mismo, por el mero hecho de que la institución escolar es una institución secundaria, en la que los papeles se despegan poco a poco de la personalidad concreta de sus ocupantes y las decisiones personales dejan espacio a las normas objetivas.

Pero universalismo no significa necesariamente respeto a la vida, libertad ni igualdad. Para ello hace falta algo más, y ahí es donde estriba la dificultad. Por un lado, la escuela cuenta con el punto de partida favorable que es la vigencia de esos valores, o de sus versiones particularistas, en la esfera familiar. Por otro, sin embargo, es preciso tomar conciencia de la pertinencia de todas y cada una de las rutinas escolares de cara a la educación en valores. Es posible, por supuesto, que las escuelas enseñen el odio, la intolerancia o el egoísmo, pero único probable, o simplemente lo claramente factible, es que su organización o sus prácticas contradigan a su discurso; o, simplemente, que no estén a la altura de las circunstancias, lo cual, como decía Juan de Mairena, es mucho más difícil que estar au dessus de la melée.