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Sociólogo, catedrático en la Universidad Complutense. Buena parte de mi investigación ha estado dedicada a la educación, en particular a las desigualdades escolares, la organización de los centros, la participación social, la profesión docente y la política educativa.
También he trabajado y trabajo sobre desigualdades sociales, sociología de las organizaciones, sociología económica. Ahora me interesan especialmente las redes, la internet y, en general, lo que llamo, para que rime, sociedad o era global, informacional y transformacional (SEGIT).

14 jun. 2005

PREJUBILACIONES ALOCADAS

La escolarización se prolonga, el desempleo de larga duración se solidifica (se concentra en las mismas personas), la esperanza de vida se alarga y, al Ministerio de Administraciones Públicas no se le ocurre otra cosa que lanzar una oferta de prejubilaciones para los funcionarios entre 58 y 64 años. Es verdad que esa posibilidad existe en muchas empresas del sector privado, pero no lo es menos que se trata de una barbaridad. Vivimos cada vez más y trabajamos cada vez menos. O, para ser exactos, trabajamos más horas al año durante menos años. Si todo lo que se le ocurre al ministro para flexibilizar y movilizar la Administración central es una Ley Azaña civil ("no es un problema de tamaño sino de reordenar edades, cualificaciones y la ubicación geográfica", parece que ha dicho), apañados estamos. De las jubilaciones se usó y se abusó en los procesos de reconversión industrial, se acogieron muchos trabajadores a ellas pensando simplemente que era una manera fácil de saltar al trabajo por cuenta propia, se viciaron los sindicatos que vieron en ellas una forma sencilla (pedestre, diría yo) de repartir el trabajo. El resultado es que, en vez de abordar el problema de la capacidad de nuestra estructura económica para movilizar el trabajo y crear riqueza (por qué no se genera más empleo habiendo brazos disponibles), nos dedicamos simplemente a discutir quién abandonará antes la actividad económica. Pero, a la larga, eso sólo disminuye la productividad de la nación (la riqueza producida por habitante)y eleva la tasa de dependencia (la población dependiente dividida por la población activa), y el sector público debería ser el último en optar por esa senda.